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El 17 de noviembre, desde la vereda de La Toma (Suárez, Cauca), 70 mujeres comenzaron a caminar hacia Bogotá, ataviadas con turbantes que hacían explícita su afrodescendencia.
Marcharon para exigirle al Gobierno que avance en la titulación colectiva de sus tierras, estancada desde hace años, y cumpla con los requerimientos de la Sentencia T1045A, mediante la cual la Corte Constitucional ampara los territorios ancestrales que los antepasados de las comunidades negras de esa región crearon a comienzos del siglo XVII. Los magistrados de esa corte les dieron la razón a los señores Yair Ortiz y Francia Márquez, del Consejo Comunitario del corregimiento de La Toma, quienes instauraron una tutela contra los ministerios del Interior, Minas y Medio Ambiente debido a que la licencia que le otorgaron al señor Héctor Sarria, para sacar oro en esa vereda, no fue objeto de consulta previa, libre e informada. A partir de ese caso, la sentencia incluye todos los proyectos de explotación aurífera que se planteen para esos y otros pueblos afros. Exige que a esos sujetos colectivos no los traten como “simple sumatoria de individuos” y que se les respeten los derechos a la territorialidad ancestral, a la preservación ambiental y a la identidad histórico-cultural que contemplan la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, del cual nuestro país es signatario.
La protesta de las marchantes es por la permisividad del Estado frente a las exigencias de la Corte. No sólo les ha otorgado concesiones mineras a la Anglo Gold Ashanti, Cosio Resources y Aglo America, sino que no ha impedido el ingreso de decenas de retroexcavadoras ilegales. El 27 de noviembre, 17 de las “enturbantadas” se tomaron la casa de La Giralda, aspirando a que el Ejecutivo derogara las concesiones porque los peticionarios no les hicieron la consulta previa a los respectivos consejos comunitarios. También se proponían urgir que la quema y destrucción de las retroexcavadoras no consistiera en el medio básico del cual se vale el Gobierno para su control, sino que las incautara a favor de las comunidades afectadas.
Hasta las 3 a.m., del 1° de diciembre, la viceministra del Interior no había aceptado derogar las concesiones, alegando que se habían otorgado antes de diciembre de 2010, cuando la Corte había expedido la Sentencia T1045A. Una nueva ronda de conversaciones estaba planeada para las 2 de la tarde del mismo 1°, después de la cual habrá un pronunciamiento de quienes lideraron la protesta.
Mientras tanto, desde la cercana Casa Afro, las mujeres que no ingresaron a La Giralda les seguían los pasos a las negociaciones. Ellas enfrentarán los retos que implica el retorno, pese a que no quieren ser objeto de la persecución que ha sufrido la señora Francia Márquez, luego de que instaurara la tutela ya mencionada. Ella tuvo que salir de Suárez en octubre de 2014. Con sus hijos, está escondida y sin protección, destino que podría esperarles a otras activistas, considerando el apoyo armado que tiene la minería ilegal.
Al lado izquierdo de la salida de Casa Afro hay un altar con una vela blanca, un florero de margaritones verdes y amarillos, un vaso de ron, otros de agua, dulces y manzanas. Por los colores, pregunté si invocaban al oricha Orula. Una de las manifestantes agregó: “Y a los antepasados, para que iluminen a las compañeras que están en La Giralda”. Pensé que también para que a todas ellas ellos las protejan de los violentos, que se sienten con derechos a despojarlas de territorios que para ellos importa poco que sean ancestrales.