La historia no se repite, pero algunas instituciones suelen refrendar cada tanto su pecado original. El 25 de enero de 1893 Jean Marcelino Gilibert, entonces director de la Policía Nacional, envió un informe a sus superiores en Francia: “Con mis hombres, me vi en la necesidad de ordenar el fuego, porque, debo decirle, todos los agentes están armados de Rémingtons. Fue este acto de energía el que nos salvó y salvó también los archivos del edificio de la Dirección. No conozco el número de heridos, en cuanto a los muertos fueron 21”. Más cadáveres se sumarían a esos 21. La historia colombiana, siempre inexacta a la hora de contar a algunos muertos, dice que fueron alrededor de un centenar.
Pero ¿a qué muertos se refería el informe de Gilibert? ¿Cuál era el contexto en el que se dio aquella matanza en las calles de Bogotá? Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 16 de enero de 1893, los asesinados eran artesanos en su mayoría y hacían parte del motín de mayor magnitud de todos los que se produjeron en la nación durante el siglo XIX. Gilibert era un militar francés que venía de la experiencia de la Guerra Franco-Prusiana, en la que había sido herido en 1870, y llegó al país con el objetivo de organizar la Policía Nacional, acción que quedó institucionalizada el 5 de noviembre de 1891. Las pistolas Rémington que menciona con énfasis en su informe hacían parte de la dotación de una policía profesionalizada, y todo parece indicar que se estrenaron en la represión a la protesta de los artesanos, apenas poco más de un año después de haberse creado la policía.
Quienes se han detenido a estudiar el hecho señalan como antecedente de la revuelta una columna en la que se hablaba en términos peyorativos y se ponía en tela de juicio la honra y el prestigio del artesanado bogotano, publicada en el periódico Colombia Cristiana, una de las tribunas del clero nacional. El autor, Ignacio Gutiérrez Isaza, decía que los miembros de este gremio no conocían la honradez y que con sus acciones y comportamiento habían borrado de su decálogo el séptimo mandamiento. Para colmo, eran “embusteros”, “cínicos” y expertos en incumplir los contratos. Para los artesanos que habían desarrollado durante todo el siglo XIX un activismo político sustentado en la honradez y el deseo de superación como máximas, esta era una grave afrenta: salieron a las calles, se tomaron las comisarías de policía y apedrearon la casa de Gutiérrez Isaza. Pero José Leocadio Camacho, un carpintero, periodista y concejal, le escribió una carta al presidente Rafael Núñez advirtiéndole que las causas eran más profundas: “No se levantaron cuatro o cinco mil hombres con sus niños y mujeres sin previo acuerdo, solo por una publicación que no todos habían leído”, escribió. La miseria, decía, era el combustible que había prendido el fuego.
Creo que la idea de la historia como maestra de la vida se considera superada, pero es indudable que en todo esto hay varios puntos que sirven para analizar la coyuntura actual de la nación. En primer lugar, la necesidad de reformar una Policía Nacional que, como ya vimos, nace con una lógica de represión del movimiento social. En segundo lugar, la necesidad de entender —como se lo advertía aquel carpintero y concejal al presidente Núñez— que esto va más allá de unos simples vándalos que aprovechan la coyuntura para armar desorden por un mal procedimiento de las autoridades. Es necesario renunciar al ejercicio de la disección que parece ser la estrategia para asumir los problemas del actual gobierno: unas cuantas manzanas podridas, unos cuantos desadaptados. No. Aquí hay unos problemas estructurales serios y toca enfrentarlos como tales. Comenzando por una reforma juiciosa a la Policía, que por estos días parece estar acudiendo a la memoria de su pecado original.