La reforma a la salud por la vía territorial


La realidad del sistema de salud es que sencillamente está quebrado, tiene una falla estructural que genera burbujas financieras por el modelo de pagos diferidos al sector real de la economía, las clínicas y hospitales, el intermediario es incapaz de asegurar el riesgo financiero, y “es una locura seguir insistiendo en hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. La otra realidad es que los sucesivos gobiernos no han asumido el costo político del ajuste en el modelo financiero. No se trata de una iniciativa del actual, es la imperiosa necesidad de afrontar un desenlace que exige un alto grado de conciliación en el Congreso. Entre los intereses por el manejo público o privado del multibillonario negocio de la salud, fallaron las apuestas de inclinar la balanza hacia lo público, esta fue la causa para terminar la luna de miel de la coalición de gobierno del presidente Petro.

El turno es para los gobernadores, que tienen la sartén por el mango. La realidad es que cualquier reforma a la salud que el Gobierno central, por vía ejecutiva o legislativa, pretenda implementar aterriza en la capacidad objetiva, la disposición de recursos y la voluntad política de los mandatarios territoriales recién posesionados, quienes conocen las necesidades de sus comunidades y se comprometieron a solucionarlas. Son los gobernadores los que tienen la capacidad de cofinanciación con el Gobierno nacional, por la vía del sistema general de participaciones, para reconstruir y dotar la red pública hospitalaria, desde los centros de primer nivel de baja complejidad, pasando por los hospitales de provincia o regionales y articularlos con los hospitales universitarios de alta complejidad. Son los gobernadores los competentes para organizar esquemas asociativos territoriales entre departamentos, en un proceso de construcción colectiva de país, conformando libremente entes territoriales para la administración y planeación del servicio público de salud, aplicando la Ley 1454/11, superando los límites de los departamentos y municipios sin conformar nuevas circunscripciones electorales según el Decreto 1599/22. Son los gobernadores los responsables de organizar la red pública integral, asociando las ESE de estos territorios sanitarios, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1298/94, unificando así la administración para recibir los recursos de la UPC subsidiada en el giro directo del ADRES, aplicando el mandato del Plan Nacional de Desarrollo, implementando la atención primaria y los equipos básicos de salud en los microterritorios definidos en la Ley 1438/11. Y para completar el poder que tienen, los gobernadores están en capacidad de conformar la gestora de vida, como nueva modalidad de EPS pública de propiedad de la red de las ESE territoriales, soportados en el patrimonio fiscal hospitalario, según el artículo 181 de la Ley 100/93. Así las cosas, son los gobernadores los que tienen todo el poder de negociación a su favor para reorganizar el sistema de salud, implementando la Ley Estatutaria en Salud, aplicando la gran cantidad de leyes muertas del sector, que según la costumbre castellana “las leyes se acatan, pero no se cumplen”, sin pensar en una constituyente sanitaria. Falta ver qué tan interesados están los gobernadores en perfilar la reforma o si se atienen a lo que les indiquen desde la capital.

La gobernanza como estrategia de atención primaria en salud, contenida en los compromisos adquiridos sobre política pública regional con la OPS-OMS en las declaraciones de Montevideo 2005, basado en el equilibrio entre el Estado con la sociedad civil y el mercado, para lograr un desarrollo económico, institucional y social estable, para atender las necesidades de unas comunidades ubicadas en unos espacios territoriales, con redes de prestadores diseñadas con una capacidad instalada completa, con los tres niveles de complejidad en la atención, con los 14 atributos esenciales de las redes integrales de servicios de salud, como iniciativa de la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Salud establecidos en el consenso de Iquique 2009.

Los Consejos Territoriales de Salud, vigentes por Ley 1122/07 pero desactualizados, únicos por cada territorio sanitario, tripartitas conformados por la autoridad sanitaria concurrente, los usuarios organizados y el talento humano en salud representado en comités de autorregulación, consejos territoriales con funciones de planeación, elaboración de presupuestos con sostenibilidad fiscal y saldo mensual cero, con asignación de la auditoría externa a las gestoras de vida como nueva modalidad de EPS. Estos consejos son el puente transectorial para las acciones en los territorios sobre los determinantes sociales de la salud, son los contrapesos para aplicar la lógica de la eficiencia sobre la corrupción con los recursos destinados para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Para el desarrollo de la estrategia renovada en atención primaria en salud definida en la conferencia de Astaná 2018, más que nuevas leyes, son indispensables la voluntad política y el cumplimiento a los electores sobre las promesas de campaña, el conocimiento de las funciones esenciales de la salud pública, la asignación progresiva de los recursos necesarios y posibles para el país, de nuevo la instalación de la mesa de concertación entre Minsalud y los gremios para implementar la Ley Estatutaria en Salud, y la participación de las comunidades en las decisiones que afectan su estado de salud.

* Colegio Médico Colombiano seccional Huila, Fecolmed, Sintrauma.