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Frente a la movilización de un gran número de organizaciones y personas por un gran pliego de peticiones, Duque se rehúsa a negociar y va tirando caramelos para ver si algunas de ellas se engolosinan. Intenta disfrazar su regresiva reforma tributaria bajo el manto de un “timonazo social”, cuya bandera insignia es la devolución del IVA a los hogares más vulnerables, en montos de $70.000 bimensuales por cada miembro de familia.
Es extraño que se hable de devolución de impuestos al 20 % de las familias más pobres cuando consumen pocos artículos tasados con el IVA, que recae sobre los alimentos procesados y artículos del hogar, y no es cobrado en el sector informal donde mercan estas familias. El Ministerio de Hacienda calcula el costo de la medida en $2,2 billones, repartido, digamos, entre nueve millones de personas, comparado con los $9 billones que se les devuelven a unas 10.000 empresas en la misma reforma.
Se anuncia que el IVA se va a reducir del nivel actual de 19 % al 18 % el año entrante y al 17 % en 2021. Esto es jugar de nuevo con un desfinanciamiento del presupuesto, cuando se mantienen las exenciones para los más ricos. También se reduce gradualmente el aporte a la salud de las pensiones bajas (que son casi todas las del régimen privado), que hoy pesa 12 % del magro ingreso de las personas mayores que tienen suerte en haber obtenido algo de pensión.
La perla del proyecto consiste en los tres días al año en que no se cobrará el IVA, lo cual beneficiará a las personas que tienen capacidad de ahorro y se pueden esperar a que se les descuente el IVA de los artículos que decida el Congreso en su sabiduría y generosidad. Según Leopoldo Fergusson, “es populismo puro: costoso, erosiona la cultura tributaria, reduce el recaudo y encima no beneficia a los más pobres”.
Las demandas de los organizadores de la movilización no son solo económicas: cumplir con el Acuerdo de Paz y proteger la vida de dirigentes indígenas y afros, como también la de los desmovilizados; garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión, y, muy importante, cumplir el pacto contra la corrupción del cual renegó Duque. Las económicas incluyen la generación de empleo, especialmente para los jóvenes, una cuarta parte de los cuales está desempleada; ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad del sistema en todos sus niveles; curar la calidad de la salud que ofrece el sistema y diseñar un régimen pensional justo que aumente la cobertura y garantice condiciones dignas a los pensionados.
Según la exposición de motivos, la reforma de Carrasquilla busca balancear el Presupuesto General de la Nación, aumentar el crecimiento económico, avanzar en progresividad tributaria, simplificar el sistema y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Lo que va a producir es un aumento del déficit fiscal que deberá ser cubierto con endeudamiento adicional, no tiene por qué aumentar el crecimiento, sigue siendo regresiva al devolverles impuestos a los más ricos y pone en riesgo la sostenibilidad del país en el mediano plazo. Se trata de una poderosa bomba fiscal que debe estallar en dos años.
La única forma de comenzar a satisfacer las demandas de la movilización de tantos sectores es con un aumento sustancial de los impuestos. Es lo contrario de lo que buscan el Centro Democrático y el presidente Duque con esta reforma tributaria a la que se le untó tardíamente un tris de mantequilla social.