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La respuesta a la pregunta (“¡Cuántas veces tendré que repetir mi respuesta a la infamia!”) es: hasta cuando la justicia investigue y concluya que usted --ni como ciudadano ni como gobernador de Antioquia-- tuvo relación ni responsabilidad alguna por acción o por omisión con los hechos que desencadenaron su asesinato.
Usted como gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y el comandante del Ejército Carlos Alberto Ospina tenían pleno conocimiento de las graves denuncias sobre connivencia entre Ejército y paramilitares que Jesús María Valle Jaramillo estaba haciendo de manera recurrente a fin de conseguir la protección de los habitantes de Ituango.
Cansado de que sus peticiones fueran desatendidas por las autoridades departamentales, Jesús María denunció públicamente la connivencia entre batallones de la Cuarta Brigada del Ejército y grupos paramilitares con ocasión de un enfrentamiento en el sector de Pescadero (Ituango). El gobernador no solo defendió al comandante de la IV Brigada negando la colusión como lo hace ahora a pesar de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además señaló en micrófonos radiales que el defensor de Derechos Humanos era un enemigo de las fuerzas armadas.
Tras ese señalamiento, el coronel del Ejército Héctor Emilio Barrio, por orden de su superior inmediato, interpuso una denuncia penal contra Jesús María por el delito de calumnia y un día después de acudir a hacer descargos ante la Fiscalía, fue asesinado en su oficina de abogado.
El poder, control y total libertad con que actuaban los grupos paramilitares en la zona de Ituango, el apoyo que recibían de las propias autoridades civiles y de muchos hacendados, los vínculos que tenían los miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares, tal como ha sido declarado tanto en tribunales nacionales como internacionales, hacían previsible e inminente el riesgo que se cernía en contra de Valle Jaramillo por denunciar esa connivencia.
Esa previsibilidad e inminencia del riesgo demandaban de las autoridades la puesta en marcha de acciones de prevención, protección y respeto que le garantizaran el libre ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos, pero en lugar de eso, lo que hubo fue la descalificación y señalamiento por parte suya como gobernador del departamento y la persecución judicial a instancias de una falsa denuncia por calumnia --de la que ha sido usted tan afecto-- realizada como mandado por un teniente del Ejército.
Entonces precisemos: 1) la masacre de El Aro no fue “una de las tantas cometidas por la guerrilla y los paramilitares” como afirma, sino que fue cometida por el Ejército y los paramilitares como está probado; 2) Jesús María Valle nunca tuvo gratitud con Álvaro Uribe, de eso doy fe; y 3) que Uribe Vélez tenga una declaración jurada de Jaime Jaramillo Panesso --el mismo que subió al helicóptero de donde bajaron a Jesús para que fuera por tierra al mencionado Consejo de Seguridad-- no significa en absoluto que eso sea cierto, sino más bien que alguien cometió perjurio o que tiene un extraño concepto de lo que significa gratitud.
Seguimos esperando la investigación.
María Victoria Fallon Morales. Abogada, defensora de Derechos Humanos, representante de la familia Valle Jaramillo y de las víctimas y familiares de las Masacres de Ituango ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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