Es hora de corregir un exceso constitucional

Las fuerzas militares y la Policía son organizaciones, los militares y los policías son ciudadanos.

Cuando los alumnos se convierten en oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares o de la Policía hacen el siguiente juramento: “Juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria, Colombia, de la cual es símbolo, una nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos”. Cuando hacen este juramento, los militares y policías en ningún momento renuncian a su calidad de ciudadanos colombianos, aunque la misma patria que juraron defender les cercene a partir de ese momento el más preciado de los derechos políticos en una democracia constitucional: el derecho al voto.

En la discusión sobre este asunto aún resuenan los ecos del discurso del presidente Lleras Camargo en el Teatro Patria, en el que justificó la decisión de mantener apartadas a las fuerzas armadas de la deliberación política para preservar su talante democrático y salvaguardar su unidad interna.

Las circunstancias institucionales han cambiado desde aquel 9 de mayo de 1958, cuando la república sanaba a tientas las heridas de la violencia bipartidista de los años 50 y de la dictadura del general Rojas Pinilla. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han demostrado con su comportamiento —desde 1953 no ha habido ningún golpe de Estado— que son organizaciones profesionales, maduras y respetuosas del orden democrático.

Quienes se oponen a devolverles el voto a los militares y a los policías aducen varios miedos: que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se dividan en función de la militancia política, que las armas sean las razones para votar por una propuesta política y que los cuarteles —como se llama metafóricamente a cualquier unidad militar o policial— se conviertan en un espacio para el proselitismo político.

Los tres miedos hablan más de la desconfianza del estamento civil en sus propias capacidades para dirigir y controlar la fuerza pública que de los supuestos ánimos antidemocráticos de los militares y policías.

Los planes de guerra de las Fuerzas Militares y los planes estratégicos de la Policía Nacional, que son los documentos rectores para el empleo de la fuerza armada del Estado, obedecen a los lineamientos civiles del Plan Nacional de Desarrollo y de la política de defensa y seguridad. La coacción armada con propósitos políticos la han ejercido las guerrillas y los grupos ilegales, nunca las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional. Prejuzgar la conducta de las unidades militares o policiales equivale a afirmar que en época electoral los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias son escenarios de contienda política, lo cual no es cierto y está prohibido.

Votar es un acto tan íntimo como ir al baño. El secreto del sufragio le garantiza al ciudadano la libertad de votar por el candidato de su preferencia sin temer represalias o consecuencias adversas. Cuando el ciudadano acude a la urna de votación, su conciencia y sus preferencias le dicen cómo votar, no lo que le haya sugerido u ordenado su jefe, su superior jerárquico o su comandante.

Los militares y policías —marineros o almirantes, cabos o generales— son tan ciudadanos colombianos y tan servidores públicos como cualquiera de los demás ciudadanos civiles que también ejercen la función pública. Sin embargo, mientras estos conservan todos sus derechos políticos cuando toman posesión de su cargo, aquellos los pierden cuando juran defender la patria, aun si ello les cuesta la vida.

Es hora de corregir un exceso constitucional y devolverles a los militares y a los policías el derecho al voto.

* Vicepresidente del Capítulo de Economía de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes.