El costo de vida en Colombia

Recientemente hemos visto un incremento prolongado en los precios de combustible vehicular, lo cual afecta significativamente los precios de los productos de la canasta básica, afectando tanto al productor como al comprador de bienes y servicios; así mismo, influye en los precios de los pasajes terrestres y aéreos.

El reciente aumento del precio del diésel ha sido justificado en la creciente inflación y la deuda pública, para reducir el gasto fiscal generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), subsidio que resulta insostenible y cuyo déficit, a diciembre de 2023, ascendía a los $100,3 billones, según reportes del Ministerio de Hacienda, comprometiendo así la estabilidad macroeconómica de nuestro país.

Por sí solo, este aumento no supondría mayor afectación; no obstante, es incoherente afirmar que este hecho no repercute en la vida diaria, pues el presupuesto familiar ahora debe priorizar los elementos de consumo diario y gastos de servicios inherentes a la supervivencia, dejando de lado aspectos relacionados al libre desarrollo de la personalidad, como cultura, deportes, viajes, etc., afectando con ello la empleabilidad y la calidad de vida.

La variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE, actualizado a fecha 8 de agosto del año en curso, nos otorga el comparativo del precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en el país, registrando a corte agosto del 2024 una variación del 4,32 % del IPC, sin desconocer la variación de años anteriores que ascienden a 13,12 % para el 2022, y para el año 2023 una variación del 9,28 %.

La sociedad ya no encuentra un respiro en los constantes aumentos de los costos de vida, que impiden no solo la adquisición de alimentos, sino que perjudican el desarrollo normal de los ciudadanos; los costos de pasajes impiden el desarrollo turístico de las poblaciones, el suministro de elementos para las pequeñas empresas, se prescinde de algunos empleos y disminuyen las ofertas laborales al encontrar aumentos de los costos de producción y menor cantidad de demanda de los servicios gastronómicos y hoteleros.

La adquisición de uniformes, calzado, alimentos preparados, utensilios, y obviamente el pago de los salarios de los empleados, se han vuelto insostenibles. Las bondades de vivir en un país como Colombia se opacan con las dificultades que se intensifican cada mes con las alzas desmedidas en los precios y la violencia prolongada que se extiende por nuestro territorio.

Un país que se ha salido de control y cuyos gobernantes prometen una tranquilidad idealizada y quimérica, no proyecta un futuro prominente, y el patriotismo obliga a exigir soluciones reales y planes ajustados a las necesidades, que permitan el impulso económico y productivo del país; pese a esto, es frustrante visualizar comunidades enteras que prefieren no observar los percances y que se abstienen de tomar postura en el debate político que se requiere frente a los múltiples descuidos y afectaciones económicas que se promueven contra la sociedad.

Es entonces un llamado a que se exija una respuesta oportuna y consciente de las entidades correspondientes, a reprochar formalmente la negligencia de algunos miembros del gobierno, a fiscalizar las gestiones de la rama ejecutiva, pero sobre todo a ejercer la veeduría y control ciudadano, como parte de las obligaciones propias de todo colombiano.

Recientemente hemos visto un incremento prolongado en los precios de combustible vehicular, lo cual afecta significativamente los precios de los productos de la canasta básica, afectando tanto al productor como al comprador de bienes y servicios; así mismo, influye en los precios de los pasajes terrestres y aéreos.

El reciente aumento del precio del diésel ha sido justificado en la creciente inflación y la deuda pública, para reducir el gasto fiscal generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), subsidio que resulta insostenible y cuyo déficit, a diciembre de 2023, ascendía a los $100,3 billones, según reportes del Ministerio de Hacienda, comprometiendo así la estabilidad macroeconómica de nuestro país.

Por sí solo, este aumento no supondría mayor afectación; no obstante, es incoherente afirmar que este hecho no repercute en la vida diaria, pues el presupuesto familiar ahora debe priorizar los elementos de consumo diario y gastos de servicios inherentes a la supervivencia, dejando de lado aspectos relacionados al libre desarrollo de la personalidad, como cultura, deportes, viajes, etc., afectando con ello la empleabilidad y la calidad de vida.

La variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE, actualizado a fecha 8 de agosto del año en curso, nos otorga el comparativo del precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en el país, registrando a corte agosto del 2024 una variación del 4,32 % del IPC, sin desconocer la variación de años anteriores que ascienden a 13,12 % para el 2022, y para el año 2023 una variación del 9,28 %.

La sociedad ya no encuentra un respiro en los constantes aumentos de los costos de vida, que impiden no solo la adquisición de alimentos, sino que perjudican el desarrollo normal de los ciudadanos; los costos de pasajes impiden el desarrollo turístico de las poblaciones, el suministro de elementos para las pequeñas empresas, se prescinde de algunos empleos y disminuyen las ofertas laborales al encontrar aumentos de los costos de producción y menor cantidad de demanda de los servicios gastronómicos y hoteleros.

La adquisición de uniformes, calzado, alimentos preparados, utensilios, y obviamente el pago de los salarios de los empleados, se han vuelto insostenibles. Las bondades de vivir en un país como Colombia se opacan con las dificultades que se intensifican cada mes con las alzas desmedidas en los precios y la violencia prolongada que se extiende por nuestro territorio.

Un país que se ha salido de control y cuyos gobernantes prometen una tranquilidad idealizada y quimérica, no proyecta un futuro prominente, y el patriotismo obliga a exigir soluciones reales y planes ajustados a las necesidades, que permitan el impulso económico y productivo del país; pese a esto, es frustrante visualizar comunidades enteras que prefieren no observar los percances y que se abstienen de tomar postura en el debate político que se requiere frente a los múltiples descuidos y afectaciones económicas que se promueven contra la sociedad.

Es entonces un llamado a que se exija una respuesta oportuna y consciente de las entidades correspondientes, a reprochar formalmente la negligencia de algunos miembros del gobierno, a fiscalizar las gestiones de la rama ejecutiva, pero sobre todo a ejercer la veeduría y control ciudadano, como parte de las obligaciones propias de todo colombiano.