Podemos hacer más para reparar a las víctimas

En respuesta al editorial del 13 de abril de 2023, titulado “¿Debemos aceptar que no se reparará a las víctimas?”.

El anuncio del presidente Petro acerca de la imposibilidad de indemnizar a las víctimas debería abrir un debate sobre si estamos haciendo todo lo que podemos para resarcir económicamente a las víctimas y no quedarnos solo en el lamento de lo imposible. Según el PND, han sido indemnizadas 1’319.057 víctimas, algo que no tiene comparación con otras experiencias de justicia transicional en el mundo, pero, por supuesto, faltan más.

La meta de indemnización se hubiese cumplido si la Corte Constitucional no hubiese ordenado indemnizar a las víctimas de desplazamiento forzado, porque eso implicaba pasar de un millón a ocho millones el número de personas por indemnizar, así que las cuentas se reventaban. Pero la decisión de la Corte Constitucional buscaba garantizar los derechos de los desplazados y no confundir la atención humanitaria con la reparación, y en ese reconocimiento yace el desafío fiscal de las cuentas de la indemnización.

¿Pero cuántas personas hace falta indemnizar? El Registro Único de Víctimas reporta 9’472.019 víctimas del conflicto armado a la fecha, de las cuales 7’513.135 son sujetos de atención, mientras que las restantes 1’958.884 no son sujetos de reparación porque son muertos, desaparecidos o personas inactivas para recibir la reparación. Esto significa que se ha indemnizado al 17 % de las víctimas, así que el 83 % restante espera.

Si faltan un poco menos de seis millones de víctimas por reparar y casi todas son víctimas de desplazamiento forzado, entonces las cuentas no son $300 billones, pero sí $138 billones, una cifra igualmente alta.

¿Se puede hacer algo? Por supuesto que sí, lo primero que se requiere es voluntad política. La alarma del presidente Petro está justificada, ¿pero cuál ha sido su gesto con las víctimas antes de anunciarla? ¿No es un poco tarde para hacerlo después de que tuviese listo su Plan Nacional de Desarrollo, cuando ya sabía la realidad de la situación? Su gesto audaz con la compra de los tres millones de hectáreas para cumplir con el Acuerdo de Paz o su apuesta por la paz total no han tenido su equivalente con las víctimas. Su meta de indemnización en el Plan Nacional de Desarrollo sigue el ritmo de las indemnizaciones de los gobiernos predecesores, propone 600.000 víctimas indemnizadas, que parece una cifra alta, pero no lo es si se propone en cuatro años indemnizar un poco menos de la mitad de víctimas de los 10 años previos, así que no es una apuesta audaz.

Habría que preguntarle al presidente Petro por qué no duplicó el presupuesto de la Unidad de Víctimas como un gesto de su compromiso con las víctimas, o pedirle que le informe a la opinión pública cuánto de ese presupuesto se va en gastos de funcionamiento y qué hace su Gobierno para reducir esos costos y que haya más recursos para las indemnizaciones, porque quizá sea la hora de discutir reformas a la institucionalidad transicional para suprimir el traslape de funciones y mejorar la eficiencia en la inversión de los recursos en favor de las víctimas.

Los $300 billones parecen una cifra inalcanzable, pero habría que restar los gastos en funcionamiento, cumplir el Acuerdo de Paz y convertir los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en las medidas de reparación colectiva. No se debe seguir alimentando frustraciones entre las víctimas con la promesa de que se van a implementar más de 800 planes de reparación colectiva, que en muchos casos solo tienen un alcance a nivel de corregimiento y no regional, además de que dispersan la integralidad de la reparación.

Se puede hacer más por las víctimas. Lo primero es un gesto de voluntad política. El presidente Petro debería corresponder la deuda con las víctimas con una meta audaz para las indemnizaciones: duplicar el presupuesto para ese fin, ponerse una meta de 1’200.000 indemnizaciones para su cuatrienio y dejar una vara alta a las siguientes administraciones, las cuales, por disposición de la Corte Constitucional, no pueden reducir el presupuesto para las víctimas. ¿Por qué una parte de la reforma tributaria no se dirige a este propósito? ¿Por qué no es posible un mayor esfuerzo fiscal de su Gobierno si el Plan Nacional de Desarrollo cuesta más de $1.400 billones? ¿Por qué no reducir gastos de funcionamiento, desmontar burocracia de la institucionalidad transicional y redireccionar los recursos a las indemnizaciones de las víctimas? El tiempo de las víctimas se agota, cada día sin respuesta es una revictimización, así que ni los nietos recibirán la reparación si el gesto de voluntad política con ellas no empieza por el Gobierno Nacional.

En respuesta al editorial del 13 de abril de 2023, titulado “¿Debemos aceptar que no se reparará a las víctimas?”.

El anuncio del presidente Petro acerca de la imposibilidad de indemnizar a las víctimas debería abrir un debate sobre si estamos haciendo todo lo que podemos para resarcir económicamente a las víctimas y no quedarnos solo en el lamento de lo imposible. Según el PND, han sido indemnizadas 1’319.057 víctimas, algo que no tiene comparación con otras experiencias de justicia transicional en el mundo, pero, por supuesto, faltan más.

La meta de indemnización se hubiese cumplido si la Corte Constitucional no hubiese ordenado indemnizar a las víctimas de desplazamiento forzado, porque eso implicaba pasar de un millón a ocho millones el número de personas por indemnizar, así que las cuentas se reventaban. Pero la decisión de la Corte Constitucional buscaba garantizar los derechos de los desplazados y no confundir la atención humanitaria con la reparación, y en ese reconocimiento yace el desafío fiscal de las cuentas de la indemnización.

¿Pero cuántas personas hace falta indemnizar? El Registro Único de Víctimas reporta 9’472.019 víctimas del conflicto armado a la fecha, de las cuales 7’513.135 son sujetos de atención, mientras que las restantes 1’958.884 no son sujetos de reparación porque son muertos, desaparecidos o personas inactivas para recibir la reparación. Esto significa que se ha indemnizado al 17 % de las víctimas, así que el 83 % restante espera.

Si faltan un poco menos de seis millones de víctimas por reparar y casi todas son víctimas de desplazamiento forzado, entonces las cuentas no son $300 billones, pero sí $138 billones, una cifra igualmente alta.

¿Se puede hacer algo? Por supuesto que sí, lo primero que se requiere es voluntad política. La alarma del presidente Petro está justificada, ¿pero cuál ha sido su gesto con las víctimas antes de anunciarla? ¿No es un poco tarde para hacerlo después de que tuviese listo su Plan Nacional de Desarrollo, cuando ya sabía la realidad de la situación? Su gesto audaz con la compra de los tres millones de hectáreas para cumplir con el Acuerdo de Paz o su apuesta por la paz total no han tenido su equivalente con las víctimas. Su meta de indemnización en el Plan Nacional de Desarrollo sigue el ritmo de las indemnizaciones de los gobiernos predecesores, propone 600.000 víctimas indemnizadas, que parece una cifra alta, pero no lo es si se propone en cuatro años indemnizar un poco menos de la mitad de víctimas de los 10 años previos, así que no es una apuesta audaz.

Habría que preguntarle al presidente Petro por qué no duplicó el presupuesto de la Unidad de Víctimas como un gesto de su compromiso con las víctimas, o pedirle que le informe a la opinión pública cuánto de ese presupuesto se va en gastos de funcionamiento y qué hace su Gobierno para reducir esos costos y que haya más recursos para las indemnizaciones, porque quizá sea la hora de discutir reformas a la institucionalidad transicional para suprimir el traslape de funciones y mejorar la eficiencia en la inversión de los recursos en favor de las víctimas.

Los $300 billones parecen una cifra inalcanzable, pero habría que restar los gastos en funcionamiento, cumplir el Acuerdo de Paz y convertir los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en las medidas de reparación colectiva. No se debe seguir alimentando frustraciones entre las víctimas con la promesa de que se van a implementar más de 800 planes de reparación colectiva, que en muchos casos solo tienen un alcance a nivel de corregimiento y no regional, además de que dispersan la integralidad de la reparación.

Se puede hacer más por las víctimas. Lo primero es un gesto de voluntad política. El presidente Petro debería corresponder la deuda con las víctimas con una meta audaz para las indemnizaciones: duplicar el presupuesto para ese fin, ponerse una meta de 1’200.000 indemnizaciones para su cuatrienio y dejar una vara alta a las siguientes administraciones, las cuales, por disposición de la Corte Constitucional, no pueden reducir el presupuesto para las víctimas. ¿Por qué una parte de la reforma tributaria no se dirige a este propósito? ¿Por qué no es posible un mayor esfuerzo fiscal de su Gobierno si el Plan Nacional de Desarrollo cuesta más de $1.400 billones? ¿Por qué no reducir gastos de funcionamiento, desmontar burocracia de la institucionalidad transicional y redireccionar los recursos a las indemnizaciones de las víctimas? El tiempo de las víctimas se agota, cada día sin respuesta es una revictimización, así que ni los nietos recibirán la reparación si el gesto de voluntad política con ellas no empieza por el Gobierno Nacional.