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Fechado agosto 11 de 2015, el comunicado del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) le urge a la Cumbre Agraria, al Frente Amplio por la Paz, a Clamor por la Paz y a Diálogo Intereclesial por la Paz para que “visiten de inmediato Tumaco, hablen con l@s integrantes de la Junta del Alto Mira y Frontera y de otros Consejos Comunitarios [y…] presenten un informe sobre la muerte de Genaro García [representante legal de esa Junta, porque] el cese al fuego unilateral establecido por las Farc, no es solo para con los otros armados”.
Las organizaciones a las cuales CONPA pide cooperación son verificadoras de ese desescalamiento armado. Además, llama la atención porque las Farc también se dirigen a la Junta de Gobierno del mismo Consejo Comunitario y a los testigos del asesinato de Genaro García para que asistan a una reunión, la cual representa un “altísimo riesgo, [y] genera muchas más presiones a la autonomía comunitaria y a los distintos liderazgos”.
48 horas después del asesinato de García, CONPA había emitido otro comunicado denunciando a los mismos insurgentes por otras muertes, a saber, de “Pablo Gutiérrez, presidente de la Junta de la Vereda El Pital [14 de enero del 2008], Armenio Cortés, fiscal de la Junta del Consejo Comunitario [de Alto Mira y Frontera, 7 de octubre/2008] y Yerly Maricel Garcia [agosto de 2012, en retaliación porque no encontraron a su hermano Genaro, a quien ya tenían amenazado]”. Del mimo modo, ese Consejo objetaba que las Farc instaran tanto a la disolución de los consejos comunitarios de esa zona cercana al Ecuador, los de Tumaco y otros del litoral Pacífico, como a que sus miembros abandonaran la titulación colectiva y optaran por la titulación individual. Adicionalmente, rechazaban el que violaran la territorialidad ancestral afronariñense creando “organizaciones y juntas paralelas” e imponiendo “políticas de tierras, producción y desarrollo”.
Según Andrés Bermúdez, “esos nuevos vecinos pronto se organizaron en una asociación llamada Asominuma y […] a instancias de las Farc [comenzaron a] usurpar la representatividad de los afro en su propio territorio, como advirtió el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia en un informe del 2010”. Añade que en octubre de 2014, las Farc citaron a Genaro a una reunión para explicar que “acá no vamos a hablar de Ley 70 [la ley de tierras colectivas para comunidades étnicas] ni de consejos comunitarios. Vamos a hablar de unidad y de Asominuma”. Como lo ratifica ese mismo artículo y el último informe de Washington Office on Latin America (WOLA), las reivindicaciones y las propias comunidades negras están en la mira de Farc, Eln y paramilitares. Por eso la reunión que líderes de esas comunidades pretendían realizar el 6 de agosto con los negociadores de paz, pero según Rudecindo Castro, “el viaje a La Habana se aplazó para después del 16, parece que los afros no tenemos fácil la situación”. De ahí el epígrafe mediante el cual el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano finaliza sus comunicados: “Inclusión de los grupos étnicos en los diálogos y acuerdos garantiza una paz inclusiva y duradera”.
*Grupo de Estudios AfrocolombianosUniversidad Nacional de Colombia