La recuperación económica –pasados los momentos más críticos del embate de la pandemia– necesitará una priorización que le de profundidad a la estrategia macroeconómica.
Esa priorización debería hacerse con dos criterios concretos: (i) generación de empleo –en especial para la mano de obra no calificada– y (ii) eficiencia del gasto público en la reducción de la pobreza –para amortiguar los efectos acentuados de la crisis sobre los más vulnerables–.
El primer criterio responde a la idea de que la etapa de reactivación, diferente a la etapa de crisis, debe estar basada en la creación de oportunidades y no en medidas asistencialistas de choque. Reconoce, además, que la forma más efectiva de cerrar las brechas económicas es a través del empleo digno y con ingresos estables. Es un error pensar que la desigualdad y la pobreza pueden ser atendidas con instrumentos coyunturales; necesitan políticas estructurales de largo aliento.
Y el foco particular en el empleo de la mano de obra no calificada apunta a que se estimulen los sectores productivos capaces de absorber a los trabajadores que han tenido que recurrir a la informalidad con baja productividad para sobrevivir –en ausencia, precisamente, de una política sólida de desarrollo económico–.
Sobre el segundo criterio (eficiencia del gasto público en la reducción de la pobreza), los sectores ganadores son educación y salud. Además de mejorar las capacidades productivas de los trabajadores, compensan las desigualdades –que serán amplificadas por la crisis– y mejoran directamente el bienestar de los ciudadanos. Sin duda son los sectores clave a la hora de generar inclusión y legitimidad del Estado.
¿Cómo llevar esto a la acción? Con dos programas: uno de construcción de capacidades para la educación y la salud, que financie la inversión en infraestructura pública (edificios, equipos y tecnología), con alianzas público-privadas –acompañado de contratación pública de personal en esos sectores (maestros, médicos y enfermeros)– y otro de incentivos fiscales para las empresas que generen empleo estable para la mano de obra no calificada. Sí, ambos programas pueden coincidir a la hora de sanar las fragilidades de los sectores de la salud y de la educación –expuestas por la crisis–. Eso sí, se deja abierto el mecanismo de incentivos fiscales para las empresas que, sin importar su sector productivo, emplean mano de obra no calificada.
Necesitamos un plan de reactivación, y la planeación no puede esperar seis meses o un año. Los gobiernos –nacional y regionales– no pueden seguir actuando de manera descoordinada con sus incentivos para el desarrollo productivo. El empleo, la salud y la educación son excelentes puntos focales para coordinar y priorizar esfuerzos.
Y no olvidemos que con la legitimidad que la educación y la salud le dan al Estado le están dando legitimidad a la democracia. Tengo la ilusión de vivir en una Colombia en la que quienes contribuyen a la salud y la educación de los colombianos son los primeros en responder, con orgullo, que sus instrucciones son: “mantener la democracia, maestro”.
* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/)