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Un Gobierno que hace una reforma, a dos años de haber hecho aprobar otra, informa que la primera quedó mal hecha. Según datos de la DIAN, el año pasado el recaudo tributario cayó $11,2 billones: una parte fue reducción del impuesto de renta ($1,4 billones) y otra, reducción del recaudo del IVA en $7 billones ($5 billones el interno y $2 billones el de importaciones), resultado de la pandemia. El daño mayor, sin embargo, será sobre el recaudo de 2021, una vez las empresas y personas presenten las declaraciones de sus ingresos en el 2020.
Nadie se imaginaba que las necesidades de la sociedad colombiana se iban a disparar, pero igual el Estado debe ser precavido y no feriar sus recursos a favor de los ricos, como lo hizo en la reforma tributaria de 2019. Por eso, nuevamente se vio en la urgente necesidad de aumentar impuestos en un pésimo momento: la economía perdió 7 % de su riqueza el año pasado y marcó un desempleo de 15,9 % en 2020, de acuerdo con el DANE.
El recaudo de impuestos nacionales es bajo. Solo en 2015 superó el 15 % del PIB, pero de ahí en adelante promedia 14,6 % del producto. Subió ligeramente el año pasado porque cayó más el PIB que el recaudo, en especial el de renta, que se calcula con base en la actividad económica prepandémica de 2019.
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, reiteró que, para no afectar a las personas de menores recursos con la nueva embestida del IVA, se contempla ampliar el esquema de devolución del IVA para dos millones de hogares, o sea al 16 % de la población, que es la mitad de las personas pobres del país. Como no se ha hecho un censo económico que informe sobre la situación de 29 millones de colombianos que viven en la informalidad, es difícil, si no imposible, devolverles el IVA y menos abonarlo a sus cuentas bancarias, inexistentes en su mayoría. Es que para poder entrar a una entidad financiera se requiere cierta vestimenta que no está al alcance de un trabajador informal: el intruso será detenido, seguramente en forma poco cortés, por los guardias que custodian las puertas de los bancos.
En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero pagara en 2020 solo el 1,9 % de sus utilidades de $121 billones; las petroleras, el 7 % de $92 billones, y las empresas mineras, el 6 % de $31 billones, cuando debieron pagar el 33 % que informa la ley, según el portal Laorejaroja. El costo para el fisco de estos tres sectores fue de $80 billones, más de cinco veces lo que el Gobierno intenta recaudar con su nueva reforma. No es casual que estos tres sectores sean grandes contribuyentes de las campañas políticas de los legisladores, que les devuelven con creces sus aportes. En 2021 la tarifa a las empresas se reduce al 31 % de la renta gravable.
La nueva reforma pretende aumentar el recaudo en un modesto 1,5 % del PIB, o sea, compensar el 1 % regalado en la reforma de 2019 más un incremento neto de $5 billones. Se sigue la filosofía de la extrema derecha, que justifica menos impuestos para los ricos, lo que debe resultar en hacer crecer la economía y aumentar la equidad. En un estudio de London School of Economics, 18 países que recortaron los impuestos de sus ricos terminaron con un aumento de la tajada del ingreso que apropia el 1 % más rico de la población, no se produjo crecimiento ni empleo significativos, pero la desigualdad aumentó desaforadamente.