El 5 de diciembre de 1928 el ejército disparó contra trabajadores en huelga de la United Fruit Company en Ciénaga (Magdalena); mató a 13 de ellos e hirió a 19. Poco después, el 8 de junio de 1929, una marcha de protesta estudiantil llegó hasta el palacio presidencial y fue dispersada a bala por la policía. Allí murió el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Todo lo anterior incidió en la caída de la Hegemonía Conservadora al terminar el gobierno de Miguel Abadía Méndez, en 1930.
El 8 de junio de 1954 hubo una peregrinación estudiantil en Bogotá de la Ciudad Universitaria a la tumba de Gonzalo Bravo Pérez. Un disparo de la policía mató a Uriel Gutiérrez, estudiante de Medicina y Filosofía, de 24 años de edad. En respuesta a este asesinato, los estudiantes organizaron una manifestación de protesta el 9 de junio, que fue detenida en la calle 13 por el ejército. 13 estudiantes fueron muertos a bala, más de 100 resultaron heridos y varios centenares fueron detenidos. Fue este uno de los antecedentes del derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla en 1957.
20 años después, el 14 de septiembre de 1977 se realizó un paro cívico nacional, que ha sido considerado como la movilización social más fuerte en Colombia luego del Bogotazo de 1948, y dejó 33 muertos, 3.000 heridos y miles de detenidos. Más de 30 agentes de policía resultaron lesionados. No produjo la caída del gobierno de Alfonso López Michelsen, pero sí lo debilitó considerablemente, antecedió el gobierno represivo de Julio César Turbay Ayala e hizo mella en el prestigio de la fuerza pública. Con el tiempo, condujo a la Constitución de 1991.
Desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2020, la campaña “Defender la libertad: asunto de todos/as” ha registrado 55 muertes, 779 personas heridas, 27 lesiones oculares y 2.354 detenciones en el marco de la protesta social. 18 de las muertes se atribuyen a la fuerza pública, 23 a la guardia penitenciaria y se desconoce el autor de las 14 restantes. Una de esas muertes es la de Dilan Cruz, quien sufrió lesiones cerebrales cuando un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía le disparó con una escopeta el 23 de noviembre de 2019. A lo anterior deben agregarse 14 muertes causadas por la policía el 9 y 10 de septiembre de 2020 —entre ellas, la de Javier Ordóñez, a quien le estallaron un riñón en medio de torturas—, 200 personas heridas, una torturada (en Antioquia) y 183 detenidas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “agentes policiales presuntamente habrían efectuado disparos en dirección a los manifestantes en distintas situaciones”. Ha habido también repudiables ataques de algunos civiles contra agentes de la policía, causándoles graves heridas a 194, según la CIDH, y destrucción de numerosos CAI, vehículos públicos y almacenes.
Los desmanes ocurridos durante este gobierno por parte de la fuerza pública parecen ser de dimensiones mayores que los graves sucesos de 1928-1929, 1954 y 1977. ¿Qué haría pensar que sus consecuencias sean menos severas? ¿Por qué mira tanto el presidente hacia Venezuela en vez de revisar lo que está pasando con su fuerza pública y la población civil?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).