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El presidente Duque ha sido negligente ante la pandemia que ha hecho estragos en la salud de los colombianos. Un estudio comparativo de Bloomberg sobre 53 países sitúa a Colombia en el puesto 50, apenas superado en la región por Argentina (51) y Brasil (53). Chile ocupó el puesto 34, muy por encima, y ha vacunado al 37 % de su población, contra un 4,3 % en Colombia.
En economía el Gobierno también ha mostrado gran desidia. Por ejemplo, los títulos de la deuda colombiana se transan como si fueran bonos basura y el peso se está devaluando. Si no se quiere perder el grado de inversión, hay que dar una señal seria de que se aprobará una reforma tributaria que grave a los más ricos.
Duque preside un Gobierno ensimismado e incompetente para hacer frente a las angustias y necesidades de la población. Colombia es el primer país latinoamericano que intenta contener la deuda con recursos tributarios futuros, que pueden ser progresivos o regresivos.
La reforma tributaria propuesta afectaba cruelmente el consumo básico, clavaba los servicios públicos y el transporte de las personas arruinadas por el aumento del desempleo y las restricciones a la actividad económica. Al mismo tiempo, el Gobierno mantenía la feria de privilegios para los hoteles (un IVA del 6 % y no del 19 % a servicios de lujo), los restaurantes (8 %) y las empresas en zonas francas (el 15 % de renta en vez del 31 %). Insistía en que las megainversiones y las actividades de economía naranja se mantuvieran exentas del impuesto a la renta por muchos años y que el Estado asumiera el impuesto de industria y comercio de las empresas.
Ante esas injustas medidas, no debe sorprender la ira colectiva que se vio en el reciente paro cívico, cuya consigna central era enterrar la reforma tributaria. Cientos de miles de personas salieron a protestar en tono pacífico y festivo, en todas las ciudades y en cientos de municipios, pese a la “prohibición” de la movilización por una despistada magistrada del Tribunal de Cundinamarca.
Mientras la gente marchaba en las calles, el presidente celebraba en recinto cerrado el primer aniversario del ingreso del país a la OCDE, que ni siquiera ha servido para que adoptemos el esquema tributario progresista que caracteriza a ese grupo de países. Los gobiernos latinoamericanos recaudan en promedio el 35 % del PIB, un 8 % del cual proviene de las personas ricas, mientras que en Colombia solo pagan el 1 %. Nuestro Gobierno central recauda un miserable 14 % del PIB, los gobiernos municipales y departamentales sólo recaudan un 5 %.
Agobiado por la protesta ciudadana y por la “súplica angustiosa” del presidente eterno, Duque se echó para atrás y retiró su reforma. Carrasquilla pasó de agache: envió al viceministro a poner la cara, quien, abrumado, dijo que el Ministerio de Hacienda estaría dispuesto a bajar el recaudo de $23 billones a $18 o $20 billones, que revisaría la tarifa del impuesto a la gasolina y las tarifas de renta de las personas naturales. Y también, que mantendría exentos los productos de la canasta familiar y retiraría el IVA a los servicios públicos.
El fracaso de la deleznable propuesta tributaria debe tener consecuencias. La más obvia es nombrar un ministro de Hacienda que logre la aprobación de una reforma justa y progresiva. A funcionarios desacreditados como Carrasquilla los gringos los llaman “patos cojos”.
Nota del director: Esta columna fue editada de una versión inicial y de la que apareció en la versión impresa para cambiar la escogencia de la palabra “autista” para significar alguien “encerrado en su mundo, alejado de la realidad”, que si bien es aceptado por la Real Academia de la Lengua resulta irrespetuoso con las personas que tienen esa condición.