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Frente a la actual discusión sobre el sistema de corrupción en la altas esferas de la justicia colombiana, siendo el caso del exfiscal “anticorrupción” (¡sic!) Gustavo Moreno el más visible y patético, por lo menos desde una perspectiva extranjera, la importancia del proceso de selección de los magistrados para la JEP y así también el papel del Comité de Escogencia no pueden ser sobreestimados.
Afortunadamente, hasta ahora, la transparencia del proceso —manifiesta en el cumplimiento de un estricto cronograma publicado en la página web del Comité— es ejemplar y la composición del Comité y su independencia justifican la esperanza de que realmente los mejores juristas entre los postulados serán elegidos y nombrados en algunas semanas.
Si bien los criterios para la selección de los juristas extranjeros (como los llamados amici curiae) parecen ser demasiado orientados a requisitos para juristas nacionales (exigiendo la producción de documentos, por ejemplo, de certificados de docencia, que no son comunes en países como Alemania o Inglaterra), se puede tener confianza en que los funcionarios del Comité o los propios comisionados tienen la suficiente experiencia internacional para poder evaluar adecuadamente la calidad de los postulados internacionales.
De todos modos, lo que importa aquí, en el contexto del futuro de la justicia en Colombia en general, es que la responsabilidad del Comité – y de la ya operativa Secretaría de la JEP – va mucho más allá de la selección de los mejores candidatos para el Tribunal de Paz y las diferentes Salas.
De hecho, aquí se trata del establecimiento de un sistema de justicia autónomo y paralelo que podría, si funciona bien, representar una verdadera alternativa seria y no corrupta al sistema de la justicia ordinaria actual. Esperemos entonces que el Comité y la JEP en general se pueda salvar de la llamada mermelada que tanto daño ha hecho al poder judicial.
* Investigador invitado de la Universidad de Oxford (Reino Unido), es catedrático de derecho penal, derecho procesal penal, derecho comparado y derecho penal internacional en la Facultad de Derecho de la Georg-August-Universität Göttingen (GAU), Alemania; Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la GAU y Magistrado del Tribunal Especial para el Kosovo. El autor agradece a John Zuluaga (CEDPAL/Universidad Sergio Arboleda) por sus valiosos comentarios.