El Mundial de fútbol está llegando a su final y uno, a estas alturas, lo que desearía es escribir sólo pendejadas cursis, como que Yerry Mina se elevó por los aires y con su cabeza bajó el sueño para que millones de colombianos lo acariciaran y se ilusionaran por unos momentos. Pero no. Este bendito país no deja contar ni gritar goles tranquilo, porque seguimos condenados a contar y llorar muertos.
Uno no quisiera estar en este ejercicio de plañidera editorial, ni en esta suerte de letanía infinita del dolor. Pero aquí la muerte no da tregua ni sabe de fútbol, o más bien sí sabe, porque hasta usa el descuido que implica concentrarse en un partido para caerle a tiros a una de sus víctimas. Desde el 2016 hasta la fecha hemos acumulado la deshonrosa y miserable cifra de más de 300 líderes sociales asesinados en el país, y para nadie es un secreto que estos guarismos de terror se incrementaron en la coyuntura del proceso de paz.
En estos días nos sorprendimos con un audio en los medios —que circuló primero en las redes sociales—,en el que un comandante paramilitar amenaza de muerte a una profesora de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar. Quizá lo que más llama la atención de esta dramática situación es la actitud del victimario que acude a un discurso de superioridad moral, de modo que hace ver a la indefensa mujer como culpable de su situación, por ser una persona grosera que ni siquiera “parece profesora”. Es como si el torturador se quejara de un ataque de migraña por culpa de los gritos de la víctima a la que desholleja.
Hay que decirlo. Este tipo de manifestaciones de poder por parte de estos grupos se generan con mayor fuerza cuando sienten, de acuerdo con sus lógicas de orden, que en el gobierno está una persona o una tendencia política con la que se identifican. Esa posibilidad la usan como referente moral para justificar sus acciones. Hace unos años, durante la contienda electoral entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, en las Pavas, territorio del departamento de Bolívar, hombres armados amenazaron a campesinos de la región que reclamaban tierras diciéndoles que “el cuento” se les iba a acabar cuando Zuluaga llegara a la Presidencia. “Apenas eso suceda los vamos a picar a todos”, les dijeron.
No es que Álvaro Uribe Vélez sea un paramilitar —eso no ha sido comprobado por la justicia—, mucho menos Iván Duque, pero lo que sí es incontrovertible es que la llegada del uribismo al poder multiplica las amenazas de estos grupos al margen de la ley contra personas sin ningún tipo de protección. A eso es a lo que deben prestarle atención las autoridades para que puedan proteger a las posibles víctimas y no volverse —inesperadamente— audaces después de ocurridos los lamentables hechos, ensayando fórmulas para explicar las muertes. Mucho menos con los antecedentes de credibilidad de una fuerza pública que llenó de falsos positivos la geografía nacional.
Como siempre, la mayoría de las muertes ocurren en zonas rurales o en pequeñas poblaciones. En medio del peligro, esta gente no renuncia a sus convicciones, sabiendo que en algún momento una bala acabará con su existencia. Mientras tanto, en la comodidad de las ciudades, cierta intelectualidad timorata y cierta prensa acomodada sigue tratando el tema con eufemismos, pidiendo prudencia y moderación, condenando a quienes se atreven a alzar la voz de practicar un radicalismo superado, cuando aquí lo único que no se ha superado es esta matazón infame.