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La semana pasada, Marco Fidel Díaz Rubio asesinó a su pareja, Heidy Soriano, y a la hija de cuatro años de esta, a puñaladas en la localidad de Kennedy en Bogotá. Luego se autoinfligió heridas en el pecho para tratar de “despistar” a los investigadores, fue llevado a urgencias y sigue con vida. Díaz y Soriano tenían una relación de dos años y cuatro meses viviendo juntos. En ese tiempo, Soriano empezó a alejarse de su familia y Díaz la controlaba y le revisaba el celular. Hace un par de semanas, Daniela Quiñónez, de 23 años, estudiante de la Universidad Eafit, fue asesinada al salir de una fiesta por el tipo que se ofreció a llevarla a su casa. Su cadáver apareció en el río Cauca. El 27 de abril, Luz Esmilda Bernal, de 48 años, fue asesinada a balazos por su expareja, José Alfredo León, justo antes de entrar a su casa. Bernal ya lo había denunciado y la Comisaría de Familia le otorgó una medida de protección restrictiva, pero eso, por supuesto, no detuvo al feminicida. Según No es hora de callar, van 110 feminicidios en lo que va del año en Colombia, 47 de ellos durante las cuarentenas, sin embargo, es difícil saber la cifra exacta porque tanto la Fiscalía como Medicina Legal tienen subregistros.
El fiscal general, Francisco Barbosa, dijo al periódico El Heraldo que “en los días de cuarentena se han registrado diariamente 0,75 casos, mientras que en el periodo ordinario se registran 0,47 casos diarios de feminicidio. Es decir, entre el 1° de enero y el 19 de marzo de 2020 se presentaron 37 feminicidios, y entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 2020, 12 feminicidios”. En Bogotá el único delito que no disminuyó durante la cuarentena fue el feminicidio, que aumentó en un 8,6 % en comparación con 2019. Según Sisma Mujer, “el año pasado fueron asesinadas 976 mujeres y este año ya van 315. En proporción, los homicidios de mujeres durante la pandemia, en comparación con el mismo período del año pasado, pasaron de 29,2 a 33 % del total de las muertes violentas”. Esa cifra de 2019 nos habla de que, en promedio, en Colombia hay 2,7 feminicidios al día.
Lo espeluznante no es solo la cantidad, también es la sevicia con la que mata a las mujeres. Según Medicina Legal, en 2019, en el 43,7 % de los casos se utilizaron armas cortopunzantes; el 30,5 % de los casos ocurrieron con armas de fuego; el 10,9 % de las muertes fueron causadas por asfixia, y el 7,7 %, por fuertes golpes. Y, aunque el fiscal general dice que “la Fiscalía estructuró una estrategia con cinco acciones específicas para hacer frente a la situación”, que incluyen la recepción de denuncias 24 horas al día los siete días de la semana (pueden hacerse a la línea 122 o a través del correo denunciaanonima@fiscalia.gov.co), la conformación de “un equipo nacional y seccional para investigar y acusar ante los jueces las violencias basadas en género”, el acompañamiento a las seccionales con un equipo de —apenas— 11 personas, la formación de los funcionarios “en relación con el abordaje de este tipo de casos en el contexto COVID-19”, y la “articulación entre la Fiscalía General de la Nación y las Comisarías de Familia para el desarrollo de sus funciones de policía judicial”, las medidas, a todas luces, son insuficientes.
Y es que, según dijo Carolina Mosquera, investigadora de Sisma Mujer, a El Tiempo, “más de una tercera parte de las víctimas de los feminicidios ocurridos entre el 2014 y 2017 habían pedido protección y justicia” y “esto muestra que el Estado no está garantizando la seguridad de las mujeres con alto riesgo de feminicidio”. Las organizaciones de mujeres también denuncian que, aunque la Ley Rosa Elvira Cely estipula que la primera hipótesis de investigación de la muerte violenta de una mujer siempre debe ser el feminicidio, no hay suficientes capacitaciones de enfoque de género para las autoridades y para muchos funcionarios es más sencillo considerar estos crímenes como un homicidio común. La pandemia de feminicidios existe hace décadas y no se va a frenar hasta que haya una verdadera voluntad política, por parte del Estado, para proteger las vidas de las mujeres.