Se trata del conocimiento tradicional, del conocimiento empírico y del derivado de la aplicación del método científico.
Argumentaré sobre la oportunidad prospectiva de la sociedad colombiana para apropiar el conocimiento con fines de desarrollo productivo y de superación de la exclusión social. En Colombia existe ya un buen acerbo de experiencia para lograr un consenso nacional para que el proceso y los resultados e impactos de la investigación satisfagan la curiosidad del investigador, contribuyan a superar problemas estructurales o aprovechar excelentes oportunidades en campos como la salud, la justicia, educación, la biodiversidad o la industria. Y todo ello con la postura ética expuesta por Guillermo Hoyos: “ni los científicos, no los ingenieros, ni los técnicos, los ciudadanos tienen la última palabra en lo relativo a la incidencia social de la ciencia, la técnica y la tecnología”.
Después de casi un cuarto de siglo del neoclásico Consenso de Washington, los datos demuestran que, en ciencia e innovación, el mercado por sí solo no induce una inversión siquiera mínima en estas materias —la inversión colombiana en investigación y desarrollo (I&D) equivale a la tercera parte del promedio latinoamericano y a la undécima parte de la de los países de la OCDE—.
Entre las razones para realizar una mayor inversión pública en I&D cabe mencionar las fallas de mercado, de sistema y de Estado; el hecho de que la tecnología, como lo pregona el neoliberalismo, no está of the shelf, fuera de los estantes y disponible, sino que está mediada por un complejo sistema de propiedad intelectual que implica inversiones cuantiosas para acceder a aquella, se generan grandes asimetrías de información entre el propietario de la tecnología y el interesado, y que dicho sistema es objeto de severas y sustentadas críticas y propuestas de reformas —Stiglitz—; está demostrado que en objetos de investigación de nuestro interés, especialmente la diversidad en todas sus dimensiones, por razones de soberanía nacional y de interés social y privado, el Estado colombiano debe apoyar investigación estratégica y aplicada, y fomentar la innovación. Los países desarrollados no lo van a hacer por nosotros.
En cuanto a los cambios que la consideración orgánica del conocimiento implica en el modelo de desarrollo para estos nuevos tiempos que se avecinan, es conveniente, en primer lugar, resaltar que la I&D y su institucionalidad, a través del concepto de la productividad total factorial, impulsan un crecimiento acelerado y sostenido del PIB de los países industrializados y los emergentes que hacen inversión suficiente en ello, posibilitando, si lo hacemos, superar nuestra tradicional “velocidad de crucero”; en segundo lugar, tal como lo demuestra la experiencia de los países de la OCDE y lo pregona la Cepal, se requiere concertar una política de Estado en ciencia e innovación, e integrarla con las políticas macroeconómica, de transformación productiva y de desarrollo social; se trata de igualar para crecer y de crecer para igualar; hoy en día se cuenta con un verdadero arsenal de modelos, técnicas y herramientas para hacer que estos objetivos sean convergentes. Es más que todo un asunto político.
Oteando el futuro: observemos la experiencia de Brasil y sobre todo de Chile: los chilenos van por su tercera versión de la estrategia nacional de investigación e innovación, una sólida señal de que serán los primeros latinoamericanos en arribar al desarrollo, con la ciencia y la innovación como puntales.
Se trata del conocimiento tradicional, del conocimiento empírico y del derivado de la aplicación del método científico.
Argumentaré sobre la oportunidad prospectiva de la sociedad colombiana para apropiar el conocimiento con fines de desarrollo productivo y de superación de la exclusión social. En Colombia existe ya un buen acerbo de experiencia para lograr un consenso nacional para que el proceso y los resultados e impactos de la investigación satisfagan la curiosidad del investigador, contribuyan a superar problemas estructurales o aprovechar excelentes oportunidades en campos como la salud, la justicia, educación, la biodiversidad o la industria. Y todo ello con la postura ética expuesta por Guillermo Hoyos: “ni los científicos, no los ingenieros, ni los técnicos, los ciudadanos tienen la última palabra en lo relativo a la incidencia social de la ciencia, la técnica y la tecnología”.
Después de casi un cuarto de siglo del neoclásico Consenso de Washington, los datos demuestran que, en ciencia e innovación, el mercado por sí solo no induce una inversión siquiera mínima en estas materias —la inversión colombiana en investigación y desarrollo (I&D) equivale a la tercera parte del promedio latinoamericano y a la undécima parte de la de los países de la OCDE—.
Entre las razones para realizar una mayor inversión pública en I&D cabe mencionar las fallas de mercado, de sistema y de Estado; el hecho de que la tecnología, como lo pregona el neoliberalismo, no está of the shelf, fuera de los estantes y disponible, sino que está mediada por un complejo sistema de propiedad intelectual que implica inversiones cuantiosas para acceder a aquella, se generan grandes asimetrías de información entre el propietario de la tecnología y el interesado, y que dicho sistema es objeto de severas y sustentadas críticas y propuestas de reformas —Stiglitz—; está demostrado que en objetos de investigación de nuestro interés, especialmente la diversidad en todas sus dimensiones, por razones de soberanía nacional y de interés social y privado, el Estado colombiano debe apoyar investigación estratégica y aplicada, y fomentar la innovación. Los países desarrollados no lo van a hacer por nosotros.
En cuanto a los cambios que la consideración orgánica del conocimiento implica en el modelo de desarrollo para estos nuevos tiempos que se avecinan, es conveniente, en primer lugar, resaltar que la I&D y su institucionalidad, a través del concepto de la productividad total factorial, impulsan un crecimiento acelerado y sostenido del PIB de los países industrializados y los emergentes que hacen inversión suficiente en ello, posibilitando, si lo hacemos, superar nuestra tradicional “velocidad de crucero”; en segundo lugar, tal como lo demuestra la experiencia de los países de la OCDE y lo pregona la Cepal, se requiere concertar una política de Estado en ciencia e innovación, e integrarla con las políticas macroeconómica, de transformación productiva y de desarrollo social; se trata de igualar para crecer y de crecer para igualar; hoy en día se cuenta con un verdadero arsenal de modelos, técnicas y herramientas para hacer que estos objetivos sean convergentes. Es más que todo un asunto político.
Oteando el futuro: observemos la experiencia de Brasil y sobre todo de Chile: los chilenos van por su tercera versión de la estrategia nacional de investigación e innovación, una sólida señal de que serán los primeros latinoamericanos en arribar al desarrollo, con la ciencia y la innovación como puntales.