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Entre los factores comunes que pesan a favor de la opción de una relación buena y duradera entre Colombia y Venezuela, los más significativos están presentes en el contenido y sentido de la Declaración de Santa Marta. Sus principios y comisiones trazan un camino de gradual retorno al trato institucional de los vínculos de Estado a Estado y, por tanto, de “despresidencialización” y atención desde las necesidades e intereses de las dos sociedades: en beneficio de la vida fronteriza y, en general, del comercio, las inversiones, el empleo, la seguridad y una constructiva proyección regional de los dos países.
Los resultados de las elecciones legislativas venezolanas contribuirán a materializar ese cuadro de oportunidades, al recuperarse con ellas la representación plural en una importantísima instancia de debate, legislación, investigación, consulta y control.
El presidente Hugo Chávez asumió desde 1999 sus atribuciones en materia de relaciones internacionales con los tonos sucesivos de la “refundación de la República”, la “revolución democrática”, luego “bolivariana” y del “socialismo del siglo XXI”, que fueron dando el tinte a la transformación de su programa inicial hasta llegar al Primer Plan Socialista, impuesto por el Ejecutivo desde la Asamblea Nacional.
En la sucesión de tensiones, crisis y cada vez más precarias reconciliaciones con Colombia, que ocurrieron entre 1999 y 2010 (año de la ruptura y retorno del discurso de guerra), se reflejó la concentración de decisiones en el Ejecutivo venezolano que se fortalecía a la par que desaparecía la representación plural, crecía la indisposición al debate, se negaba toda iniciativa de investigación legislativa y, en suma, se borraba todo vestigio de control parlamentario. El poder presidencial no tuvo límites de forma ni fondo a la hora de congelar relaciones económicas, ordenar movilización militar, retirar funcionarios y romper los vínculos diplomáticos y consulares con el vecino occidental.
La representación plural que resulta de las elecciones legislativas de ayer hará inevitable el regreso del debate parlamentario y la apertura de la Asamblea como foro de toda la sociedad venezolana. Eso ayudará al fortalecimiento institucional de las relaciones con Colombia. Recordemos cómo los venezolanos han rechazado las rupturas y enfrentamientos, y reclamado la normalidad para las relaciones sociales, políticas y económicas binacionales.
Aun considerando el peso de una Presidencia empeñada en acelerar y profundizar la centralización y el control, una Asamblea con nuevas, autónomas y diversas voces permitirá proponer y defender una agenda legislativa que favorezca la eficiencia y transparencia en el manejo de la economía y las relaciones económicas con otros países.
Internacionalista venezolana y columnista de ‘El Nacional’