Por Sebastián Carreño Velásquez
La muerte de Dilan o la violencia contra policías en el marco del paro nacional rápidamente avocan fuertes sentimientos en la mayoría de colombianos, tales como radicalizaciones de opiniones sobre las protestas, rayando incluso en la crueldad. Unos asumen que estos hechos son gajes del oficio y que no hubieran pasado si no hubiera protestas en un primer lugar; otros ahora justifican con mayor intensidad las respuestas violentas y de daño a los bienes públicos ante las acciones del Esmad. Esto, más que cualquier otra cosa, manifiesta que, más allá de la dicotomía entre orden y protesta, existe un conflicto latente en la sociedad colombiana urbana y rural.
Fíjense todos los lectores que cuando se anuncia un paro o una manifestación, automáticamente saltan prejuicios contra las protestas, pues se les asume como vándalos, canallas, revolucionarios, personas que dañan muros, vidrios y que, además, representan una grave amenaza violenta contra el orden y los bienes públicos. E incluso también son evidentes las estigmatizaciones frente a la Policía y la Fuerza Pública en general, asociándolas con terrorismo de Estado, represión violenta y desmedida, llamándolas cerdos y criminales. Esto tiene un efecto tácito, pero percibido por todos los presentes en la calle: tensión. Una tensión que llena de miedo a todas las personas y que genera una actitud de prevención frente a los protestantes o los policías. Esto es especialmente grave porque cuando las personas asumen al otro como una amenaza inminente, necesariamente tienden a estar alertas ante cualquier sospecha de hostilidad, lo cual genera que en el momento de que cualquier elemento disruptivo rompa la tensión, el conflicto estalle y se escale la violencia. Esto explica que parezca que en muchos momentos las medidas utilizadas para dispersar la protesta o resistir la dispersión son desproporcionadas y violentas.
Y es un problema que se alimenta culturalmente, pues, eventualmente, los diferentes sectores de la sociedad profundizan el imaginario colectivo de amenaza, según por quien se sientan victimizados, a través de chistes, señalamientos, comentarios, arengas, caricaturas y hasta relatos. Ante esto, hay quienes dejan de ver a un policía o a un protestante como un humano, sino como un cerdo o un guerrillero, respectivamente.
Si estamos en un país cuya historia está atravesada por violencia culturalmente justificada, es momento de que se asuma este conflicto como prioritario en las agendas públicas. A los protestantes, estudiantes y obreros les debe interesar, porque el que muchas veces la policía se sienta agredida verbal y físicamente afianza la desconfianza frente las marchas e impulsa abusos de autoridad. Y a la Fuerza Pública le debe interesar, pues si su trabajo es asegurar la paz y la seguridad en el territorio, es imposible hacerlo con personas que no confían en la autoridad, pues estudiantes con miedo del Esmad son luego padres, trabajadores, profesores, jefes y, en general, ciudadanos que no confiarán en la policía para que los proteja. Es tan inaudito para la construcción de la paz que un ciudadano se sienta motivado a vandalizar y agredir como que la población no se sienta segura rodeada de su policía.
Es necesario que la Policía Nacional y las autoridades municipales, especialmente las de ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, se asuman en el reto de iniciar procesos urgentes de reconciliación entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. Espacios para que se pida perdón, se recojan deudas históricas, se humanice a aquel que está detrás del casco o las pañoletas y se desmonten aquellas estigmatizaciones anteriormente mencionadas. Finalmente, si algo hemos aprendido en este conflicto es que nunca la verdad es simplificable y que la solución siempre estará en reconocernos mutuamente.
Por Sebastián Carreño Velásquez
La muerte de Dilan o la violencia contra policías en el marco del paro nacional rápidamente avocan fuertes sentimientos en la mayoría de colombianos, tales como radicalizaciones de opiniones sobre las protestas, rayando incluso en la crueldad. Unos asumen que estos hechos son gajes del oficio y que no hubieran pasado si no hubiera protestas en un primer lugar; otros ahora justifican con mayor intensidad las respuestas violentas y de daño a los bienes públicos ante las acciones del Esmad. Esto, más que cualquier otra cosa, manifiesta que, más allá de la dicotomía entre orden y protesta, existe un conflicto latente en la sociedad colombiana urbana y rural.
Fíjense todos los lectores que cuando se anuncia un paro o una manifestación, automáticamente saltan prejuicios contra las protestas, pues se les asume como vándalos, canallas, revolucionarios, personas que dañan muros, vidrios y que, además, representan una grave amenaza violenta contra el orden y los bienes públicos. E incluso también son evidentes las estigmatizaciones frente a la Policía y la Fuerza Pública en general, asociándolas con terrorismo de Estado, represión violenta y desmedida, llamándolas cerdos y criminales. Esto tiene un efecto tácito, pero percibido por todos los presentes en la calle: tensión. Una tensión que llena de miedo a todas las personas y que genera una actitud de prevención frente a los protestantes o los policías. Esto es especialmente grave porque cuando las personas asumen al otro como una amenaza inminente, necesariamente tienden a estar alertas ante cualquier sospecha de hostilidad, lo cual genera que en el momento de que cualquier elemento disruptivo rompa la tensión, el conflicto estalle y se escale la violencia. Esto explica que parezca que en muchos momentos las medidas utilizadas para dispersar la protesta o resistir la dispersión son desproporcionadas y violentas.
Y es un problema que se alimenta culturalmente, pues, eventualmente, los diferentes sectores de la sociedad profundizan el imaginario colectivo de amenaza, según por quien se sientan victimizados, a través de chistes, señalamientos, comentarios, arengas, caricaturas y hasta relatos. Ante esto, hay quienes dejan de ver a un policía o a un protestante como un humano, sino como un cerdo o un guerrillero, respectivamente.
Si estamos en un país cuya historia está atravesada por violencia culturalmente justificada, es momento de que se asuma este conflicto como prioritario en las agendas públicas. A los protestantes, estudiantes y obreros les debe interesar, porque el que muchas veces la policía se sienta agredida verbal y físicamente afianza la desconfianza frente las marchas e impulsa abusos de autoridad. Y a la Fuerza Pública le debe interesar, pues si su trabajo es asegurar la paz y la seguridad en el territorio, es imposible hacerlo con personas que no confían en la autoridad, pues estudiantes con miedo del Esmad son luego padres, trabajadores, profesores, jefes y, en general, ciudadanos que no confiarán en la policía para que los proteja. Es tan inaudito para la construcción de la paz que un ciudadano se sienta motivado a vandalizar y agredir como que la población no se sienta segura rodeada de su policía.
Es necesario que la Policía Nacional y las autoridades municipales, especialmente las de ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, se asuman en el reto de iniciar procesos urgentes de reconciliación entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. Espacios para que se pida perdón, se recojan deudas históricas, se humanice a aquel que está detrás del casco o las pañoletas y se desmonten aquellas estigmatizaciones anteriormente mencionadas. Finalmente, si algo hemos aprendido en este conflicto es que nunca la verdad es simplificable y que la solución siempre estará en reconocernos mutuamente.