En respuesta al editorial del 29 de septiembre de 2024, titulado “Vuelve al ruedo la tentación de revivir la reelección”.
Saludo la apertura de espacios para el sano debate, la oportunidad de disentir en las ideas políticas desde los argumentos, sin abrogarse la razón ni pregonar la existencia de verdades absolutas; y, en virtud de ello, expondré mis argumentos en contra del editorial publicado por El Espectador bajo el título de “Vuelve al ruedo la tentación de revivir la reelección”.
No existe ninguna evidencia de que la consagración de la reelección de gobernantes degrade el sistema democrático con vicios como el caudillismo y el abuso de poder. A manera de ejemplo, el Índice de Democracia (Democracy Index) 2023, publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU), ubica en sus primeros lugares a Finlandia e Islandia, dos de los países con tradición reeleccionista.
Tampoco es cierto que nuestra constitución política tenga un diseño especial que no la admita. La Corte Constitucional ha señalado de manera expresa que autorizar la reelección presidencial consecutiva por una sola vez “no sustituye la Constitución de 1991 por una opuesta o integralmente diferente” (C-1040/05); situación bien diferente a lo sucedido con la posterior reforma que pretendió ampliar la posibilidad de Uribe a tres periodos, donde efectivamente el alto tribunal intervino en defensa de la carta política, y la justicia tuvo que enfrentar los medios criminales de los que se valieron sus agentes para la pretendida captura del Estado. Al final, quedó en evidencia el hecho irrefutable de que con la reelección autorizada no se había roto el equilibrio de poderes.
La posibilidad de renovar el apoyo a un buen gobernante, bajo reglas y límites claros como se está proponiendo, constituye en realidad una ampliación del poder del electorado, un fortalecimiento de su derecho al voto; recurso que ha resultado muy útil en aquellos casos en que se requiere consolidar una política de mediano plazo, como sucedió en el gobierno Santos con el acuerdo de paz.
Si están en marcha programas de alta valoración social, como el desarrollo rural, la superación del extractivismo, la transición energética y el fortalecimiento de la autoridad étnica, y los avances en su implementación se han visto obstaculizados por una élite dedicada a entorpecer o desmontar cualquier cambio, acudiendo a prácticas de bloqueo y ataque frontal, y a un permanente hostigamiento que se traduce en intentos golpistas como el que hoy se protagoniza a través del CNE, ¿cómo no aspirar a que nuestro presidente pueda seguir adelante para materializar estos cambios que tanto anhelamos y por los cuales votamos?
En este mismo momento, circulan en el Congreso varios proyectos de reforma constitucional que apuntan a cambiar las reglas del sistema electoral, y en sus más de treinta años de vida, nuestra carta magna se ha enfrentado a más de medio centenar de enmiendas. Entonces, ¿por qué la propuesta de cambiar una regla para permitir la reelección del presidente y los mandatarios territoriales termina satanizada?
Tal vez sea la idea de que la constitución es inmodificable, pero también cabe la posibilidad de que haga parte de la estrategia para evitar que Petro lleve a cabo sus grandes cambios, con lo que la derecha quedaría despojada de su discurso de odio y miedo con el que nos ha gobernado por más de dos siglos.
*Senadora del Pacto Histórico.