Por cada nueva reglamentación, ¡eliminar dos!

Al presidente Duque se le presenta una oportunidad única de poner a funcionar la recomendación de Fenalco, que por cada ley o norma que se expida, es obligatorio eliminar dos. Guillermo Botero, el presidente de dicho gremio, afirma: “Sorprende saber que cada día se emiten en promedio 2,1 decretos, 11,2 resoluciones y 15,4 normas sobre temas que afectan directamente a la empresa privada. Una afrenta contra la competitividad empresarial. El Estado debe facilitar la vida de los empresarios con visión y crear las condiciones que permitan el real surgimiento de una ‘Nueva Economía’”.

Colombia, cada vez menos competitiva a nivel internacional, es un país asfixiado por la normativa y la burocracia. Según el Ministerio de Justicia, hay exactamente 11.317 reglamentaciones inservibles que involucran a 24 sectores de la administración pública y el 67 de ellas se caracterizan por “agotamiento del objeto para el que fueron creadas”. Para Hernán Olano, profesor de la Universidad de la Sabana, muchas de estas normas jamás fueron derogadas y aunque no tengan ningún sentido siguen vigentes. “Una de las razones por las que estas leyes siguen vivas”, afirma Olano, “es que los congresistas a la hora de promulgar nueva legislación, no investigan de manera rigurosa sus antecedentes. Es así como en las más de 1.830 leyes expedidas desde 1992 no ha existido un control acerca de lo que se conoce como el prontuario de la legislación para saber qué estaba vigente o derogado y qué había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional”.

Buena parte del problema del exceso legislativo y regulatorio es que aquí se promulgan leyes y se emiten decretos y normas bajo la premisa de que todos los ciudadanos son deshonestos. Bajo tan peregrina hipótesis, la burocracia se dedica casi exclusivamente a buscar o inventar pruebas para multarnos o procesarnos. La avalancha de leyes, decretos, normas y regulaciones no afecta a los deshonestos ni a los informales, pero coloca serias talanqueras para aquellos que buscan desarrollar sus actividades comerciales dentro del marco legal. La oleada regulativa es una de las razones por las que Colombia tiene una de las tasas de informalidad más altas del mundo.

A su turno, ANIF afirma que existe un amplio espacio para recortar burocracia y volver más eficientes las operaciones de la Contraloría y de la Procuraduría. “Se conformarían tribunales de expertos financieros, contables y economistas bajo el esquema de consultores externos temporales que estudiarían expeditamente las cuentas de entidades públicas, gobernaciones, municipios, y darían sus dictámenes al contralor. Así, la Contraloría se reduciría de sus actuales 6.000 empleados a no más de 500… la Procuraduría (independientemente de su actual buena gobernanza) debe clausurarse o al menos reducir su tamaño… Esto permitiría rebajar la nómina estatal en cerca de otros 4.000 funcionarios, al reducir una entidad cuya razón de ser es ‘única en el mundo’. Las ‘nóminas paralelas’ se estiman actualmente en cerca de 40.000 contratistas del Estado, cuyo control y eficiencia se ha puesto permanentemente en duda”.

Apostilla: Excelente la designación de Alberto Carrasquilla como nuevo ministro de Hacienda. Carrasquilla, además de ponerle orden a la casa, le va a devolver a Colombia la reputación de manejo serio y responsable de sus finanzas.

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