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El 5 de mayo de este año publiqué una columna titulada “La JEP funcionando” donde se documentan desconocidos detalles de la histórica relación de poder y colaboración entre las Fuerzas Armadas y los grupos de paramilitares, que llevó a crímenes y asesinatos extrajudiciales conocidos como falsos positivos.
En especial los cometidos por el batallón del Ejército La Popa, bajo la comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, todo evidenciado por el relato del teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo que se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 23 de junio de 2017 bajo el radicado No. 301153. (Ver La JEP funcionando).
El día siguiente a mi columna, el coronel Mejía publicó una dura respuesta en la que justificaba sus acciones militares, negaba rotundamente cualquier pacto con criminales y establecía que el honor de un soldado “es la patria misma”.
Fuera de eso advirtió: “No le acepto a usted y jamás a nadie le aceptaré que me hablen de falsos positivos en mi gestión en el Cesar, señor Akerman”.
Tajante el coronel Mejía.
El problema es que ahora se conocen dos declaraciones adicionales en diligencia judicial de versión voluntaria, ambas de exmilitares compareciendo ante la JEP en el mes de noviembre de 2018, que lo contradicen y entregan nueva evidencia sobre los crímenes cometidos por el batallón del Ejército La Popa bajo la comandancia del coronel Mejía.
En el marco del caso 003 de 2018 que adelanta el magistrado Óscar Parra Vera de la Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o falsos positivos, se tomaron esas dos versiones libres, la primera dura más de seis horas y la segunda casi cuatro.
Durante esas largas horas se entregaron relatos con infinitos detalles de la alianza del coronel Mejía con los paramilitares, las múltiples reuniones con famosos líderes de las Autodefensas, las operaciones que se hicieron en conjunto y los asesinatos extrajudiciales por parte del Ejército, con nombre y apellido, de personas que después fueron presentadas como guerrilleros de las Farc o el Eln.
Por lo macabro que cuentan esas versiones libres, ambas, es mejor mantener anónimas las identidades de los exmilitares y comparecientes ante la JEP, sobre todo para proteger sus vidas.
Y ese es uno de los temas de esta columna.
Las dos narraciones cuentan cómo los exmilitares han sido víctimas de amenazas de muerte o intentos de asesinato desde que se decidieron a confesar los crímenes de los cuales hicieron parte, guiados por la comandancia del coronel Mejía. Eso es terrible y hay que proteger a estos exmilitares que hoy sirven de testigos.
“Y quiero decir algo con todo esto que estoy diciendo, sé que me voy a morir en cualquier momento, no sé cuándo, pero sé que me voy a morir, honorables magistrados, yo les pediría a ustedes de corazón medidas cautelares para mi familia y para mí porque mi vida corre peligro y ya han visto varias amenazas”. (Ver Versión libre).
Se eriza la piel.
En especial porque, pese a que en 2013 el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá condenó al oficial Mejía a 19 años de cárcel por aliarse con el paramilitarismo como consecuencia de toda la evidencia que existía en su contra, además de la nueva que se conoce gracias a la JEP, el militar sigue siendo tratado como un héroe por un grupo político.
Ese es el otro tema de esta columna.
Cuando el coronel Mejía, desde su condena en una instalación militar en Bogotá, publicó un libro titulado Me niego a arrodillarme, fue acogido como un texto de quien defiende el honor del Ejército y no de un militar que abusó de su poder y terminó realizando asesinatos extrajudiciales.
El libro cuenta con un prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza y fue presentado en la Feria Internacional del Libro del 2016, en un evento en el que también estuvieron el general Camilo Zúñiga, excomandante de las Fuerzas Militares; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; la representante a la Cámara María Fernanda Cabal y la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.
Como lo reportó Noticias Uno en ese momento al entrevistar a los asistentes, la representante Cabal estableció que “desde hace nueve años yo visito al coronel Hernán Mejía y a muchos otros soldados injustamente encadenados por haber enfrentado el terror”.
¿Injustamente encadenados?
Por su parte, la senadora Holguín definió que el coronel Mejía “en este libro rinde un homenaje a los soldados de batalla”, pero en realidad no es un homenaje a los soldados decir que se niega a arrodillarse a la justicia que lo encontró culpable con pruebas y evidencia, es simplemente desconocer la justicia.
Pero no para ahí.
El propio expresidente Álvaro Uribe le envió un mensaje al oficial en el que decía: “Estimado coronel Mejía, lo felicito por su entereza. Solamente alguien de su fortaleza moral y en medio de tanta persecución presenta este libro. Hemos sufrido una larga noche de injusticias que tendremos que superar”. (Ver Felicitación de Uribe).
Es esa entereza y fortaleza moral que ve el expresidente Uribe la misma que están valorando para ascender ahora a militares que están involucrados en investigaciones de falsos positivos, o para tratar como víctimas y no victimarios a los militares que ordenaron por escrito a sus unidades duplicar el número de bajas y capturas sin “exigir perfección” a la hora de ejecutar ataques letales contra enemigos.
Mientras el partido de gobierno siga viendo el capítulo de los falsos positivos como hechos menores del ejercicio de la batalla, una injusticia, persecución o, peor aún, tratando como héroes a militares investigados o condenados por asesinatos extrajudiciales por el honor militar, no se podrá cambiar la visión política que constantemente lleva a esas deformaciones en las directrices militares. Un crimen es un crimen a pesar del honor.