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En 2019, se cumplen 30 años de la web y se celebra que la mitad de la humanidad está en línea. Mientras que la radio o la TV eran medios que iban de pocos a muchos, la internet se construyó como una herramienta que permite a cualquiera directamente ofrecer y buscar información. Ahora bien, frente a la euforia inicial con el potencial de internet, ya sabemos que su poder también se usa para el mal y termina amplificando violencias o siendo útil para manipular democracias, por ejemplo.
En este panorama general, Colombia está en el promedio, aunque en otras mediciones puede irle incluso peor. En todo caso, aunque ya conectamos a la mitad de las personas, sabemos que la desconexión de la otra mitad genera asimetrías importantes.
En el punto que estamos, cerrar la brecha digital es un imperativo para buscar equidad social, oportunidades económicas, participación democrática, etcétera. Es trabajar para allanar la cancha para poblaciones vulnerables y obliga a los gobiernos a pensar con claridad en sus diseños de políticas públicas.
Uno de los grandes problemas en Colombia al momento de abordar políticas públicas en materia de brecha digital consiste en el diagnóstico. Por ejemplo, el Ministerio TIC hizo una encuesta para ver el acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres en Colombia. Esta encuesta se dirigió a 3.500 mujeres, pero solo el 20% eran mujeres rurales y pertenecientes a poblaciones vulnerables. Coincidencialmente, la encuesta muestra que 19% de las mujeres no tienen acceso a Internet. En 2017, en Karisma habíamos participado de una encuesta en la que se miraba el acceso, uso y apropiación de TIC por mujeres en centros urbanos pobres de diferentes países, entre ellos, Colombia. Allí vimos que una gran mayoría de estas mujeres estaban conectadas.
Si cruzamos estos dos datos, podemos concluir que, con cara de mujer, la brecha de conectividad en el país es grave. Sin embargo, la Ley TIC no aborda este problema. Los propios datos nos muestran que para promover el desarrollo y equidad sociales en el país es también muy importante superar la brecha digital de género.
Para hacer esto, es necesario tener perspectiva de género, es decir analizar cómo actuar para privilegiar un efecto en ese sentido. Sin embargo, el Gobierno no aborda este tema; hay un gran vacío en el proyecto de esta norma, aunque el diagnóstico existe.
El vacío se agrava si pensamos que el otro silencio es que el Gobierno eligió no incluir con todas sus letras, a las redes comunitarias en la Ley TIC. Tampoco las recoge como uno de los elementos a desarrollar en su Plan Nacional de Desarrollo. Si se menciona algo es en referencia a programas sociales del Estado. Cómo esto no es suficiente es algo que dejaré pendiente para otro día.
De acuerdo con Isoc una red comunitaria es “la infraestructura de telecomunicaciones implementada y operada por un grupo local con el fin de satisfacer sus propias necesidades de comunicación. Son el producto de personas que trabajan mancomunadamente, combinan sus recursos, organizan sus esfuerzos y se juntan para achicar la brecha de conectividad y cultural”. Estas redes son la respuesta de la propia comunidad a sus necesidades de conectividad. Por eso, apostar a un modelo de conectividad que incluya y favorezca a las redes comunitarias es una forma de integrar una perspectiva de género. Lo es porque a este nivel es más factible que las mujeres más afectadas por la brecha digital se hagan oír y puedan participar en el diseño de su modelo de conectividad.
El gobierno debe replantear su modelo de conectividad de la Ley TIC, pues, aunque insiste en que su eje es la mitad de la población desconectada, la reconoce como beneficiaria pasiva, sin agencia.
Estoy convencida de que la apuesta debe incluir la inversión privada como prioridad, pero no creo que el modelo pueda girar exclusivamente en torno a las grandes empresas. Se equivocan cuando no reconocen a estos otros actores y piensan que su sitio no es la ley. Se equivocan al no apostar por las iniciativas de las propias comunidades
Atención no se trata de privilegiar un tipo de tecnología. Si las empresas privadas son las promotoras de la conectividad para cerrar la brecha digital y por eso requieren de seguridad jurídica y apoyo para inversión en el sector, con mayor razón lo necesitan las redes. Usando la misma lógica ¿por qué se les niega reconocimiento, seguridad jurídica y claridad en el acceso a recursos a las redes comunitarias? En ambos casos estamos hablando de actores que luego son los que despliegan la tecnología que se les antoje.
Que las redes comunitarias pueden impactar mejor poblaciones concretas se debe a que trabajan por sus propios intereses y pueden poner en primera línea las necesidades de las poblaciones vulnerables como las mujeres rurales e indígenas que hoy están fuera.