Hemos leído el editorial del día 27 de octubre, titulado “Lo que nos faltaba”, en el que hace referencia al suceso en la vereda Potosí de Cajamarca, Tolima.
El editorial en mención pretende proponer una reflexión, que saludamos, acerca de cómo se viene desarrollando la gestión ambiental. Esta parte coincide con las denuncias y demandas que tanto los pobladores del Tolima, como los de Huila, Santander, Cauca, entre otros, hemos elevado de todas las formas posibles, tanto por la vía institucional como por las llamadas vías de hecho: marchas, paros, mingas, que en el editorial terminan siendo descalificadas, cuando a manera de corolario habla de ellas como las vías a las que “quienes sienten que los valores sociales y ambientales que están en juego en medio de las propuestas de crecimiento económico” recurren a “las manifestaciones violentas” en el marco de lo que a su juicio sería el primero de “los indicios extremos” que dan cuenta de un conflicto propio del siglo XXI: “la injusticia ambiental”.
La Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima se permite precisar lo siguiente:
1. Las comunidades campesinas del Tolima estamos participando en todos los estudios que se están realizando para la delimitación de páramos y humedales.
2. El Tolima, epicentro de la región central, es un territorio geoestratégicamente localizado, biodiverso, de alta riqueza hídrica, que geológicamente está atravesado por la Falla de Ibagué una de las calificadas de mayor amenaza sísmica; todas estas características sociales y ambientales no han sido consideradas por el Plan de Desarrollo Nacional.
3. Creemos que la “injusticia ambiental” a la que usted se refiere es parte de los conflictos territoriales que tanto les han costado al movimiento social, a los campesinos, a los indígenas.
4. Es frente a la estigmatización y criminalización de la protesta social que se viene ensañando con las comunidades que nos preocupa se sugiera que se está incubando una “nueva generación de terror”.
5. Creemos que la construcción de un “acuerdo social sobre el territorio en el Tolima” pasa por:
• Aplicar el “principio de precaución” de manera inmediata a todas las licencias, títulos y megaproyectos que se encuentren sobre, afecten o puedan afectar cuencas hidrográficas, reservas forestales, páramos, recarga de acuíferos, acuíferos y zonas productoras de alimentos.
• Voluntad política real y efectiva para revisar todo el ordenamiento territorial de la región bajo criterios de sustentabilidad ambiental, autonomía alimentaria y vida digna de los pueblos.
• Respeto sin ambigüedades, por el derecho de las comunidades a decidir sobre cómo quieren vivir en sus territorios.
Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima.
Hemos leído el editorial del día 27 de octubre, titulado “Lo que nos faltaba”, en el que hace referencia al suceso en la vereda Potosí de Cajamarca, Tolima.
El editorial en mención pretende proponer una reflexión, que saludamos, acerca de cómo se viene desarrollando la gestión ambiental. Esta parte coincide con las denuncias y demandas que tanto los pobladores del Tolima, como los de Huila, Santander, Cauca, entre otros, hemos elevado de todas las formas posibles, tanto por la vía institucional como por las llamadas vías de hecho: marchas, paros, mingas, que en el editorial terminan siendo descalificadas, cuando a manera de corolario habla de ellas como las vías a las que “quienes sienten que los valores sociales y ambientales que están en juego en medio de las propuestas de crecimiento económico” recurren a “las manifestaciones violentas” en el marco de lo que a su juicio sería el primero de “los indicios extremos” que dan cuenta de un conflicto propio del siglo XXI: “la injusticia ambiental”.
La Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima se permite precisar lo siguiente:
1. Las comunidades campesinas del Tolima estamos participando en todos los estudios que se están realizando para la delimitación de páramos y humedales.
2. El Tolima, epicentro de la región central, es un territorio geoestratégicamente localizado, biodiverso, de alta riqueza hídrica, que geológicamente está atravesado por la Falla de Ibagué una de las calificadas de mayor amenaza sísmica; todas estas características sociales y ambientales no han sido consideradas por el Plan de Desarrollo Nacional.
3. Creemos que la “injusticia ambiental” a la que usted se refiere es parte de los conflictos territoriales que tanto les han costado al movimiento social, a los campesinos, a los indígenas.
4. Es frente a la estigmatización y criminalización de la protesta social que se viene ensañando con las comunidades que nos preocupa se sugiera que se está incubando una “nueva generación de terror”.
5. Creemos que la construcción de un “acuerdo social sobre el territorio en el Tolima” pasa por:
• Aplicar el “principio de precaución” de manera inmediata a todas las licencias, títulos y megaproyectos que se encuentren sobre, afecten o puedan afectar cuencas hidrográficas, reservas forestales, páramos, recarga de acuíferos, acuíferos y zonas productoras de alimentos.
• Voluntad política real y efectiva para revisar todo el ordenamiento territorial de la región bajo criterios de sustentabilidad ambiental, autonomía alimentaria y vida digna de los pueblos.
• Respeto sin ambigüedades, por el derecho de las comunidades a decidir sobre cómo quieren vivir en sus territorios.
Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima.