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El caso del desastre de Hidroituango ha sido de todo, menos un desastre natural. Vamos desde el principio.
El 29 de diciembre de 1997, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ejecutó la Ordenanza No 35 de la Asamblea Departamental para crear la “Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.” definiéndola como una zona de reserva natural, turística y ambiental. (Ver Ordenanza No. 35).
Ahí nació este proyecto.
Después vino su maduración con la gobernación de Luis Alfredo Ramos Botero, quien en el 2010 adjudicó el proyecto a Empresas Públicas de Medellín, EPM. (Ver Crónicas de Hidroituango).
Ese año se licitó la construcción de los túneles de acceso y aparte se convocó otra licitación para el equipamiento de la turbina de generación y ciertos equipos hidromecánicos y eléctricos.
En octubre de 2011 la dirección de EPM convocó a compañías colombianas y extranjeras para la licitación de la “construcción de los Túneles de Desviación, del Túnel de Acceso y las Galerías de Construcción de la Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”.
Aunque al comienzo del proceso más de veinte empresas mostraron interés, sólo siete entraron en la puja. Gigantes de la construcción en España, como Dragados, Sacyr y Ferrovial se quedaron por fuera, a pesar de que por la envergadura de la obra se necesitaba expertos de ese nivel. (Ver Denuncia en Diariocrítico).
Pero después se supo por qué.
Según estas compañías la licitación era excluyente y se circunscribió a “facilitar” las ofertas de firmas constructoras de Brasil, generando irregularidades en la licitación.
Así como se oye.
Tal y como lo reportó la revista Semana, una de esas irregularidades es que, dentro de los requisitos que EPM estableció, los proponentes debían tener un crédito y demostrar la forma como iban a financiar la obra, lo que dejó a varios interesados por fuera de la carrera.
Esto debido a la dificultad para obtener avales en Europa y Estados Unidos por la crisis económica del momento. Pero en el último minuto cuando el proceso estaba en la etapa final y sólo quedaban dos proponentes, las brasileras Odebrecht y Camargo Correa, este requisito fue eliminado silenciosamente sin mayor explicación. (Ver Después de Odebrecht viene Camargo Correa).
Qué coincidencia.
Fuera de eso doce días antes del cierre, EPM decidió que toda la información del proceso debías ser reservada y cinco días después, modificaron los requisitos de experiencia de los proponentes. Lo dejaron a la medida. (Ver Adendas).
El ganador finalmente del proyecto fue Consorcio CCC Ituango, conformado, entre otros, por Constructoes e Comercio Camargo Correa S.A. del Brasil (CCC) y Coninsa Ramon H S.A. (Ver Acta de apertura de ofertas).
Ahí viene la otra irregularidad que tiene que ver con un evidente conflicto de intereses.
En la licitación era cuestionable la participación de la empresa Coninsa Ramon H S.A. ya que esta empresa estaba vinculada con las sociedades Integral Ingeniería de Consulta S.A. e Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A. Todas estas pujantes compañías tenían como miembro principal de su Junta Directiva al señor Jairo Hoyos Gómez. (Ver Cámaras de Comercio).
Estas empresas, conformaron el Consorcio Generación Ituango, que ejecutó el contrato 007-2008 cuyo objeto fue la elaboración de los “diseños detallados del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango y asesoría durante la construcción”.
Un certificado emitido por la Cámara de Comercio de Medellín con fecha del 31 de mayo de 2012 refiere la relación del señor Hoyos Gómez, en su calidad de presidente ejecutivo, con la empresa Integral S.A, matriz de Integral Ingeniería de Consulta S.A. e Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A. (Ver Certificado).
Esto constituía una violación a los pliegos por el conflicto de intereses que se presentaba al ser diseñadores, constructores y supervisores de una misma obra.
En los numerales 2.6.1 y 2.6.2 del pliego de condiciones de la contratación se estableció como causales de rechazo y eliminación “cuando un integrante de un consorcio o unión temporal haya intervenido, directa o indirectamente, en el estudio del Proyecto Ituango o haya participado en la elaboración de los diseños o del Pliego de Condiciones. También, se podrá eliminar la Propuesta cuando los socios o el personal al servicio de una firma integrante de un consorcio o unión temporal hayan tenido tal intervención o participación”. (Ver Informe Legal).
Por estos hechos la dirección de EPM Ituango pidió aclaración sobre este tema a las empresas señaladas. La respuesta fue que el señor Hoyos Gómez no tuvo intervención en la elaboración de los diseños. (Ver Respuesta a oficio 000094).
Pese a esto, era evidente que la obligación de Integral de Ingeniería de Consulta S.A.S y de Solingral S.A.S. al igual que del Consorcio CCC Ituango, era haber informado en su momento a Hidroituango que dichas sociedades eran subsidiarias de Integral S.A., empresa que tenía como representante legal al señor Jairo Hoyos Gómez, directamente vinculado a Coninsa Ramon H. como oferente del proceso de contratación PC2011-031.
Esto no pasó ya que de haberse conocido dicha circunstancia la conducta a seguir por EPM Ituango tenía que haber sido la eliminación de la propuesta presentada por ese consorcio. Aún así, sin despeinarse, se ganaron la licitación para la construcción de los túneles.
Pero la cosa se puso más interesante después.
A inicios de febrero de 2017 se conoció que la mencionada constructora brasileña Comercio Camargo Correa, CCC, aceptó negociar con el Ministerio Público de Brasil cómo y desde qué cuentas bancarias se pagaron sobornos por obras públicas en Brasil, Perú y Colombia. (Ver Camargo Corrêa Lava-Jato).
Aunque dos de los principales directivos de Camargo Correa, Dalton Avancini y Eduardo Leite, negociaron y firmaron acuerdos de delación premiada en el 2015 por contratos con Petrobras, Electrobras y Electronuclear, sigue sin conocerse las implicaciones que eso tiene, si hay alguna, para los contratos celebrados en Colombia.
Recordemos que, como se dijo anteriormente, desde la apertura de la licitación en el 2011, diferentes sectores denunciaron favorecimientos en la licitación y varias movidas en el proceso para que se lo ganara únicamente el Consorcio CCC Ituango, conformado por la brasileña Camargo Correa.
Y ahora que todo esto estalla en un problema que afecta gravemente a cientos de miles de colombianos en la región, le echan la culpa a la naturaleza. Nada de eso.
Un documento interno de Hidroeléctrica Ituango de julio de 2017 titulado Informe de seguimiento demuestra que fue una decisión calculada el cierre con concreto de los túneles de desviación sin que la represa estuviera terminada. El objetivo era ahorrarse unos cuantos meses de construcción. (Ver Cumplimiento de Hitos).
Fuera de eso empezaron a llenar el embalse. Eso originó el riesgo que ahora es castigado con toda la fuerza de la naturaleza. Falta que ahora las entidades de control castiguen a los responsables de esto de la misma manera implacable.
En este caso, lastimosamente, lo que empezó mal, así termina.