La hipocresía de la vivienda social

Con la discusión sobre el aumento del salario mínimo aparecen contradicciones muy interesantes de analizar, entre ellas las mal llamadas VIS y VIP (viviendas sociales).

Es una contradicción enorme tasar el precio de las “viviendas sociales” con una variable que trabaja sobre el empleo “formal”, cuando el 55,5 % de los colombianos viven de trabajos informales (DANE, 2023), de manera que el salario mínimo se convierte en un espejismo, puesto que la política nacional de vivienda social debería apuntar a los hogares más pobres que no son formales en términos de empleo.

La política pública nacional de los últimos 20 años ha consistido exclusivamente en la fórmula de promocionar la producción de vivienda nueva, incentivar el acceso al crédito hipotecario y brindar subsidios para mejorar el acceso al crédito. Todos estos, mecanismos inaccesibles para un país con una población en pobreza monetaria del 36,6 % con otro 13,9 % en pobreza monetaria extrema (DANE, 2022).

CAF señalaba desde el año 2017 que si los hogares latinoamericanos “destinaran el 30 % de sus ingresos al consumo de servicios habitacionales, necesitarían más de 30 años de ahorros para adquirir una vivienda de 60 m² de precio mediano”.

En este sentido, es ilustrativo el caso de Bogotá, que para el 2022 vendió 59.941 unidades de vivienda, de las cuales el 79 % eran VIS (47.353 unidades). De estas viviendas el 35 % (16.804 unidades) obtuvieron un crédito VIS y únicamente un 7,6 % (3.621 unidades) fueron apalancadas por el Distrito en hogares realmente pobres con el mecanismo de la Oferta Preferente (Observatorio de la Vivienda, 2023). Así las cosas, es evidente que la mayor parte de las “viviendas sociales” VIS (30.549 unidades, que representan el 65 % de las ventas) fueron adquiridas sin créditos, es decir, fueron “capturadas” por estratos con mayor capacidad económica, para luego ser colocadas en el mercado del arriendo.

En 2017 los hogares en arriendo de los estratos 1, 2 y 3 en Bogotá alcanzaban el 44,9 %, 50,6 % y 44,3 % respectivamente. Para el año 2023, Bogotá es la ciudad del país con mayor porcentaje de población viviendo en arriendo o subarriendo, alcanzando el 52,7 % (DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2023). Está claro que la tendencia de la población en la ciudad no es de propietarios y menos en las franjas más pobres.

Así las cosas, no existe ninguna evidencia de que las “viviendas sociales” VIS y VIP estén siendo adquiridas por los hogares con menor capacidad económica, de allí que los estratos 1, 2 y 3 recurren al mercado informal, a través de procesos de autoconstrucción ilegales, pagadiarios y ocupaciones ilegales en zonas de alto riesgo. Estas últimas revelan la verdadera magnitud del problema.

Las ocupaciones ilegales crecieron un 95 % entre 2004 y 2018, según cifras de la Secretaría Distrital de Planeación, teniendo 9.600 familias para reasentar, con 5.611 hectáreas susceptibles de ser ocupadas y 2.162 hectáreas ya en proceso de ocupación.

En síntesis, la política de vivienda social va en una dirección equivocada, una política para pobres que no los tiene en cuenta. En términos del economista Albert Hirschman, “la política de la perversidad” que produce efectos indeseados, los cuales por lo general empeoran los problemas originales y crean otros nuevos.

El efecto indeseado de esta política ha sido el aumento de la exclusión socioespacial. De allí que sea urgente replantear no solo la variable que define el costo de una vivienda social, sino adicionalmente la creación de un mercado alternativo que permita el acceso real de los hogares pobres a viviendas de calidad.

* Arquitecto. Mg., Urbanismo. Ph. D., Políticas Públicas.