La vaca por Antioquia es improvisación del gobierno departamental

En respuesta al editorial del 26 de marzo de 2024, titulado “La vaca de la discordia en Antioquia”.

Antes de entrar en un tema regionalista, es principalmente un problema de programación del gasto y planeación. De planeación porque, como lo mostró un detallado informe de La Silla Vacía, enseñando proyecto a proyecto, muchas obras —viaductos, puentes, intercambios viales y túneles— fueron omitidas de los sucesivos paquetes aprobados, desde las Autopistas de la Montaña de Uribe, pasando por Autopistas de la Prosperidad en la era Santos, hasta la denominación de las 4G con Duque. Algunas obras ni tienen estudios suficientes para presupuestarlas adecuadamente.

En segundo lugar, la programación del gasto ya se podía ver desde que fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, hace casi un año. Este Gobierno claramente tiene sus prioridades en otras regiones, como las costas Caribe y Pacífica. Por ejemplo, los más de $2 billones que se invertirán en la restauración ecológica de La Mojana. Para las 4G en Antioquia hay dinero asignado, pero en vigencias presupuestales posteriores. Es complicado pedir que las grandes y sucesivas omisiones de gobiernos pasados ahora tengan que ser inmediatamente remediadas.

El gobierno departamental conocía la trayectoria de los proyectos y sus carencias de financiación. Ha debido prepararse de manera diferente a esperar recursos de la nación. El departamento puede cobrar valorización, que por demás es un tributo altamente técnico que explico al final. Eso también es planeación, saber responder ante un escenario conocido o previsto. Al aprobarse el PND está el plan de inversiones para sus cuatro años. Pero luego los comentaristas se quejan de tocar el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Así, lo de la administración departamental fue improvisar. ¿Cómo más llamar a una propuesta que se sacó Uribe de su sombrero aguadeño? Ahí no hubo los estudios técnicos, financieros, ambientales, socioeconómicos ni prediales que requiere una contribución por valorización. Lo que me extraña de un editorialista tan avezado es que diga que es un éxito recoger menos del 0,5 % de la meta de la dichosa vaca. Finalmente, sí fue tan improvisada que la tuvieron que cancelar para “blindarla”, como si no hubieran contemplado la posibilidad de fraudes o delitos mediante aquella. Si fuera Petro, se la cobran toda por improvisador.

Contrario a lo que dice el editorial, cobrar una valorización tiene todo el sentido. Es un gravamen especial cuyo hecho generador es el beneficio que aporta un proyecto que puede consistir en obra, plan o conjunto de obras de interés público a los inmuebles en su zona de influencia. El beneficio se tiene que demostrar, en el caso de la valorización nacional bajo algunos de los seis métodos contemplados en el Decreto 1255 de 2022. Nunca el beneficio efectivamente cobrado puede ser mayor al costo del proyecto. Además, se cuantifica la capacidad de pago “considerando la estratificación socioeconómica, la clasificación del suelo, el destino económico, la capacidad productiva de los terrenos rurales o el valor de los inmuebles sujetos a la contribución” y el pago en dinero se puede diferir a 20 años.

*Especialista en Derecho Urbanístico, Universidad de Antioquia.

En respuesta al editorial del 26 de marzo de 2024, titulado “La vaca de la discordia en Antioquia”.

Antes de entrar en un tema regionalista, es principalmente un problema de programación del gasto y planeación. De planeación porque, como lo mostró un detallado informe de La Silla Vacía, enseñando proyecto a proyecto, muchas obras —viaductos, puentes, intercambios viales y túneles— fueron omitidas de los sucesivos paquetes aprobados, desde las Autopistas de la Montaña de Uribe, pasando por Autopistas de la Prosperidad en la era Santos, hasta la denominación de las 4G con Duque. Algunas obras ni tienen estudios suficientes para presupuestarlas adecuadamente.

En segundo lugar, la programación del gasto ya se podía ver desde que fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, hace casi un año. Este Gobierno claramente tiene sus prioridades en otras regiones, como las costas Caribe y Pacífica. Por ejemplo, los más de $2 billones que se invertirán en la restauración ecológica de La Mojana. Para las 4G en Antioquia hay dinero asignado, pero en vigencias presupuestales posteriores. Es complicado pedir que las grandes y sucesivas omisiones de gobiernos pasados ahora tengan que ser inmediatamente remediadas.

El gobierno departamental conocía la trayectoria de los proyectos y sus carencias de financiación. Ha debido prepararse de manera diferente a esperar recursos de la nación. El departamento puede cobrar valorización, que por demás es un tributo altamente técnico que explico al final. Eso también es planeación, saber responder ante un escenario conocido o previsto. Al aprobarse el PND está el plan de inversiones para sus cuatro años. Pero luego los comentaristas se quejan de tocar el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Así, lo de la administración departamental fue improvisar. ¿Cómo más llamar a una propuesta que se sacó Uribe de su sombrero aguadeño? Ahí no hubo los estudios técnicos, financieros, ambientales, socioeconómicos ni prediales que requiere una contribución por valorización. Lo que me extraña de un editorialista tan avezado es que diga que es un éxito recoger menos del 0,5 % de la meta de la dichosa vaca. Finalmente, sí fue tan improvisada que la tuvieron que cancelar para “blindarla”, como si no hubieran contemplado la posibilidad de fraudes o delitos mediante aquella. Si fuera Petro, se la cobran toda por improvisador.

Contrario a lo que dice el editorial, cobrar una valorización tiene todo el sentido. Es un gravamen especial cuyo hecho generador es el beneficio que aporta un proyecto que puede consistir en obra, plan o conjunto de obras de interés público a los inmuebles en su zona de influencia. El beneficio se tiene que demostrar, en el caso de la valorización nacional bajo algunos de los seis métodos contemplados en el Decreto 1255 de 2022. Nunca el beneficio efectivamente cobrado puede ser mayor al costo del proyecto. Además, se cuantifica la capacidad de pago “considerando la estratificación socioeconómica, la clasificación del suelo, el destino económico, la capacidad productiva de los terrenos rurales o el valor de los inmuebles sujetos a la contribución” y el pago en dinero se puede diferir a 20 años.

*Especialista en Derecho Urbanístico, Universidad de Antioquia.