Como si se hubiera devuelto el tiempo a las épocas de los falsos positivos, hoy nos encontramos frente a un Gobierno que justifica el asesinato de civiles y menores de edad, reseñándolos como “máquinas de guerra”. Un legado aterrador.
El pasado 3 de marzo, el Ministerio de Defensa informó que 10 guerrilleros de las disidencias de las Farc habían muerto y otros tres habían sido capturados, en una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Fiscalía el día anterior en Calamar, Guaviare, llamada Gentil Duarte. Una excelente noticia.
Ahora bien, el pasado 9 de marzo el periodista Hollman Morris denunció que en ese mismo bombardeo realizado por el Ejército en Calamar se dio de baja a 12 niños, en total 14 jóvenes. Ahí el ambiente noticioso cambió.
Conocida la denuncia de Morris, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó el miércoles 10 de marzo el bombardeo y sostuvo que basó la “legitimidad” de la acción armada en el hecho de que la misma iba dirigida contra el guerrillero conocido como Gentil Duarte, líder de la estructura irregular atacada.
Molano también dijo que el bombardeo fue legítimo porque el grupo armado irregular que actúa en la zona se caracteriza por reclutar menores de edad, lo que los convierte en “máquinas de guerra”. “Nosotros sabíamos que allí había estructuras que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes. La edad y sexo sería determinada por la Fiscalía (...) Aquí están haciendo una afirmación de que había 12 niños. Aquí lo que había eran máquinas de guerra planeando acciones terroristas”, fueron parte de sus afirmaciones.
Posteriormente hubo un capítulo de desinformación en el que el protagonista fue Medicina Legal, entidad adscrita a la Fiscalía. Se conoció una información en la que supuestamente esta entidad establecía que solo fue un menor muerto en combate, pero después un comunicado de Medicina Legal salió a desmentir eso sin dejar una posición clara y oficial de cuántos son los niños muertos en el bombardeo.
Confunde y reinarás.
Especialmente por el contexto que tiene esta situación, ya que no es la primera vez que el Gobierno del presidente Iván Duque asesina menores en bombardeos y justifica su accionar.
Fue a finales de agosto de 2019, según el comunicado oficial, que los militares bombardearon en la Operación Atai un campamento guerrillero en el que murió el cabecilla Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho, y 13 de sus soldados.
Gracias a las denuncias de Roy Barreras se conoció que en el lugar también había menores de edad que murieron en el ataque. De acuerdo con los exámenes de las autoridades forenses presentados en el Congreso, entre los fallecidos había una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16.
Esta revelación y el hecho de que el Gobierno lo hubiera ocultado, como ocultó el asesinato de los menores en la Operación Gentil Duarte, terminaron costándole el cargo al entonces ministro, Guillermo Botero, quien presentó su dimisión para ser premiado con la embajada en Chile el pasado 23 de febrero.
Hoy sabemos, gracias al informe de inteligencia No. 937 de carácter “secreto” y de “uso exclusivo del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional”, publicado por Cuestión Pública, que el 24 de agosto de 2019 —cinco días antes de la denominada Operación Atai— el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias Cucho estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado.
No para ahí.
El 29 de agosto, el mismo día del bombardeo, se redactó otro informe de inteligencia, el No. 940, en el que se reiteran casi los mismos datos del informe No. 937. Se vuelve a comentar sobre alias Gildardo Cucho y el reclutamiento de menores indígenas, asegurando que hay un pie de fuerza de “15 hombres en armas”.
Gracias a las denuncias del congresista Roy Barreras en noviembre del año pasado, se sabe que al menos ocho eran menores de edad, entre 14 y 16 años, víctimas de reclutamiento forzado y que hacían parte del esquema de seguridad de alias Cucho.
Una responsabilidad que el exministro Botero nunca reconoció y tampoco ha reconocido el presidente Iván Duque, quien autorizó esa operación que acabó con la vida de al menos ocho menores de edad.
Ahora, lamentablemente, la historia se repite con la operación Gentil Duarte dejando un saldo de menores de edad asesinados víctimas de reclutamiento forzado, un ministro de Defensa que justifica esas muertes llamando a los niños máquinas de guerra y un presidente Duque con la misma actitud indiferente.