Al cumplir dos años de diálogos en La Habana, y cuando se iba a trasladar otra comisión de víctimas, el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán; el cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada asesora del Ejército Gloria Urrego, fueron secuestrados, al decir de unos y retenidos para otros, por el frente 34 de las Farc.
El abogado y politólogo de la Universidad de los Andes Santiago Vargas Niño, quien trabajó como asistente de investigación en la Corte Penal de La Haya, sostiene que el general y sus acompañantes son prisioneros de guerra, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, en el contexto del conflicto armado interno.
Dice, también, que desde la perspectiva del derecho penal ordinario sí se puede configurar el secuestro y que debe primar el DIH sobre el Derecho Penal Ordinario. Una de las condiciones de la agenda de los diálogos es la de continuar la guerra en medio de las conversaciones, lo cual indica que no se debían suspender.
Diagnostica esta suspensión: 1) Presión nacional. 2) Que para hechos iguales no se realiza el mismo tratamiento. El rompimiento absoluto del protocolo por parte del general Álzate al penetrar en zona roja de influencia guerrillera, sin inteligencia antes de incursionar, sin escolta, de civil, con advertencia del grave peligro por parte de su acompañante militar, etc., notifican múltiples interrogantes al presidente y a la opinión mundial. Es como si Timochenko entrara a una brigada a dar una conferencia sobre guerrilla. Tremendo plato bien servido para festín guerrillero y errores sin antecedentes, sólo que el primero es real y el segundo imaginario.
Peligroso para la Nación que el senador Uribe Vélez sea informado militarmente antes que el presidente de la República y que lo utilice con fines políticos. Los cuestionadores radicales del proceso han lanzado ataques cibernéticos, espionaje al presidente y a los negociadores de La Habana, filtraciones a la prensa y opinión pública de confidencias militares, infundios a granel (capitulaciones). La objetividad es primordial para el éxito de los diálogos. Cuando se ignora lo acontecido y se habla como sabedor, se cae en lo más profundo de la ignorancia, conductora del error, polarización y violencia.
Es tiempo de ir desescalando el conflicto colombiano. Del lado insurgente podrían realizar hechos que ganen credibilidad y opinión: retirar a menores de edad de las filas, no atacar donde se puede victimizar a la población civil, acabar con el minado, con la destrucción de oleoductos y obras. Y para empezar liberar a la brevedad al general Alzate, sus acompañantes y los dos soldados. El Gobierno podría suprimir los bombardeos. Recordemos que los acuerdos de La Habana para la paz serán refrendados por los ciudadanos colombianos. El Gobierno debe ser decisivo y valeroso en la conducción de la paz.
La norma y la verdad son esenciales para terminar con un conflicto destructor, oneroso y desplazador. Amerita un debate serio para un cese de hostilidades bilateral o unilateral. Todo proceso tiene inconvenientes que no están en el libreto de apertura, pero con voluntad, solidaridad mundial y responsabilidad patrióticas se harán los ajustes necesarios para enrutar y magnificar, logrando por primera vez, en más de 50 años, un proceso triunfante que sitúe a los colombianos en progreso y convivencia. Se volverá a establecer, entonces: “No hay mal que por bien no venga”.
*Ómar León Muriel Arango
Al cumplir dos años de diálogos en La Habana, y cuando se iba a trasladar otra comisión de víctimas, el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán; el cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada asesora del Ejército Gloria Urrego, fueron secuestrados, al decir de unos y retenidos para otros, por el frente 34 de las Farc.
El abogado y politólogo de la Universidad de los Andes Santiago Vargas Niño, quien trabajó como asistente de investigación en la Corte Penal de La Haya, sostiene que el general y sus acompañantes son prisioneros de guerra, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, en el contexto del conflicto armado interno.
Dice, también, que desde la perspectiva del derecho penal ordinario sí se puede configurar el secuestro y que debe primar el DIH sobre el Derecho Penal Ordinario. Una de las condiciones de la agenda de los diálogos es la de continuar la guerra en medio de las conversaciones, lo cual indica que no se debían suspender.
Diagnostica esta suspensión: 1) Presión nacional. 2) Que para hechos iguales no se realiza el mismo tratamiento. El rompimiento absoluto del protocolo por parte del general Álzate al penetrar en zona roja de influencia guerrillera, sin inteligencia antes de incursionar, sin escolta, de civil, con advertencia del grave peligro por parte de su acompañante militar, etc., notifican múltiples interrogantes al presidente y a la opinión mundial. Es como si Timochenko entrara a una brigada a dar una conferencia sobre guerrilla. Tremendo plato bien servido para festín guerrillero y errores sin antecedentes, sólo que el primero es real y el segundo imaginario.
Peligroso para la Nación que el senador Uribe Vélez sea informado militarmente antes que el presidente de la República y que lo utilice con fines políticos. Los cuestionadores radicales del proceso han lanzado ataques cibernéticos, espionaje al presidente y a los negociadores de La Habana, filtraciones a la prensa y opinión pública de confidencias militares, infundios a granel (capitulaciones). La objetividad es primordial para el éxito de los diálogos. Cuando se ignora lo acontecido y se habla como sabedor, se cae en lo más profundo de la ignorancia, conductora del error, polarización y violencia.
Es tiempo de ir desescalando el conflicto colombiano. Del lado insurgente podrían realizar hechos que ganen credibilidad y opinión: retirar a menores de edad de las filas, no atacar donde se puede victimizar a la población civil, acabar con el minado, con la destrucción de oleoductos y obras. Y para empezar liberar a la brevedad al general Alzate, sus acompañantes y los dos soldados. El Gobierno podría suprimir los bombardeos. Recordemos que los acuerdos de La Habana para la paz serán refrendados por los ciudadanos colombianos. El Gobierno debe ser decisivo y valeroso en la conducción de la paz.
La norma y la verdad son esenciales para terminar con un conflicto destructor, oneroso y desplazador. Amerita un debate serio para un cese de hostilidades bilateral o unilateral. Todo proceso tiene inconvenientes que no están en el libreto de apertura, pero con voluntad, solidaridad mundial y responsabilidad patrióticas se harán los ajustes necesarios para enrutar y magnificar, logrando por primera vez, en más de 50 años, un proceso triunfante que sitúe a los colombianos en progreso y convivencia. Se volverá a establecer, entonces: “No hay mal que por bien no venga”.
*Ómar León Muriel Arango