Por Rafael Ortiz Pérez
La reglamentación y delimitación del páramo de Santurbán permitió que este dejara de ser el foco de los conflictos ambientales asociados con la minería y forzó a los mineros industriales a reorientar la explotación hacia áreas situadas fuera de los límites establecidos. Lamentablemente, el esfuerzo realizado por la institucionalidad jurídica y ambiental colombiana no ha sido reconocido por sectores de opinión enemigos de la minería, independientemente de los adelantos tecnológicos logrados en la industria, como lo reconocen países como Finlandia y Suecia, principales productores de oro en Europa y paraísos ambientales admirados por toda la humanidad.
Las empresas mineras lideradas por la proponente de la explotación en una zona aledaña al páramo de Santurbán, en el nororiente santandereano, han aceptado el reto de hacer una minería bien hecha; el proyecto objeto de la protesta ciudadana en Bucaramanga respeta de manera integral el ecosistema de páramo y limita de manera importante la intervención física, proponiendo una minería subterránea en la cual se aprovecha el alto grado de continuidad de los dominios mineralizados, mientras buena parte de los residuos y estériles se utilizan en el retrollenado de las cavernas.
El negocio planteado en la provincia de Soto Norte no tiene como objetivo final la producción in situ de lingotes de oro o barras de plata y cobre; el mineral extraído será objeto de un proceso físico-químico de bajo impacto ambiental, en el cual se obtiene un concentrado polimetálico que se exporta para ser procesado por lixiviación con cianuro y concentración con mercurio en algún país lejano. Los daños ambientales, en particular la afectación severa de la calidad del agua, pregonados por los grupos ambientales que se oponen al proyecto, no pueden ocurrir en ausencia absoluta de los dos peligrosos químicos mencionados.
Más allá de los beneficios económicos y sociales para la región representados por el pago de regalías, cánones superficiarios, impuestos de renta, IVA e industria, la licencia social del proyecto se apoya en una importante generación de empleo de diferentes niveles, en un claro compromiso con la educación, en la capacitación de jóvenes de la región y, sobre todo, en el fomento de la minería tradicional que ha existido en la zona desde la época de la Colonia, para lo cual se ha iniciado el desarrollo de un modelo de coexistencia con la pequeña minería que garantice la implementación de buenas prácticas mineras y ambientales en la minería tradicional aún vigente en la región.
Más allá de las ilusorias alternativas de desarrollo basado en ecoturismo de mochila y hamaca o en una agricultura sostenible en esta zona de suelo rocoso y altas pendientes, la posibilidad de una minería orientada por la racionalidad de la explotación en cuanto a localización, tamaño y procesos mineros acordes con el estado del arte de la tecnología, debe ser analizada sin prejuicios, pensando no solo en condiciones locales, sino en los beneficios regionales y nacionales generados. Afortunadamente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Minera Nacional (ANM) tienen la palabra.
* Ingeniero civil. ortiz.rafaele@gmail.com
Por Rafael Ortiz Pérez
La reglamentación y delimitación del páramo de Santurbán permitió que este dejara de ser el foco de los conflictos ambientales asociados con la minería y forzó a los mineros industriales a reorientar la explotación hacia áreas situadas fuera de los límites establecidos. Lamentablemente, el esfuerzo realizado por la institucionalidad jurídica y ambiental colombiana no ha sido reconocido por sectores de opinión enemigos de la minería, independientemente de los adelantos tecnológicos logrados en la industria, como lo reconocen países como Finlandia y Suecia, principales productores de oro en Europa y paraísos ambientales admirados por toda la humanidad.
Las empresas mineras lideradas por la proponente de la explotación en una zona aledaña al páramo de Santurbán, en el nororiente santandereano, han aceptado el reto de hacer una minería bien hecha; el proyecto objeto de la protesta ciudadana en Bucaramanga respeta de manera integral el ecosistema de páramo y limita de manera importante la intervención física, proponiendo una minería subterránea en la cual se aprovecha el alto grado de continuidad de los dominios mineralizados, mientras buena parte de los residuos y estériles se utilizan en el retrollenado de las cavernas.
El negocio planteado en la provincia de Soto Norte no tiene como objetivo final la producción in situ de lingotes de oro o barras de plata y cobre; el mineral extraído será objeto de un proceso físico-químico de bajo impacto ambiental, en el cual se obtiene un concentrado polimetálico que se exporta para ser procesado por lixiviación con cianuro y concentración con mercurio en algún país lejano. Los daños ambientales, en particular la afectación severa de la calidad del agua, pregonados por los grupos ambientales que se oponen al proyecto, no pueden ocurrir en ausencia absoluta de los dos peligrosos químicos mencionados.
Más allá de los beneficios económicos y sociales para la región representados por el pago de regalías, cánones superficiarios, impuestos de renta, IVA e industria, la licencia social del proyecto se apoya en una importante generación de empleo de diferentes niveles, en un claro compromiso con la educación, en la capacitación de jóvenes de la región y, sobre todo, en el fomento de la minería tradicional que ha existido en la zona desde la época de la Colonia, para lo cual se ha iniciado el desarrollo de un modelo de coexistencia con la pequeña minería que garantice la implementación de buenas prácticas mineras y ambientales en la minería tradicional aún vigente en la región.
Más allá de las ilusorias alternativas de desarrollo basado en ecoturismo de mochila y hamaca o en una agricultura sostenible en esta zona de suelo rocoso y altas pendientes, la posibilidad de una minería orientada por la racionalidad de la explotación en cuanto a localización, tamaño y procesos mineros acordes con el estado del arte de la tecnología, debe ser analizada sin prejuicios, pensando no solo en condiciones locales, sino en los beneficios regionales y nacionales generados. Afortunadamente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Minera Nacional (ANM) tienen la palabra.
* Ingeniero civil. ortiz.rafaele@gmail.com