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En respuesta al editorial del 15 de noviembre de 2024, titulado “Falta mayor claridad sobre los gestores de paz”.
Si alguien en este país ha conseguido ser destinatario de las buenas intenciones del Gobierno Nacional, pero también de acciones concretas de reconocimiento, han sido precisamente los abusadores de niños. Con diferentes acciones y desde diversos ministerios se han generado polémicas iniciativas que terminan favoreciendo a los violadores y asesinos de niños. Unas han logrado concretarse, como la reciente designación del paramilitar Hernán Giraldo Serna, violador serial de niñas en el departamento del Magdalena, como gestor de paz del Gobierno; otras, como la iniciativa de rebaja de penas para violadores de niños impulsada por la ministra de Justicia, tuvo que ser retirada dada la generalizada presión ciudadana y la incoherencia e insensibilidad que entrañaba frente a las víctimas de los atroces crímenes.
En honor a la verdad, la hora feliz de los depredadores de niños en Colombia no inició en el gobierno de Gustavo Petro: Juan Manuel Santos y su proceso de paz se encargaron de acostumbrar al país al libreto de abusadores premiados e impunes y niños olvidados y revictimizados.
Por la paz de Santos, que hoy se siente como un préstamo gota a gota (te dan algo insignificante por lo que tienes que seguir pagando altos intereses por el resto de la vida), los colombianos y principalmente los niños siguen pagando un precio demasiado alto: una paz que no llegó pero que sí nos dejó tres FARC a cambio de una. Los depredadores de las FARC fueron premiados con voz y voto en el legislativo, con la potestad de reformar el código de infancia y adolescencia, decidir sobre propuestas de rebajas de penas para los violadores, diseñar las leyes que nos regirán en un futuro y seguir tan campantes hablando de justicia social, ética y moralidad. ¡Vaya exabrupto!
Lo que ha pasado y en la actualidad pasa en nuestro país con los niños es aberrante. La tesis de “la política por encima de los niños” o “los niños comodín” ha tenido su edad dorada en los dos gobiernos anteriormente mencionados. Solo basta recordar las respuestas del ministro del Interior del gobierno Santos, Juan Fernando Cristo, a la preocupación nacional por la prolongación del cautiverio de cientos de niños durante el proceso de paz con las FARC: “Sin duda alguna, las FARC han venido incumpliendo el compromiso de devolver los menores, pero de ninguna manera se puede frenar el proyecto de la JEP o alguna otra iniciativa, porque necesitamos implementar rápidamente el Acuerdo”. Que los niños esperen y continúen sufriendo; primero la política, parecía ser el mensaje.
El autodenominado gobierno progresista del presidente Petro parece hoy más un gobierno regresivo en la protección y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La distinción que se hace al infame violador serial de la sierra nevada, Hernán Giraldo, es otro acto presidencial profundamente irrespetuoso y agresivo con los cientos de niñas víctimas de este criminal y con toda la sociedad colombiana, hastiada de tanta impunidad. La única diferencia que hay entre los crímenes cometidos por los guerrilleros y los paramilitares es la generosidad e impunidad que han disfrutado los primeros y la plausible justicia aplicada a los segundos, extraditados y retornados a penitenciarías de nuestro país.
En las negociaciones de paz, los presidentes Santos y Petro parecen haber olvidado el articulo 44 de la constitución política de Colombia: “El derecho prevalente de los niños”, ese derecho que debería impedir al gobernante de turno investir de poder, reconocimiento social y acceso ilimitado a medios de comunicación masiva a los depredadores sexuales de niños y niñas. Los gobiernos no pueden continuar, so pretexto de conseguir la paz, transformando el más infame prontuario criminal en una virtud para ser negociador de paz. La batalla por la protección de los niños no puede gravitar de manera exclusiva en el ámbito político que tan poca sensibilidad ha demostrado a lo largo de la historia por remediar las tragedias diarias que viven los niños en campos y ciudades, hoy más que nunca se requiere una sociedad civil atenta y crítica, que exija que los niños en Colombia dejen de ser utilizados como comodines de negociación política, en la moneda de cambio que garantice oropeles presidenciales.
* Oficial General de la reserva activa Policía Nacional de Colombia.