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Néstor Humberto Martínez se ha convertido en el más importante funcionario del gobierno de Iván Duque. La inseguridad de un presidente que se debatía entre la desobediencia y la sumisión, la vacilación de un gobierno sin rumbo ni credibilidad, lo convirtieron en un norte inesperado, un bastón poderoso y amenazante. Pero el fiscal cobra su cuota por el apoyo prestado, se escampa en la Casa de Nariño luego de exhibir ladesvergüenza para estar en las sillas públicas y privadas de los grandes escándalos nacionales. A cualquier político como Martínez le preocupa que su imagen desfavorable crezca 26 % de octubre pasado a febrero de este año. De modo que un presidente temeroso y un fiscal desprestigiado decidieron formar una dupla cercana a la de los borrachos que se tambalean y se sujetan mutuamente.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no ha logrado un mínimo liderazgo en el Congreso y para la opinión pública sigue en su rol de excongresista. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, todavía no se aprende el nombre del presidente y desistió de la reforma a su sector en medio de una dosis mínima de atención nacional. De modo que Néstor Humberto es ahora el ministro del Interior y Justicia. Se convirtió de nuevo en súperministro como en tiempos en que manejaba el “computador de Palacio” en el gobierno Santos. Solo que ahora maneja la agenda no con ofrecimientos burocráticos sino con señalamientos penales.
Las objeciones a la Justicia Especial para la Paz consolidaron su liderazgo. Duque y su partido todavía se miraban con algo de recelo, y el expresidente Uribe, con una opinión desfavorable del 55 %, tenía miedo de ahuyentar al pupilo con su zurriago. Entonces apareció Martínez. El 18 febrero Duque dijo muy claramente que no objetaría la ley estatutaria de la JEP: “Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto…Es preferible tener ley estatutaria que no tenerla porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”. Ese mismo día Néstor Humberto envió una carta pública al presidente con cuatro reparos a la ley estatutaria. Esos reparos ya habían sido respondidos negativamente por la Corte Constitucional pero se trataba de un acto político más que de una pretensión jurídica. El mismo día en la tarde Uribe recogió la pita del fiscal y lanzó siete trinos para descalificar la JEP. Incluso mostró su verdadero propósito: “Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla”.
Ahora parecen increíbles las declaraciones de Martínez en noviembre de 2017 luego del fallo de la Corte que declaró constitucional el Acto Legislativo que creó la JEP: “Sentencia histórica sobre la JEP reafirma fundamentos del Estado de derecho y siembra bases de una paz estable y duradera para todos", escribió en la cuenta de Twitter de la Fiscalía. Pero un año después, con los audios de Pizano a sus espaldas, ya afilaba imputaciones contra funcionarios de la JEP por lo que llamó “acciones inenarrables, falsedades y fraudes procesales” para permitir salida de líderes de las Farc de los Espacios Territoriales. Y el pasado 1 de marzo lanzó un envión definitivo con la captura del fiscal Carlos Bermeo. La sincronía con Uribe fue perfecta. Cuatro días después el senador decía en la Comisión VII: “Lo que hasta hace pocos días no tenía condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta dónde estos hechos bochornosos de la JEP –previsibles por su origen– lleguen a decirles a los políticos y a la opinión pública, hay que derogar la JEP”. Ahora el fiscal asegura que no tiene pruebas que conecten actuaciones de Bermeo con el caso Santrich. Pero el hecho político está consumado. Funéstor Humberto Martínez es hoy fundador de Cambio Radical y hombre fuerte del Centro Democrático. Y Duque tiene ahora un jefe y un acudiente.