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El domingo anterior publiqué una columna sobre las licencias que Álvaro Uribe Vélez, como director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, les otorgó a famosos narcotraficantes del Cartel de Medellín.
El senador respondió formalmente con una carta de su oficina de prensa que no aclara mucho sobre las acusaciones especificas y se dedica a establecer lo que ha hecho en general para combatir el narcotráfico.
Ambiguo.
Ahora bien, los escándalos de Uribe en la Aerocivil no tuvieron que ver únicamente con la mafia. No. Esta es una historia de un oscuro contrato que el joven director otorgó a dedo durante su administración. Así es la historia.
El 11 de agosto de 1981, Uribe Vélez firmó un contrato a un año para una “consultoría para el estudio de sistemas y procedimientos administrativos contables y estadísticos”.
La empresa contratada para esta labor fue una firma llamada Compañía Colombiana de Asesores, Colasesores Ltda, y el valor del contrato fue por la no despreciable suma de $43.627.743, unos 4.600 millones de pesos en dinero de hoy. (Ver IPC)
Un contratico jugoso.
Ahora bien, varios pasos de la firma de este contrato fueron irregulares y llenos de triquiñuelas elaboradas por el director de la Aerocivil. Vamos por partes. La firma Colasesores Ltda, representada por el señor Gustavo Torres García, se encontraba embargada por el Banco Real de Colombia en el momento de perfeccionar el contrato.
Pese a eso, el 30 de diciembre de 1980, seis meses antes de la firma del contrato, la Aerocivil, en un tiempo récord de un día, expidió un certificado de disponibilidad por el valor de $20.764.750, unos $2.200 millones de pesos de hoy, con el “fin de atender el estudio de sistemas y procedimientos administrativos, contables y estadísticos”. (Ver Disponibilidad 185)
Gracias a eso el 28 de julio de 1981 el juzgado Catorce Civil del Circuito decretó el levantamiento del embargo de Colasesores, y 13 días más tarde se firmó el contrato con la Aerocivil.
Pero sigamos porque se va poniendo mejor.
Una carta del 3 de marzo de 1981, tres meses antes del contrato, dirigida a Uribe Vélez, establece que “con el mejor ánimo de colaborar en la pronta ejecución del estudio encargado a Colasesores por parte de la Aerocivil (…) se recomienda no manifestar al DANE que ya está seleccionada la firma, sino el hecho de que va a celebrarse contrato con una firma particular y que se tiene el visto bueno y la financiación del Banco Mundial”. La comunicación fue firmada por el señor Horacio Moscoso Alvarado, jefe de la División de Almacén de la Aerocivil. (Ver Carta 041)
Lo mejor de ese documento, fuera de mencionar que iba a ser financiado por el Banco Mundial, es que Uribe Vélez se lo envía al director jurídico de la entidad y amigo personal, Hernando Herrera, poniéndole una notica de su puño y letra que reza “Dr. Herrera, le ruego considerar esto para el contrato”. (Ver Nota con firma de Uribe Vélez)
Y se consideró. Con elementos tan sorprendentes como un rubro para viáticos de $5.760.000, unos $620 millones de pesos en la actualidad, o un presupuesto para pasajes terrestres entre aeropuertos de $920.000, unos 100 millones de pesos hoy en día, y la bobada de $1.789.600 para pasajes aéreos, es decir, $192 millones de pesos actuales.
No para ahí. El contrato designó un sueldo de $2.310 pesos semanales para un Auxiliar B, no determinado, durante 1.360 semanas, es decir más de 26 años, para un total de $3.141.600, o $338 millones de pesos actuales.
¿Cómo un contrato a un año asignó un salario a 26 años? Solo el expresidente Uribe lo puede responder.
Pero volvamos a la mención del Banco Mundial. Aunque el director de planeación de la Aerocivil de ese momento, César Villegas, manifestó que el contrato era una obligación por haber sido financiado por el Banco Mundial, esta entidad envió una carta estableciendo claramente que el estudio debía “ser financiado con recursos o fondos provenientes del Fonade o del FAN, Fondo Aeronáutico Nacional”.
Eso no detuvo a Uribe Vélez para su propósito.
La Aerocivil le solicitó al Fonade el crédito por los $43 millones de pesos, pero el fondo rechazó la financiación por considerarlo muy costoso. Según el fondo, “el inventario, una parte importante del contrato, podía ser realizado por el mismo personal de la Aerocivil y no se justificaba contratar con particulares”.
Colasesores y la Aerocivil acordaron entonces, temporalmente, excluir el inventario físico y la opción de contrato se redujo de 43 a 18 millones de pesos. Ahora bien, Fonade pidió una garantía a la Aerocivil para el crédito, y esta entidad ofreció, nada más y nada menos, que el radar del tablazo como garantía, que en caso de remate público debía tomarse por el valor de adquisición de un millón de dólares de la época.
Para rematar, Colasesores, con animo de mostrar apellidos para este contrato, se presentó como firma asociada a “Asesores Jurídicos y Económicos Ltda”, cuyo representante legal era el señor Aníbal Fernández de Soto Valderrama, un personaje famoso por haber sido alcalde de Bogotá entre 1973 y 1974, designado por el presidente Misael Pastrana.
El señor Fernández de Soto, tiempo después, le negó al periodista Nelson Sánchez Abaúnza, quien escribió una documentada crónica en Cromos sobre este tema, que tuviera relación alguna con Colasesores o alguna relación con la Aerocivil. (Ver Cromos 4 de enero de 1983)
A pesar de toda la reducción en el valor del contrato exigido por el Fonade, la entidad canceló la opción de crédito por considerar que había irregularidades en el contrato y, finalmente, el 11 de agosto de 1981, la Aerocivil firmó el contrato 3403 por la suma original de $43 millones de pesos. (Ver Fonade)
Acá viene lo mejor. Seis días luego de suscribir el contrato, el 17 de agosto, Uribe Vélez le dirigió una carta a la doctora Carmenza Arana de Ramírez, en Presidencia de la República, solicitando “muy atentamente la autorización para la celebración del contrato de Consultoría para el Estudio de Sistemas y Procedimientos Administrativos que se suscribirá con la firma Compañía Colombiana de Asesores” (Ver Carta agosto 17 1981)
Uribe Vélez, con su mejor estilo, pidió permiso para hacer lo que ya había hecho.
El 2 de septiembre de 1981, la doctora Arana de Ramírez dio un concepto favorable para la celebración del contrato, sin enterarse que el director Uribe Vélez, básicamente, se los había pasado por la faja. Todo esto causó una indagación de la Procuraduría, ya que los $43 millones de pesos se perdieron, pero como todas las investigaciones en contra del hoy senador, esta tampoco llegó a ningún lado. (Ver Se embolataron $43 millones)
De esas licencias que se da el expresidente Uribe Vélez de, muchas veces, actuar por encima de la ley.