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El tema de quién debe investigar, juzgar, destituir e inhabilitar funcionarios públicos de elección popular se volvió neurálgico y últimamente urgente, desde que el entonces procurador Alejandro Ordóñez le hizo el favor político a Gustavo Petro de perseguirlo disciplinariamente. Eso motivó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le impuso a Colombia la obligación de modificar su legislación para que esas decisiones se adopten por un juez y no por ningún procurador.
Sostengo que Petro resultó favorecido con la arbitrariedad que Ordóñez pretendió ejecutar contra uno de sus futuros contrincantes políticos, porque por cuenta de esto el entonces alcalde respondió con unas manifestaciones impresionantes de sus partidarios que por tres días seguidos llenaron la Plaza de Bolívar apoyando al burgomaestre. Tan inolvidable respaldo popular, que ni siquiera tuvo Gaitán, dejó a Petro en las puertas de ser presidente de la República.
Tanto el anterior procurador, Fernando Carrillo, como la nueva procuradora, Margarita Cabello, prepararon cada uno su proyecto para pedirle al Congreso que expida la ley con base en la cual se cumpla la obligación del Estado de regular que la decisión de destituir e inhabilitar funcionarios públicos de elección popular sea adoptada por jueces. Tengo que decir que la del saliente jefe del Ministerio Público es más densa, bien tejida y mejor intérprete de lo que ordenó la Corte IDH que la propuesta de su sucesora.
No pretendo convertir esta columna en un ladrillo lleno de citas jurisprudenciales ni de complejos aspectos jurídicos, porque estoy seguro de que ello resultaría farragoso y aburrido para los lectores. Basta simplemente decir que mientras Carrillo propuso que fuese el Consejo de Estado la autoridad judicial que profiera la decisión de destitución e inhabilitación del elegido popularmente, Cabello pretende que sus mismos procuradores sean quienes cumplan esas tareas pero vestidos de jueces.
La solución de Cabello no es la que pide la Corte IDH. En efecto, lo que la nueva procuradora está por conseguir es que a sus subalternos les atribuyan funciones jurisdiccionales para que estos puedan destituir e inhabilitar a los funcionarios elegidos por voto popular. Este camino tiene un tufillo de engaño que lo hace impresentable.
Un funcionario de la Procuraduría elegido por el o la jefe de la Procuraduría, así tenga un período fijo de dos años, siempre será su delegado por más que una ley diga que para determinados asuntos podrá vestir la toga judicial. “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Lo que se exigió al Estado colombiano fue diseñar una estructura sólida de investigación y juzgamiento de los funcionarios elegidos popularmente que garantice autonomía y transparencia en las decisiones. La fórmula de Cabello no es garantista, pues procuradores disfrazados seguirán siendo procuradores, nunca jueces. Del mismo modo que cuando les concedían funciones judiciales a los militares, estos seguían siendo generales, coroneles, mayores, capitanes y tenientes.
Es muy posible que en el Congreso arrodillado aprueben el esperpento propuesto por Margarita Cabello, pero quedaremos muy mal en el concierto internacional. La solución es al estilo gatopardo, modificar todo para que nada cambie, pues esto terminará en que la Procuraduría continúe destituyendo e inhabilitando a funcionarios elegidos por voto popular, como seguiría ocurriendo con procuradores-jueces.
Ya el país fue testigo de los abusos de un procurador que, como Ordóñez, utilizó su inmenso poder disciplinario para aniquilar a quien, como Petro, se sabía que sería su competidor a la Presidencia. Ante ese atropello, instancias internacionales llamaron la atención del Gobierno para que haga una reforma que desplace esa función de la Procuraduría a los jueces; empero, el proyecto de Cabello insiste en que sigan siendo los procuradores pero cambiándoles de vestido y de nombre.
Este proyecto de la procuradora parece asesorado por el contralor Córdoba, maestro en clientelismo y movidas burocráticas, porque de acogerse se multiplicaría la nómina en la Procuraduría tal y como ocurrió en la Contraloría. ¡Genio y figura!
Adenda. Como avizora un amigo: la imputación de la Fiscalía a Fajardo es otra jugada uribista para despejar el camino al que diga Uribe de manera que solo tenga que enfrentar a Petro.