El presidente Duque ha sido reiterativo al afirmar que el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de reforma al código laboral que permita contratar a los jóvenes con salario inferior al mínimo. Ha señalado como mentirosos a quienes utilizan la presentación de este proyecto de ley, inexistente según el Gobierno, como argumento para la movilización. Sin embargo, la semana pasada el jefe del partido de gobierno retiró el proyecto de ley que permitía la contratación laboral con salarios inferiores al mínimo. Puede argumentarse que en rigor no era un proyecto del Gobierno, pero difícilmente se entiende que el Ejecutivo no conozca un proyecto de ley de esta envergadura, presentado por su jefe. Es de lógica que lo que decide el jefe sea acatado por sus subalternos. Sorprendería que el partido de gobierno no sea el partido del gobernante. La frase en el sentido de que el senador Uribe es el jefe del presidente no es en ningún momento peyorativa. Es la transcripción de la declaración de la ministra de Trabajo enunciada pocos días antes de la posesión del presidente: “Duque es el presidente, pero Uribe es el jefe”. Al nombrarla como su ministra, puede deducirse que el presidente Duque aceptó esta precisión de jerarquías.
Los estudiantes han señalado que no se están cumpliendo los acuerdos pactados el año pasado. De los $300.000 millones acordados para el año 2019, con destino a ciencia y tecnología solo se asignaron $78.000 millones. El Gobierno, aceptando la validez de ambas cifras, afirma que cumplió, pues en la redacción se escribió que se destinarán hasta $300.000 millones y por lo tanto cualquier cifra inferior permite cumplir el compromiso. ¿Es esta la interpretación adecuada de un jefe de Estado? ¿Con redacciones ambiguas se puede a la vez gobernar y mantener la credibilidad y la confianza?
El pasado 30 de noviembre, en curso de una marcha pacífica, la policía retuvo a cuatro periodistas en Barranquilla y les decomisó sus cámaras. A las pocas horas fueron liberados y devueltos sus instrumentos de trabajo. Lo que es más preocupante son las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien afirmó que los detuvieron y les confiscaron las cámaras pues la policía pensó que eran estudiantes que utilizaban esos instrumentos para tomar fotos y subirlas a las redes, que tan pronto se supo que eran periodistas se ordenó su liberación y devolución de las cámaras. ¿Desde cuándo tomar fotos en el espacio público y subirlas a las redes es un delito? Aún no estamos en una dictadura. El presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, debe precisar si dio órdenes a la policía para limitar la libertad de expresión y comunicación. Sancionar el subir información gráfica o literal a la red es propio de las peores dictaduras.
El próximo 12 de diciembre se celebra, como es tradicional, la ciclovía nocturna. Miles de ciudadanos en sus bicicletas o caminando salen a disfrutar de este evento deportivo y lúdico. Por supuesto, esta manifestación deportiva crea algunas restricciones a la movilidad de quienes no participan en la ciclovía y de acuerdo con algunos comerciantes se ven afectadas sus ventas. En esas condiciones, el Esmad estaría autorizado a gasear a los participantes, como lo ha hecho con otras movilizaciones pacíficas. ¿O limitan su acción a cuando estas son políticas?