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Desde el inicio de la pandemia generada por la enfermedad COVID-19, las universidades públicas del país, desde el Sistema Universitario Estatal (SUE), hemos puesto toda nuestra capacidad científica, técnica, tecnológica y humana para responder a la crisis y de esta manera apoyar la lucha contra la propagación del virus. Desde el principio, también manifestamos nuestro compromiso con las autoridades sanitarias y de educación para contener la diseminación del virus respiratorio a partir de la promoción de medidas de cuidado individual y colectivo, manteniendo las universidades en funcionamiento e implementando diversas estrategias para que nuestros estudiantes pudieran continuar con sus procesos formativos, desde sus casas, garantizando su integridad y la de sus familias.
En esa dirección, adoptamos medidas de trabajo remoto y concluimos el primer semestre del 2020 a partir de actividades académicas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), propiciando el cumplimiento de nuestras tareas misionales.
Desde el inicio de la emergencia, también advertimos al Gobierno Nacional, y a los ministerios de Educación y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la necesidad de adelantar de manera oportuna las gestiones suficientes para movilizar los recursos requeridos que permitieran atender las necesidades de datos, internet y equipos de cómputo de los estudiantes de las universidades públicas que se han visto particularmente afectados a causa de la pandemia. No obstante, estos requerimientos, en gran parte, han tenido que ser atendidos y suplidos desde cada una de las instituciones y comunidades universitarias de manera solidaria, pese a las dificultades financieras que enfrentan los estudiantes y sus familias.
En esa misma dirección, estudiantes, profesores, trabajadores y egresados hemos venido planteando en diversos escenarios la necesidad de una matrícula cero para la totalidad de los estudiantes de nuestras comunidades universitarias para el segundo semestre del año, pues los contextos y las realidades presentadas en la actualidad por la pandemia dejan a muchos desamparados, sin medios de subsistencia y, en muchos casos, sin recursos para cubrir, aunque subsidiados, los valores de las matrículas.
Producto de los diferentes pronunciamientos y movilizaciones, el Gobierno Nacional creó el Fondo Solidario para la Educación durante la emergencia, con el que buscó apalancar recursos para mitigar la extensión de los efectos de la crisis en el sector educativo, entre ellos, auxilios económicos para el pago de la matrícula de jóvenes en condición de vulnerabilidad en instituciones de educación superior pública. Si bien estos recursos han sido importantes para avanzar en la matrícula cero del 2020-2 en las universidades públicas del país, no son suficientes para garantizarla como una medida que cubra al 100% de la población estudiantil; las instituciones han tenido que acudir a entes distritales, municipales y departamentales para ampliar el beneficio o, como en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, movilizar recursos propios para tal fin.
En el caso de la Universidad Pedagógica convocamos la participación y la posibilidad de aunar esfuerzos desde los entes gubernamentales locales, pero no fue posible. Es por eso que, como hemos divulgado en diferentes medios de comunicación, la UPN el pasado 13 de agosto dio un paso histórico, sin precedentes, para avanzar hacia la matrícula cero de 2020-2, de cara al inminente riesgo de deserción de nuestros estudiantes. La Universidad creó un plan de auxilio de matrícula de pregrado para cubrir el 100 % de las matrículas de los estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2, y el 50% de los que pertenecen a los estratos 3, 4, y 5, además del saldo de 342 estudiantes que no pudieron pagar sus matrículas en 2020-1. Este plan tiene un costo total de $3.834 millones, el cual reúne los aportes de la nación por $1.710 millones y $2.122 millones provenientes de recursos de la universidad, posibles a partir de la incorporación de derechos de asesoría y la liquidación de convenios interadministrativos de 2019, rendimientos financieros, reducciones en nuestro plan de compras, plan de pagos de pasivos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y recuperación de gastos administrativos. Esto constituye un esfuerzo novedoso e irrepetible para las condiciones financieras de la Universidad en el 2021, pero que busca garantizar que nuestros estudiantes puedan continuar con su formación académica y profesional a pesar de las dificultades.
Entendemos que en tiempos inéditos se deben tomar medidas inéditas, es por eso que una vez más realizamos como institución un llamado al Gobierno Nacional para hacer los esfuerzos necesarios y movilizar los recursos suficientes que permitan que nuestros estudiantes y los de todas las instituciones públicas de educación superior puedan continuar con sus estudios en los próximos semestres, ya que, como vemos, la recuperación económica será lenta, los niveles de desempleo en el país se han disparado cerca del 21, 4 % conforme a las cifras del DANE para el mes de mayo, y cada vez son más los estudiantes que requieren apoyo mientras se minimiza la capacidad financiera de las universidades.
En suma, ponemos también de manifiesto la necesidad de continuar trabajado en la generación de cambios estructurales en el modelo de financiación de la educación superior pública del país, que continúa siendo la raíz y la causa de la crisis estructural que vivimos actualmente las instituciones y que ha sido agudizada a causa de la pandemia.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
@LeoMartinezUPN