En respuesta al editorial del 27 de septiembre de 2024 titulado “No, el presidente Petro no busca una dictadura fiscal”.
Como lo he hecho durante toda mi vida, he leído el editorial de El Espectador, siempre crítico, incentivando el debate y, por supuesto, formando a la opinión pública. Siempre he sido un defensor del debate y de la libertad de prensa, y por tanto entiendo que, dentro de los términos del respeto, es posible dialogar sobre lo que estamos o no de acuerdo.
Frente al editorial del 27 de septiembre donde me mencionan, me permito hacer algunas aclaraciones sobre el uso del término “dictadura fiscal” y sobre la manera en que el Gobierno está manejando temas trascendentales para nuestro país.
El término “dictadura fiscal” no es una crítica ligera ni vacía. Se emplea en la jerga económica para describir cuando el Ejecutivo impone un presupuesto sin la aprobación del Legislativo, ignorando el mandato democrático de representación. Este concepto no nace con mi pronunciamiento; se ha usado antes y encaja con precisión en este contexto.
Es cierto que el Gobierno tiene la facultad de aprobar el Presupuesto General de la Nación por decreto si el Congreso no lo aprueba. Sin embargo, esta acción, aunque constitucional, deja un mensaje que nunca será deseable, especialmente cuando el propio Gobierno no quiso ceder en sus pretensiones. Esto sin contar que la constitucionalidad se pondrá en duda cuando, por Decreto, se incluya un déficit de $12 billones, que se pretende cubrir con una nueva Ley de Financiamiento.
El Congreso actuó con responsabilidad al rechazar el presupuesto de $523 billones, pues no podemos ignorar el déficit proyectado que, según algunas estimaciones, podría alcanzar los $40 billones. Esto era una razón suficiente para que el Gobierno reconsiderara su propuesta. Sin embargo, optó por insistir en la misma cifra sin hacer ajustes ni escuchar las advertencias de expertos, sacrificando el diálogo.
La gravedad de las acciones gubernamentales va más allá. El Gobierno no solo insiste en modificar la Regla Fiscal en su nueva Ley de Financiamiento, sino que recortó un 77 % al presupuesto de la Registraduría Nacional y un 54 % al del CNE, lo que pone en riesgo tanto nuestra sostenibilidad financiera como la autonomía de nuestras autoridades electorales. Estamos hablando de herramientas esenciales para nuestra democracia; no es momento de callar ante estas acciones.
En últimas, es preocupante el talante con el que este Gobierno enfrenta la crítica y la diferencia. Castigar al Congreso negándole su participación en la construcción del presupuesto es peligroso. En lugar de imponer, el Gobierno debe escuchar las voces de millones de colombianos que exigen responsabilidad y transparencia.
Tengan la certeza de que siempre encontrarán en mí a un aliado de la crítica constructiva. Agradezco que mis palabras estén al servicio del escrutinio público, pues solo así podremos fortalecer el debate. Sin embargo, creo que la gravedad de lo que estamos presenciando requiere de mayor alarma. Seguiré alzando mi voz en contra de lo que considero un atropello y una afrenta directa a la construcción de un país más democrático.
* Senador de la República.