La paz total y definitiva

La histórica transformación que vive nuestro país desde finales de 2016 abrió el camino para lograr la paz total, que implica la solución global y simultánea de los siguientes problemas en los próximos años: i) la implementación integral del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las Farc-EP; ii) el reinicio de las conversaciones de paz entre el Estado y el Eln, que concluya en un acuerdo de paz; iii) la reincorporación de los grupos disidentes de los anteriores procesos de paz, el sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares, de las llamadas bandas criminales y de todo grupo de violencia residual.

Con relación al primer punto, el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz es una obligación constitucional del Estado colombiano, pero también un derecho y un deber de la ciudadanía. El actual Gobierno no ha querido asumir el carácter integral de esa tarea, y por lo tanto la realización de las reformas sociales necesarias para la consolidación de la paz debe hacerse también de la mano de las autoridades e instituciones locales, a través de agendas regionales de implementación, ejecutando los contenidos de los planes de desarrollo con enfoque territorial, con la participación activa de las organizaciones sociales y comunitarias, de los empresarios y de las agencias de cooperación internacional. La ciudadanía tiene que movilizarse para lograr que el Congreso de la República continúe la implementación normativa del Acuerdo, que los tribunales garanticen el derecho fundamental a la paz a través de las acciones previstas por la Constitución y que se proteja la vida de los principales sujetos de esos cambios, que son las personas que ejercen liderazgos sociales en los territorios y que hoy están siendo asesinadas. Precisamente dos iniciativas del movimiento Defendamos la Paz van en ese sentido: la movilización del próximo 26 de julio para la protección de la vida de las y los líderes sociales en todo el país, y la recolección de un millón de firmas para hacer realidad las 16 circunscripciones especiales de paz, que den acceso directo a las víctimas de zonas de conflicto armado a la Cámara de Representantes.

Con relación a los diálogos suspendidos entre el Gobierno y el Eln, es necesario reafirmar que es posible el fin de este conflicto armado mediante un acuerdo. Así lo demuestra el hecho de que entre 2014 y 2018 el Gobierno y la delegación de esa guerrilla pactaron una agenda de conversaciones, lograron avanzar en el primer punto de la agenda, consagrado a garantizar la participación social y ciudadana en el proceso, y además acordaron acciones humanitarias en los departamentos de Chocó y Nariño. Como se sabe, nunca antes en la historia de los esfuerzos de paz con el Eln se había llegado tan cerca de un entendimiento para poner fin a la confrontación. Por esta razón, buscar el depósito en instancias internacionales de esos acuerdos y avances —como lo hemos propuesto con el exconstituyente Álvaro Leyva— puede contribuir a que, reiniciadas las conversaciones, se avance con prontitud a sellar el acuerdo de paz, y a que desde ya se cumplan los compromisos humanitarios parciales.

Sobre el tercer punto, cabe recordar que el llamado Clan del Golfo es una disidencia —la más numerosa que existe hoy en el país— de la desmovilización parcial de las estructuras paramilitares, llevada a cabo por los gobiernos Álvaro Uribe, y que en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos se buscó el sometimiento a la justicia de miles de sus integrantes, intento que se frustró en las últimas semanas de esa administración. El éxito de tales acercamientos habría ahorrado al país muchas vidas, entre las que se cuentan las de cientos de líderes sociales. Un nuevo proceso de sometimiento a la justicia debe tomar en cuenta que existen poderosas fuerzas que se oponen a esa desmovilización desde las redes del narcotráfico y sus alianzas con sectores de las instituciones legales.

El gran pensador italiano de la política y del derecho Norberto Bobbio dijo hace más de medio siglo que el gran tema de nuestra época es la no violencia. En Colombia, desde los albores de nuestra vida republicana hemos tratado de alcanzar el ideal de la paz total, cuyo programa es el único que puede garantizar las condiciones para que seamos una sociedad realmente democrática. La consecución de esa ambiciosa meta requiere de un gran consenso nacional de todas las fuerzas políticas y sociales. Espero que logremos construirlo lo antes posible.