De la secretaria de Educación de Bogotá sobre una referencia en La Pulla

La presente tiene como fin poner en su conocimiento mi preocupación ante las afirmaciones erradas y que faltan a la verdad sobre al Programa de Alimentación Escolar de Bogotá, publicadas a través de la columna El Espectador Opinión audiovisual - La Pulla-, “Así es como se roban la comida de los niños”.

Estas afirmaciones, fueron publicadas el pasado 7 de diciembre (en redes sociales) y 10 de diciembre (en televisión nacional) y atentan a los principios básicos del periodismo ya que desinforman a los espectadores al indicar:  

“…El descaro es tan grande y le hacen tan poquita vigilancia a ese proceso que ese mismo contratista de Cartagena, ósea el pechugón, con toda esa mala fama que tiene encima, se acaba de ganar un contrato por 177 mil millones con la Secretaría de Educación de Bogotá. La encargada de esa secretaría, María Victoria Ángulo, se jactaba la semana pasada que Bogotá tenía el mejor modelo para distribuir los alimentos a los niños. ¿Cómo carajos contratan un consocio que al parecer desvió plata, infló los precios de los alimentos y además dejó de entregarlos? Pura gente honesta: Bogotá Mejor para todos…” (del minuto 3:14 a 3:42).

Ante dicha afirmación me permito aclarar que:

1. El consorcio ‘Proescolares’, denunciado por presuntamente vender alimentos con sobrecosto en otras regiones del país (llamado en la columna de opinión “el pechugón”) no es proveedor del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá. Así lo evidencian los procesos vigentes de este programa: LP-AMP-129-2016, adelantado por Colombia Compra Eficiente y adjudicado en marzo de este año para la compra de alimentos; el LP- AG-130-2016 y LP-AG-153-2017 adelantado por Colombia Compra Eficiente para la almacenamiento, ensamble y distribución de los alimentos.

2. Ninguna Empresa Proveedora del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá tiene un contrato por valor de 177 mil millones de pesos. Lo que sí se puede indicar, es que el 30 de noviembre de 2017, se cerró el proceso, LP-AG-153-2017, por valor estimado de 177.461 millones de pesos, para el almacenamiento y distribución de los más de 730 mil refrigerios que se entregan diariamente en la ciudad. Proceso donde resultaron adjudicadas 7 empresas que cumplieron los requisitos exigidos en la Ley Contractual.
3. Por otra parte, es importante aclarar que la representante legal del consorcio ‘Proescolares’, se presentó a la licitación antes mencionada, con una empresa cuya razón social es diferente ‘Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia – Coasucol’, y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley para prestar el servicio de operador logístico, es decir, para almacenar, ensamblar y distribuir alimentos, y se le adjudicó un contrato por valor de 6.854 millones de pesos y no 177.461 millones de pesos, como afirma la columnista.
4. Es de resaltar que entre tanto no se tomen las acciones administrativas y sanciones necesarias por los entes de control y las otras entidades territoriales del país, esta empresa puede seguir presentándose y ejecutando contratos con entidades públicas y seguir participando en las licitaciones del PAE de todo el país, ya que de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, para poder inhabilitar a una empresa es necesario que se multe cinco (5) o más veces durante la ejecución de uno o varios contratos, en la misma vigencia fiscal.
5. Adicionalmente, la Ley 80 de 1993 consagra la posibilidad de que las entidades estatales declaren la caducidad del contrato ante un eventual incumplimiento, lo que haría que a su vez las demás entidades, entre ellas Bogotá, deban terminar sus contratos una vez quede en firme la sanción con dicha empresa. Esta es la única manera de evitar que se sigan presentando actuaciones inadecuadas alrededor de los Programas de Alimentación Escolar.
6. El Programa de Alimentación Escolar de Bogotá implementado en el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa es reconocido por el Ministerio de educación Nacional como el mejor del país, con una calificación del 98%. Asimismo, fue reconocido internacionalmente por su modelo de contratación transparente, por la Alianza de Contrataciones Abiertas ‘Open Contracting Partership’.
7. La Administración Distrital para su Programa de Alimentación Escolar realiza dos procesos licitatorios a través de Colombia Compra Eficiente, uno para la compra de alimentos y otro para el almacenamiento, ensamble y distribución de los refrigerios. También, se contrató a través de concurso público, un proceso de interventoría para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar del Distrito.
8. Esta interventoría inicia en las plantas de producción de alimentos y va hasta las plantas de ensamblaje y su distribución. Esta labor se realiza con 347 profesionales quienes en el marco del seguimiento y control verifican que las condiciones exigidas en términos de calidad, inocuidad y aporte nutricional de las raciones sean cumplidas.
9. El nuevo modelo de contratación del programa de Bogotá no permite las prácticas inadecuadas en los procesos de compra, ensamble y distribución de refrigerios, gracias a la implementación de controles por parte de la Secretaría de Educación.
10. Bajo estas condiciones, el nuevo modelo del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá tiene mayor transparencia, pluralidad y especialidad de los proveedores, al suscribir un acuerdo marco de alimentos con bandas de precios para mitigar el riesgo de costos muy elevados o artificialmente bajos, comprar directamente los alimentos que conforman los refrigerios y eliminar costos de transacción, entre otros.

Por todo lo anterior, solicitamos se aclare con veracidad a la opinión pública la realidad del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá, ya que este no cuenta con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos como afirma la periodista.

María Victoria Angulo González, secretaria de Educación del Distrito

La presente tiene como fin poner en su conocimiento mi preocupación ante las afirmaciones erradas y que faltan a la verdad sobre al Programa de Alimentación Escolar de Bogotá, publicadas a través de la columna El Espectador Opinión audiovisual - La Pulla-, “Así es como se roban la comida de los niños”.

Estas afirmaciones, fueron publicadas el pasado 7 de diciembre (en redes sociales) y 10 de diciembre (en televisión nacional) y atentan a los principios básicos del periodismo ya que desinforman a los espectadores al indicar:  

“…El descaro es tan grande y le hacen tan poquita vigilancia a ese proceso que ese mismo contratista de Cartagena, ósea el pechugón, con toda esa mala fama que tiene encima, se acaba de ganar un contrato por 177 mil millones con la Secretaría de Educación de Bogotá. La encargada de esa secretaría, María Victoria Ángulo, se jactaba la semana pasada que Bogotá tenía el mejor modelo para distribuir los alimentos a los niños. ¿Cómo carajos contratan un consocio que al parecer desvió plata, infló los precios de los alimentos y además dejó de entregarlos? Pura gente honesta: Bogotá Mejor para todos…” (del minuto 3:14 a 3:42).

Ante dicha afirmación me permito aclarar que:

1. El consorcio ‘Proescolares’, denunciado por presuntamente vender alimentos con sobrecosto en otras regiones del país (llamado en la columna de opinión “el pechugón”) no es proveedor del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá. Así lo evidencian los procesos vigentes de este programa: LP-AMP-129-2016, adelantado por Colombia Compra Eficiente y adjudicado en marzo de este año para la compra de alimentos; el LP- AG-130-2016 y LP-AG-153-2017 adelantado por Colombia Compra Eficiente para la almacenamiento, ensamble y distribución de los alimentos.

2. Ninguna Empresa Proveedora del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá tiene un contrato por valor de 177 mil millones de pesos. Lo que sí se puede indicar, es que el 30 de noviembre de 2017, se cerró el proceso, LP-AG-153-2017, por valor estimado de 177.461 millones de pesos, para el almacenamiento y distribución de los más de 730 mil refrigerios que se entregan diariamente en la ciudad. Proceso donde resultaron adjudicadas 7 empresas que cumplieron los requisitos exigidos en la Ley Contractual.
3. Por otra parte, es importante aclarar que la representante legal del consorcio ‘Proescolares’, se presentó a la licitación antes mencionada, con una empresa cuya razón social es diferente ‘Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia – Coasucol’, y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley para prestar el servicio de operador logístico, es decir, para almacenar, ensamblar y distribuir alimentos, y se le adjudicó un contrato por valor de 6.854 millones de pesos y no 177.461 millones de pesos, como afirma la columnista.
4. Es de resaltar que entre tanto no se tomen las acciones administrativas y sanciones necesarias por los entes de control y las otras entidades territoriales del país, esta empresa puede seguir presentándose y ejecutando contratos con entidades públicas y seguir participando en las licitaciones del PAE de todo el país, ya que de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, para poder inhabilitar a una empresa es necesario que se multe cinco (5) o más veces durante la ejecución de uno o varios contratos, en la misma vigencia fiscal.
5. Adicionalmente, la Ley 80 de 1993 consagra la posibilidad de que las entidades estatales declaren la caducidad del contrato ante un eventual incumplimiento, lo que haría que a su vez las demás entidades, entre ellas Bogotá, deban terminar sus contratos una vez quede en firme la sanción con dicha empresa. Esta es la única manera de evitar que se sigan presentando actuaciones inadecuadas alrededor de los Programas de Alimentación Escolar.
6. El Programa de Alimentación Escolar de Bogotá implementado en el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa es reconocido por el Ministerio de educación Nacional como el mejor del país, con una calificación del 98%. Asimismo, fue reconocido internacionalmente por su modelo de contratación transparente, por la Alianza de Contrataciones Abiertas ‘Open Contracting Partership’.
7. La Administración Distrital para su Programa de Alimentación Escolar realiza dos procesos licitatorios a través de Colombia Compra Eficiente, uno para la compra de alimentos y otro para el almacenamiento, ensamble y distribución de los refrigerios. También, se contrató a través de concurso público, un proceso de interventoría para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar del Distrito.
8. Esta interventoría inicia en las plantas de producción de alimentos y va hasta las plantas de ensamblaje y su distribución. Esta labor se realiza con 347 profesionales quienes en el marco del seguimiento y control verifican que las condiciones exigidas en términos de calidad, inocuidad y aporte nutricional de las raciones sean cumplidas.
9. El nuevo modelo de contratación del programa de Bogotá no permite las prácticas inadecuadas en los procesos de compra, ensamble y distribución de refrigerios, gracias a la implementación de controles por parte de la Secretaría de Educación.
10. Bajo estas condiciones, el nuevo modelo del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá tiene mayor transparencia, pluralidad y especialidad de los proveedores, al suscribir un acuerdo marco de alimentos con bandas de precios para mitigar el riesgo de costos muy elevados o artificialmente bajos, comprar directamente los alimentos que conforman los refrigerios y eliminar costos de transacción, entre otros.

Por todo lo anterior, solicitamos se aclare con veracidad a la opinión pública la realidad del Programa de Alimentación Escolar de Bogotá, ya que este no cuenta con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos como afirma la periodista.

María Victoria Angulo González, secretaria de Educación del Distrito