Líderes sociales: historias debidas

Michel Forst, el entonces relator de Naciones Unidas sobre el tema, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Y tiene razón: entre 2017 y 2019 fueron asesinados 339 líderes sociales, según cifras oficiales confirmadas de la ONU. Hasta el 19 de abril de 2020, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 56 más. Y las muertes siguen.

Estas cifras son dolorosas, pero no muestran la tragedia detrás de cada caso. Un grupo de columnistas hemos querido entonces presentar las vidas de algunas de estas personas, aprovechando la valiosa labor de documentación que han realizado organizaciones como Somos Defensores o la sección Colombia2020 de este diario.

Maritza Isabel Quiroz Leiva tenía 60 años cuando fue asesinada, el 5 de enero de 2019, en su vivienda en la vereda de San Isidro, de Santa Marta. Ya había sufrido la violencia. Era de Valledupar, pero se tuvo que desplazar, junto con su familia, a Ciénaga, en donde lograron reconstruir su vida y prosperar. Pero su esposo fue asesinado. Tuvo que desplazarse de nuevo y terminó, con sus hijos, en Santa Marta, en condiciones muy difíciles. Pero con el coraje que la caracterizaba, Maritza Quiroz siguió luchando no solo por su familia, sino además por el bienestar de la comunidad. Logró que sus cinco hijos sean profesionales. Y alternó su trabajo en el campo con su liderazgo comunitario, en particular en defensa de los derechos de la comunidad afrodescendiente y de las mujeres desplazadas. Al momento de su asesinato, era suplente en la Mesa de Víctimas de Santa Marta y firme defensora del Acuerdo de Paz. Había recibido amenazas en 2018 y la Corte Constitucional había solicitado medidas de protección para su vida, pero fue asesinada.

Gloria Isabel Ocampo tenía 37 años cuando fue asesinada en la vereda de La Estrella, en Puerto Guzmán, en Putumayo, el 7 de enero de 2020. Era en ese momento secretaria de la Junta de Acción Comunal y acompañaba los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Igualmente había participado en la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un programa surgido del Acuerdo de Paz para mejorar la situación de los 170 municipios que han sufrido mayor violencia, pobreza y exclusión. Había recibido amenazas por su liderazgo, pero siguió comprometida con la paz y el desarrollo alternativo. Fue asesinada en su residencia, junto con Eladio Moreno. Su esposo y su hijita de 12 años son ahora víctimas del desplazamiento, pues tuvieron que abandonar la región.

Luis Eduardo Dagua Conda fue encontrado muerto y con signos de tortura el 16 de julio de 2018 en Caloto, Cauca. Era un reconocido líder campesino de la región y uno de los fundadores de la vereda El Carmelo. Era igualmente integrante de su Junta de Acción Comunal y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal), que hace parte de Fensuagro. Era igualmente integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y de la Marcha Patriótica, Cauca. Fue un gran defensor de los derechos de los adultos mayores. Además, era padre de Eduardo Dagua, un excombatiente de las Farc reintegrado a la vida civil.

Estas tres “historias de vida” de estos líderes son, por jugar con las palabras, “historias debidas” para que superemos la indolencia frente a esta matazón, que es terrible no solo por el drama humano detrás de cada crimen sino además por sus graves efectos sobre nuestra precaria democracia. Cada asesinato de un líder social es un empobrecimiento de la democracia, pues sin líderes sociales que puedan ejercer sin temores su derecho a defender derechos no puede haber una democracia vibrante.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.