En respuesta al editorial del 17 de septiembre de 2024, titulado “¿Cuál es el plan de energía eléctrica para el Caribe colombiano?”.
Afirma el editorial que hay muchas conversaciones, pero todas apuntan a lo mismo: la crisis es inmanejable. Lo primero sería cierto pero inútil porque, si de pronto “se conversa”, no se dialoga, ni dialogan los que son.
Por ejemplo, la bancada de la costa Atlántica probablemente no contabilizaría una sola convocatoria para dialogar sobre el tema, a sabiendas de que fue la propia clase política costeña la que quebró a las siete electrificadoras locales de los años 70-80.
Añade el editorial que, durante más de una década, la región Caribe viene rogando un servicio de electricidad digno y a un precio justo, pero el atraso histórico ha sido irreparable. Además, no se trataría de rogarle a alguien, sino de que los mismos ciudadanos de la Costa se comprometan, como todos los otros colombianos, a pagar las facturas de energía, lo que, sin vergüenza alguna, ni pagar costos, no hacen desde hace varias décadas.
Si bien es cierto que las dos empresas están frustradas y sin soluciones, también es cierto que “mamá Superservicios” (con un Fondo de Estabilización que alimentamos con nuestras facturas) sirve de cómplice para que empresas vigiladas como Air-e o Afinia, “escurran el bulto” fácilmente.
Pero, cuidado, porque estamos hablando de que sus matrices, la Empresa de Energía de Pereira (Air-e) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), no son recién llegadas al negocio, y de que por eso se ganaron la subasta del 2021.
Si bien el editorial se arriesga a escribir que el suministro eléctrico en la costa Caribe es “mal negocio”, ello se explicaría porque los tres cuerpos del problema lo harían mal negocio: Estado (legisladores, alcaldes, gobernadores, Superservicios y CREG); ciudadanos (Juntas de Acción Comunal, Comités de Vecinos, gremios empresariales) y empresas (las empresas saben cómo gestionar mercados de difícil gestión, pero particularmente Air-e decidió tapar el cadáver con arena).
Desde el año 2021 cuando Air-e ganó la subasta para suministrar el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, existen pruebas de que recibieron diversos llamados hechos en su gerencia de Barranquilla y su matriz en Pereira, para que tomaran cartas en el asunto del no-pago de facturas, pero nunca reaccionaron.
Igualmente ocurrió con EPM. Aunque habría que lanzar al viento la sospecha de que los paisas están aprovechando la coyuntura para salir corriendo; todo porque cuentan con un adecuado nivel de recaudo del 78 % y pérdidas del 28 % (según sus propios datos) que hacen gestionables sus mercados.
Finalmente, a primera vista el editorial parecería incurrir en grave error sugiriendo como salida la “nacionalización de los prestadores”; pero, viéndolo bien, dado que en la costa Atlántica ni pobres, ni ricos, ni empresarios grandes ni medianos pagan la energía, todos ellos podrían convocarse para gestionar la zona del norte, y nos prueben a los cachacos cuál es su verdadero talante.
* Exasesor de la Superservicios.