Luego de leer con detenimiento el artículo publicado en la edición dominical del 13 de septiembre de 2015 bajo el título “Los reclamos de tierras a Argos”, expresamos nuestro enfático rechazo a la orientación y contenido del mismo, habida cuenta de que contiene afirmaciones inexactas y adolece de objetividad, lo que refleja el propósito de crear una atmósfera adversa a Argos, justamente ahora que los magistrados encargados del asunto han comenzado su ruta de discusión en la Sala Civil del Tribunal de Cartagena.
Se refleja la posición de los periodistas al pretender hacer ver este asunto como “el más controvertido proceso de restitución” que “podría aclarar el capítulo de tierras adquiridas por parte de algunos empresarios en medio del conflicto”, cuando en forma clara se les explicó que la inversión se realizó luego de haber pasado el conflicto armado en la zona. Además, que estamos frente a reclamantes que fueron denunciados penalmente por intentar aprovechar los beneficios del capítulo de restitución de la Ley de Víctimas para buscar un enriquecimiento.
Significativa evidencia de esta parcialidad es el trino publicado por el periodista Molano, uno de los autores, en su cuenta de Twitter con el fin de promocionar el artículo: “Con esto se empieza a conocer la participación de las Empresas en la guerra. Pescar en río revuelto.” Asimismo, la frase con la que introduce la publicación en su página de Facebook: “Por años quise saber para qué la guerra, quiénes han sido sus principales beneficiarios y cómo esta ha impactado en la tierra. Esta historia da algunas pistas sobre lo que pasó en San Onofre” Tanto el trino como el post revelan claramente la posición parcializada del periodista Molano respecto de las compras realizadas por Argos en el Municipio de San Onofre, la cual no fue puesta de presente en el artículo que lleva su firma. La circunstancia de que el citado comunicador haya retirado después de unas horas su calumnioso mensaje en Twitter, no enmienda el daño que se ocasiona a la empresa con afirmaciones temerarias como la mencionada, ni borra las causales de claro impedimento en que el aludido periodista estaba incurso para escribir y trabajar sobre estos temas. Los periodistas para ofrecer una información objetiva y veraz deben saber declararse impedidos, cuando respecto de ellos hay circunstancias personales que les impiden abordar un trabajo con serenidad.
A continuación nuestros cuestionamientos frente al artículo:
1. Menciona el artículo: “Se trata de una demanda en que Campesinos de San Onofre (…)” y, más adelante dice: “Se enfrenta a 22 familias campesinas que argumentan larga tradición en la zona, sostienen que vendieron la tierra obligadas por la guerra y que la empresa aprovechó su condición de desplazadas para comprar sus fincas”.
En las dos reuniones realizadas con el equipo directivo de Argos se explicó de manera clara que este negocio no se realizó con familias campesinas sino con finqueros propietarios de tierras en la zona, quienes permanecieron en ella, compraron posteriormente más tierras y continuaron realizando las mismas actividades ganaderas que tenían en el pasado. Como lo mencionamos no podemos denominar campesinos a personas que poseen más de 1.000 hectáreas en una región.
También se mencionó en dicha reunión que estas personas pidieron prestadas las tierras para seguir trabajándolas, mientras Argos las sembraba con teca. Si hubiera habido violencia o desplazamiento en la época de las compras, esto no hubiera sido posible, o ¿cómo se explica que hayan permanecido y siguieran usufructuando la tierra?
Los vendedores no fueron despojados de sus predios y no se vieron forzados a su abandono. Las compraventas se realizaron luego de una amplia negociación entre las partes, sin ningún mecanismo de presión. Se presentó una negociación con real ánimo de vender y comprar por ambas partes, pactando precios comerciales por las tierras. Pretende el artículo hacer ver a los reclamantes como desplazados, cuando ellos vendieron voluntariamente la tierra que estaban ocupando al momento de venta. Se desconoce que Argos le manifestó a los periodistas que no encontramos en la zona personas con miedo, ni afectadas por la violencia, ni mucho menos desplazados. Por el contrario, se recorrieron las tierras con los finqueros propietarios, quienes las estaban ocupando con actividades principalmente ganaderas.
2. Menciona el artículo que las primeras compras se realizaron en marzo de 2004.
Esta afirmación es falsa pues las 2.000 hectáreas se adquirieron entre 2005 y 2010, y las primeras escrituras se firmaron en 2005, tal y como consta en la información que le fue suministrada a los periodistas de manera oportuna. Este hecho es relevante pues si bien adquirimos tierras en 2005, año en que ya avanzaba el proceso de consolidación, también hay predios comprados en los años siguientes, periodo en el que no hay duda de que no se presentaba violencia en la región. Ejemplo de ello son los predios comprados a Capitolino Martínez Escudero y otros, quienes vendieron libremente sus tierras, 5 años después de los episodios de violencia que ellos mismos alegan para pedir en restitución sus antiguas fincas.
La misma demanda de restitución, a la que tuvieron acceso los periodistas Durán y Molano, menciona que en el año 2005 no había violencia en la zona y que dicha región estaba ya en un proceso de consolidación. Además en el infográfico suministrado por la Unidad de Restitución de Tierras y que aparece en el artículo, se menciona que las ventas masivas de tierras a la Reforestadora del Caribe fueron en 2005.
Genera suspicacia que el artículo omita por completo la extensa declaración del general Colón, quien siendo Coronel a cargo de la Infantería de Marina, certificó por escrito y dio testimonio de que en los Corregimientos de Palmira y Pajonalito, para la época de las compras, no había elementos de violencia que evitaran que allí se pudieran realizar operaciones de compra-venta de inmuebles. Copia de la certificación escrita del General se entregó en dos oportunidades a los periodistas.
Durán y Molano solo utilizaron el Acta de un Consejo de Seguridad realizado en agosto de 2005 donde el Alcalde de San Onofre habla de su preocupación porque regresen hechos de violencia que afecten la población, pero desconocen que el General Colón aclaró que tales circunstancias no se presentaban en los corregimientos de Palmira y Pajonalito.
3. No se ocupó el artículo de las denuncias penales formuladas por Argos ante la Fiscalía General de la Nación por falsas reclamaciones y que contienen una cantidad importante de evidencias sobre este caso, no obstante que los periodistas fueron enterados suficientemente de estos detalles y que recibieron los días viernes 4 y 11 de septiembre, copias de las denuncias penales que hemos presentado hasta la fecha.
Entre estas, por ejemplo, se incluye como uno de los denunciados a Teófilo Martínez Escudero, quien adquirió con los recursos pagados por Argos tierras vecinas a un precio muy inferior, para posteriormente venderlas a Argos con una utilidad importante. ¿Es posible darle el calificativo de desplazado, como lo menciona el artículo, a quien realiza este tipo de operaciones?
El señor Teófilo Martínez Escudero el 10 de octubre de 2005 compra de 6,5 hectáreas a $461.000 por hectárea, con matrícula 340-29400, y ese mismo predio lo vende a Reforestadora del Caribe el 17 de febrero de 2008 a $1.967.000 por hectárea, aumentando 4 veces su precio en 3 años.
Otra demostración es que durante 2005 el señor Teófilo Martínez Escudero compra el 21 de abril un predio con matrícula 340-41237 de 8 hectáreas a $375.000 cada una, al señor Cecilio Tapia, y el 24 de mayo de 2005 compra un predio con matrícula 340-8987 de 11,5 hectáreas a $227.000 cada una, al señor Rubén Gutiérrez. Ese mismo año el señor Teófilo Martínez Escudero le vende a Reforestadora del Caribe 457 hectáreas a $1.275.000 cada una. ¿Será posible un campesino con 475 hectáreas en esa zona?, ¿y que haya vendido por miedo cuando el mismo año compra tierra en igual zona a precios más bajos?
De igual manera se ignoraron de las denuncias penales las evidencias de cómo algunos de los reclamantes recibieron pagos por parte de Argos por comisiones en compras de tierras, pagos por servicios de preparación de tierras y otros. ¿Es lógico que alguien que huye de la violencia o que es desplazado pueda mantener relaciones comerciales a lo largo de varios años con quien le compra su tierra para realizar este tipo de actividades? A pesar de que esto último le fue informado a los periodistas tampoco lo menciona el artículo, dándose crédito únicamente a la versión de la Unidad de Restitución de Tierras.
Mucho menos se refiere el artículo a la información suministrada por Argos en el sentido de compartir, particularmente con Ricardo Sabogal (Director de la Unidad de Restitución de Tierras), el texto de las denuncias penales contra los falsos reclamantes para él poder actuar conjuntamente con la fiscalía en contra de los mismos. Entregamos las pruebas a la Unidad de Restitución de Tierras, pero extrañamente el borrador de la denuncia terminó en manos de los Martínez. De esta situación anómala nada se registra en el artículo, cuando debería ser tan importante para la Unidad de Restitución de Tierras liderar las reclamaciones que afecten a las víctimas de la violencia, como investigar y poner en conocimiento de las autoridades los casos de falsos reclamantes.
4. El artículo pone en duda que la reforestación en Teca sea un mecanismo válido de compensación ambiental, incurriendo en el desafuero de citar unas declaraciones de la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, de las que no pudimos defendernos porque solamente nos enteramos de las mismas al leer el artículo publicado en la edición del pasado domingo.
El día viernes 11 de septiembre en la tarde, por solicitud de los periodistas Durán y Molano, enviamos un documento emitido oficialmente por las Naciones Unidas que respalda la reforestación con teca como mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y certifica la plantación de Argos en San Onofre. Igualmente enviamos otro documento en donde el Ministerio de Medio Ambiente certifica que el proyecto forestal de Argos en San Onofre es un proyecto viable de captura de CO2.
El artículo deliberadamente omite que el proyecto forestal es una compensación voluntaria, pretendiendo crear un inexistente debate sobre las obligaciones de la compañía con respecto a su huella ambiental.
5. El artículo menciona al final “Para los directivos de Argos, otra prueba fundamental a su favor son los argumentos de autoridad entre los que mencionan al hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes; el abogado coordinador de este caso, Ramiro Bejarano; el padre Rafael Castillo, director de Programas de Desarrollo y Paz del Canal del Dique, y el general (r) Rafael Colón, el entonces jefe militar de los Montes de María”.
En la reunión del jueves 3 de septiembre sugerimos a los periodistas Durán y Molano, contactar varias fuentes que podrían dar información importante sobre este caso, las cuales no fueron contactadas:
- El Dr. Yesid Reyes, quien antes de ser nombrado Ministro, redactó y firmó, después de analizar con detenimiento las pruebas, la denuncia penal contra Teófilo Martínez Escudero.
- El Dr. Ramiro Bejarano, abogado que hace parte del equipo de abogados externos que apoya a Argos en estos procesos.
- El Padre Rafael Castillo, director del Programa de Desarrollo y Paz del Canal del Dique, es un reconocido líder en Montes de María, no está vinculado con Argos y no ha participado en este proceso. Es una fuente experta en los Montes de María.
- El general Rafael Colón es actualmente director del programa de desminado y no tiene ninguna relación con Argos. Fue citado por los Juzgados de Sincelejo para que declarara en los procesos.
La mención de todas estas personas, en la forma como lo hizo el artículo es indicativa de la intención de tergiversar y afectar inclusive la honra de quienes ustedes bien conocen como el doctor Yesid Reyes, ex columnista de su periódico y hoy Ministro de Justicia, y el doctor Ramiro Bejarano, columnista y miembro del Consejo Editorial del periódico.
Adicionalmente, conocimos que los periodistas manifestaron haber contactado al equipo jurídico de Argos, hecho que no es cierto pues ninguno de los miembros del equipo jurídico de Argos fue tenido en cuenta para dar su versión.
Tampoco consultaron a los representantes de Finagro, entidad del Estado y socio del proyecto forestal, que desde el inicio decidió participar en el mismo para contribuir al desarrollo de la política forestal y la consolidación de esa zona del país. Si la demanda prospera, será el mismo Estado el que resultará perjudicado.
6. No se ocupa el artículo del enorme cambio en la calidad de vida de los habitantes de Palmira y Pajonalito por la presencia de Argos en la región.
No les pareció importante destacar que Argos ha hecho inversiones en esos corregimientos como el mejoramiento de la vía que los comunica con la cabecera municipal, la entrega de 34 viviendas de forma gratuita para familias habitantes de Palmira, tampoco menciona la construcción de 2 escuelas en ambos corregimientos, ni la generación de empleo formal, estable, bien remunerado y de calidad. En promedio esa plantación forestal genera 120 empleos permanentes directos, trabajadores que cuentan con seguridad social, transporte a sus sitios de residencia, afiliaciones a las cajas de compensación y todos los elementos de seguridad industrial. Durante el periodo 2006-2015, solo en salarios hemos pagado en la zona cerca de $25.000 millones y las inversiones sociales suman aproximadamente $9.000 millones en esos corregimientos.
Para nosotros y muchas otras instituciones esto sí es reconstrucción del tejido social y aporte al post conflicto, pero para los periodistas Durán y Molano pareciera más importante la devolución de la tierra a un grupo de finqueros ricos que viven en Sincelejo.
Por todo lo anterior, Argos rechaza los términos del artículo publicado con la firma de los periodistas Alfredo Molano Jimeno y Diana Durán Núñez, por su falta de objetividad y rigor periodístico, y, además, por su inocultable falta de ética, pues no se trató de un artículo para informar imparcialmente sino de un escrito panfletario del que participó un periodista que no tuvo inconveniente alguno en publicarlo en Twitter y Facebook, acompañado de calumnias contra la organización Argos, calificándola irresponsablemente de haber participado de las guerras, sin tener una sola prueba de tan grave y mentirosa afirmación. Argos respeta y prohíja la libertad de prensa, a cuyo mantenimiento y defensa viene contribuyendo de muy diversas maneras, pero está en el derecho de señalar que el artículo “Los reclamos de tierras a Argos” es una muestra de periodismo parcializado que le hace daño a la verdad y a la pulcritud informativa, y desdice de la tradición de esa casa periodística.
José Alberto Vélez. Presidente, Grupo Argos, Medellín.
Luego de leer con detenimiento el artículo publicado en la edición dominical del 13 de septiembre de 2015 bajo el título “Los reclamos de tierras a Argos”, expresamos nuestro enfático rechazo a la orientación y contenido del mismo, habida cuenta de que contiene afirmaciones inexactas y adolece de objetividad, lo que refleja el propósito de crear una atmósfera adversa a Argos, justamente ahora que los magistrados encargados del asunto han comenzado su ruta de discusión en la Sala Civil del Tribunal de Cartagena.
Se refleja la posición de los periodistas al pretender hacer ver este asunto como “el más controvertido proceso de restitución” que “podría aclarar el capítulo de tierras adquiridas por parte de algunos empresarios en medio del conflicto”, cuando en forma clara se les explicó que la inversión se realizó luego de haber pasado el conflicto armado en la zona. Además, que estamos frente a reclamantes que fueron denunciados penalmente por intentar aprovechar los beneficios del capítulo de restitución de la Ley de Víctimas para buscar un enriquecimiento.
Significativa evidencia de esta parcialidad es el trino publicado por el periodista Molano, uno de los autores, en su cuenta de Twitter con el fin de promocionar el artículo: “Con esto se empieza a conocer la participación de las Empresas en la guerra. Pescar en río revuelto.” Asimismo, la frase con la que introduce la publicación en su página de Facebook: “Por años quise saber para qué la guerra, quiénes han sido sus principales beneficiarios y cómo esta ha impactado en la tierra. Esta historia da algunas pistas sobre lo que pasó en San Onofre” Tanto el trino como el post revelan claramente la posición parcializada del periodista Molano respecto de las compras realizadas por Argos en el Municipio de San Onofre, la cual no fue puesta de presente en el artículo que lleva su firma. La circunstancia de que el citado comunicador haya retirado después de unas horas su calumnioso mensaje en Twitter, no enmienda el daño que se ocasiona a la empresa con afirmaciones temerarias como la mencionada, ni borra las causales de claro impedimento en que el aludido periodista estaba incurso para escribir y trabajar sobre estos temas. Los periodistas para ofrecer una información objetiva y veraz deben saber declararse impedidos, cuando respecto de ellos hay circunstancias personales que les impiden abordar un trabajo con serenidad.
A continuación nuestros cuestionamientos frente al artículo:
1. Menciona el artículo: “Se trata de una demanda en que Campesinos de San Onofre (…)” y, más adelante dice: “Se enfrenta a 22 familias campesinas que argumentan larga tradición en la zona, sostienen que vendieron la tierra obligadas por la guerra y que la empresa aprovechó su condición de desplazadas para comprar sus fincas”.
En las dos reuniones realizadas con el equipo directivo de Argos se explicó de manera clara que este negocio no se realizó con familias campesinas sino con finqueros propietarios de tierras en la zona, quienes permanecieron en ella, compraron posteriormente más tierras y continuaron realizando las mismas actividades ganaderas que tenían en el pasado. Como lo mencionamos no podemos denominar campesinos a personas que poseen más de 1.000 hectáreas en una región.
También se mencionó en dicha reunión que estas personas pidieron prestadas las tierras para seguir trabajándolas, mientras Argos las sembraba con teca. Si hubiera habido violencia o desplazamiento en la época de las compras, esto no hubiera sido posible, o ¿cómo se explica que hayan permanecido y siguieran usufructuando la tierra?
Los vendedores no fueron despojados de sus predios y no se vieron forzados a su abandono. Las compraventas se realizaron luego de una amplia negociación entre las partes, sin ningún mecanismo de presión. Se presentó una negociación con real ánimo de vender y comprar por ambas partes, pactando precios comerciales por las tierras. Pretende el artículo hacer ver a los reclamantes como desplazados, cuando ellos vendieron voluntariamente la tierra que estaban ocupando al momento de venta. Se desconoce que Argos le manifestó a los periodistas que no encontramos en la zona personas con miedo, ni afectadas por la violencia, ni mucho menos desplazados. Por el contrario, se recorrieron las tierras con los finqueros propietarios, quienes las estaban ocupando con actividades principalmente ganaderas.
2. Menciona el artículo que las primeras compras se realizaron en marzo de 2004.
Esta afirmación es falsa pues las 2.000 hectáreas se adquirieron entre 2005 y 2010, y las primeras escrituras se firmaron en 2005, tal y como consta en la información que le fue suministrada a los periodistas de manera oportuna. Este hecho es relevante pues si bien adquirimos tierras en 2005, año en que ya avanzaba el proceso de consolidación, también hay predios comprados en los años siguientes, periodo en el que no hay duda de que no se presentaba violencia en la región. Ejemplo de ello son los predios comprados a Capitolino Martínez Escudero y otros, quienes vendieron libremente sus tierras, 5 años después de los episodios de violencia que ellos mismos alegan para pedir en restitución sus antiguas fincas.
La misma demanda de restitución, a la que tuvieron acceso los periodistas Durán y Molano, menciona que en el año 2005 no había violencia en la zona y que dicha región estaba ya en un proceso de consolidación. Además en el infográfico suministrado por la Unidad de Restitución de Tierras y que aparece en el artículo, se menciona que las ventas masivas de tierras a la Reforestadora del Caribe fueron en 2005.
Genera suspicacia que el artículo omita por completo la extensa declaración del general Colón, quien siendo Coronel a cargo de la Infantería de Marina, certificó por escrito y dio testimonio de que en los Corregimientos de Palmira y Pajonalito, para la época de las compras, no había elementos de violencia que evitaran que allí se pudieran realizar operaciones de compra-venta de inmuebles. Copia de la certificación escrita del General se entregó en dos oportunidades a los periodistas.
Durán y Molano solo utilizaron el Acta de un Consejo de Seguridad realizado en agosto de 2005 donde el Alcalde de San Onofre habla de su preocupación porque regresen hechos de violencia que afecten la población, pero desconocen que el General Colón aclaró que tales circunstancias no se presentaban en los corregimientos de Palmira y Pajonalito.
3. No se ocupó el artículo de las denuncias penales formuladas por Argos ante la Fiscalía General de la Nación por falsas reclamaciones y que contienen una cantidad importante de evidencias sobre este caso, no obstante que los periodistas fueron enterados suficientemente de estos detalles y que recibieron los días viernes 4 y 11 de septiembre, copias de las denuncias penales que hemos presentado hasta la fecha.
Entre estas, por ejemplo, se incluye como uno de los denunciados a Teófilo Martínez Escudero, quien adquirió con los recursos pagados por Argos tierras vecinas a un precio muy inferior, para posteriormente venderlas a Argos con una utilidad importante. ¿Es posible darle el calificativo de desplazado, como lo menciona el artículo, a quien realiza este tipo de operaciones?
El señor Teófilo Martínez Escudero el 10 de octubre de 2005 compra de 6,5 hectáreas a $461.000 por hectárea, con matrícula 340-29400, y ese mismo predio lo vende a Reforestadora del Caribe el 17 de febrero de 2008 a $1.967.000 por hectárea, aumentando 4 veces su precio en 3 años.
Otra demostración es que durante 2005 el señor Teófilo Martínez Escudero compra el 21 de abril un predio con matrícula 340-41237 de 8 hectáreas a $375.000 cada una, al señor Cecilio Tapia, y el 24 de mayo de 2005 compra un predio con matrícula 340-8987 de 11,5 hectáreas a $227.000 cada una, al señor Rubén Gutiérrez. Ese mismo año el señor Teófilo Martínez Escudero le vende a Reforestadora del Caribe 457 hectáreas a $1.275.000 cada una. ¿Será posible un campesino con 475 hectáreas en esa zona?, ¿y que haya vendido por miedo cuando el mismo año compra tierra en igual zona a precios más bajos?
De igual manera se ignoraron de las denuncias penales las evidencias de cómo algunos de los reclamantes recibieron pagos por parte de Argos por comisiones en compras de tierras, pagos por servicios de preparación de tierras y otros. ¿Es lógico que alguien que huye de la violencia o que es desplazado pueda mantener relaciones comerciales a lo largo de varios años con quien le compra su tierra para realizar este tipo de actividades? A pesar de que esto último le fue informado a los periodistas tampoco lo menciona el artículo, dándose crédito únicamente a la versión de la Unidad de Restitución de Tierras.
Mucho menos se refiere el artículo a la información suministrada por Argos en el sentido de compartir, particularmente con Ricardo Sabogal (Director de la Unidad de Restitución de Tierras), el texto de las denuncias penales contra los falsos reclamantes para él poder actuar conjuntamente con la fiscalía en contra de los mismos. Entregamos las pruebas a la Unidad de Restitución de Tierras, pero extrañamente el borrador de la denuncia terminó en manos de los Martínez. De esta situación anómala nada se registra en el artículo, cuando debería ser tan importante para la Unidad de Restitución de Tierras liderar las reclamaciones que afecten a las víctimas de la violencia, como investigar y poner en conocimiento de las autoridades los casos de falsos reclamantes.
4. El artículo pone en duda que la reforestación en Teca sea un mecanismo válido de compensación ambiental, incurriendo en el desafuero de citar unas declaraciones de la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, de las que no pudimos defendernos porque solamente nos enteramos de las mismas al leer el artículo publicado en la edición del pasado domingo.
El día viernes 11 de septiembre en la tarde, por solicitud de los periodistas Durán y Molano, enviamos un documento emitido oficialmente por las Naciones Unidas que respalda la reforestación con teca como mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y certifica la plantación de Argos en San Onofre. Igualmente enviamos otro documento en donde el Ministerio de Medio Ambiente certifica que el proyecto forestal de Argos en San Onofre es un proyecto viable de captura de CO2.
El artículo deliberadamente omite que el proyecto forestal es una compensación voluntaria, pretendiendo crear un inexistente debate sobre las obligaciones de la compañía con respecto a su huella ambiental.
5. El artículo menciona al final “Para los directivos de Argos, otra prueba fundamental a su favor son los argumentos de autoridad entre los que mencionan al hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes; el abogado coordinador de este caso, Ramiro Bejarano; el padre Rafael Castillo, director de Programas de Desarrollo y Paz del Canal del Dique, y el general (r) Rafael Colón, el entonces jefe militar de los Montes de María”.
En la reunión del jueves 3 de septiembre sugerimos a los periodistas Durán y Molano, contactar varias fuentes que podrían dar información importante sobre este caso, las cuales no fueron contactadas:
- El Dr. Yesid Reyes, quien antes de ser nombrado Ministro, redactó y firmó, después de analizar con detenimiento las pruebas, la denuncia penal contra Teófilo Martínez Escudero.
- El Dr. Ramiro Bejarano, abogado que hace parte del equipo de abogados externos que apoya a Argos en estos procesos.
- El Padre Rafael Castillo, director del Programa de Desarrollo y Paz del Canal del Dique, es un reconocido líder en Montes de María, no está vinculado con Argos y no ha participado en este proceso. Es una fuente experta en los Montes de María.
- El general Rafael Colón es actualmente director del programa de desminado y no tiene ninguna relación con Argos. Fue citado por los Juzgados de Sincelejo para que declarara en los procesos.
La mención de todas estas personas, en la forma como lo hizo el artículo es indicativa de la intención de tergiversar y afectar inclusive la honra de quienes ustedes bien conocen como el doctor Yesid Reyes, ex columnista de su periódico y hoy Ministro de Justicia, y el doctor Ramiro Bejarano, columnista y miembro del Consejo Editorial del periódico.
Adicionalmente, conocimos que los periodistas manifestaron haber contactado al equipo jurídico de Argos, hecho que no es cierto pues ninguno de los miembros del equipo jurídico de Argos fue tenido en cuenta para dar su versión.
Tampoco consultaron a los representantes de Finagro, entidad del Estado y socio del proyecto forestal, que desde el inicio decidió participar en el mismo para contribuir al desarrollo de la política forestal y la consolidación de esa zona del país. Si la demanda prospera, será el mismo Estado el que resultará perjudicado.
6. No se ocupa el artículo del enorme cambio en la calidad de vida de los habitantes de Palmira y Pajonalito por la presencia de Argos en la región.
No les pareció importante destacar que Argos ha hecho inversiones en esos corregimientos como el mejoramiento de la vía que los comunica con la cabecera municipal, la entrega de 34 viviendas de forma gratuita para familias habitantes de Palmira, tampoco menciona la construcción de 2 escuelas en ambos corregimientos, ni la generación de empleo formal, estable, bien remunerado y de calidad. En promedio esa plantación forestal genera 120 empleos permanentes directos, trabajadores que cuentan con seguridad social, transporte a sus sitios de residencia, afiliaciones a las cajas de compensación y todos los elementos de seguridad industrial. Durante el periodo 2006-2015, solo en salarios hemos pagado en la zona cerca de $25.000 millones y las inversiones sociales suman aproximadamente $9.000 millones en esos corregimientos.
Para nosotros y muchas otras instituciones esto sí es reconstrucción del tejido social y aporte al post conflicto, pero para los periodistas Durán y Molano pareciera más importante la devolución de la tierra a un grupo de finqueros ricos que viven en Sincelejo.
Por todo lo anterior, Argos rechaza los términos del artículo publicado con la firma de los periodistas Alfredo Molano Jimeno y Diana Durán Núñez, por su falta de objetividad y rigor periodístico, y, además, por su inocultable falta de ética, pues no se trató de un artículo para informar imparcialmente sino de un escrito panfletario del que participó un periodista que no tuvo inconveniente alguno en publicarlo en Twitter y Facebook, acompañado de calumnias contra la organización Argos, calificándola irresponsablemente de haber participado de las guerras, sin tener una sola prueba de tan grave y mentirosa afirmación. Argos respeta y prohíja la libertad de prensa, a cuyo mantenimiento y defensa viene contribuyendo de muy diversas maneras, pero está en el derecho de señalar que el artículo “Los reclamos de tierras a Argos” es una muestra de periodismo parcializado que le hace daño a la verdad y a la pulcritud informativa, y desdice de la tradición de esa casa periodística.
José Alberto Vélez. Presidente, Grupo Argos, Medellín.