Los asesinatos de líderes sociales se han disparado en territorios otrora dominados por las Farc, desde el cese permanente de hostilidades en 2014. Según el coronel José Restrepo, director de la Policía para la protección de líderes sociales, a partir de la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, a la fecha han sido asesinados 178 líderes sociales. Entre enero y mayo de este año se presentaron otros 98 casos de asesinatos de líderes sociales y a estos hay que sumarles 24 que ocurrieron en junio y principios de julio, que incluyeron el de una organizadora de la campaña de Petro en Cáceres. Según El Espectador, “el director nacional de Fiscalías Seccionales, Luis González León, manifestó que detrás de los asesinatos a líderes sociales están el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Particularmente al Eln lo señaló de estar vinculados con los asesinatos en Antioquia y en Chocó”. Pero pueden ser más.
Voceros del Eln afirmaron que la responsabilidad de los asesinatos recae sobre la incapacidad del Estado de defenderlos y que la Fiscalía criminaliza a las víctimas. “Las declaraciones del señor González León son, cuando menos, irresponsables y suponen una cortina de humo para ocultar a los verdaderos responsables de estos asesinatos”, agregó el grupo en negociaciones de paz con el Gobierno.
Una reciente investigación de la Universidad del Rosario y la Universidad de Columbia en Nueva York* comprueba rigurosamente que los asesinatos de líderes sociales han aumentado en las áreas en que las Farc se comenzaron a desmovilizar y concentrar en zonas especiales. De unos 30 asesinatos selectivos semestrales antes de esa fecha se pasó a 40, y el ritmo no ha hecho más que crecer en los últimos meses.
Ellos explican que los civiles juegan un papel importante en las guerras civiles: comparten información, proveen recursos y servicios y nuevos reclutas. Las organizaciones militares que disputan el territorio ejercen violencia selectiva para obtener aliados y colaboración, evitar deserciones, movilizar a las comunidades a su favor y aumentar así su poder militar. “Ganar la cooperación de la población local es un objetivo táctico de los grupos armados”.
Las procesos de paz como el de Colombia pueden producir efectos no intencionados si crean un vacío de poder que no es ocupado por el Estado legítimo. La pacificación parcial exacerba la violencia por otros grupos armados que buscan controlar los territorios pacificados. Ellos afirman que “el asesinato de líderes sociales subvierte la legitimidad del Acuerdo de Paz”, en lo cual juegan otros intereses políticos que van en esa dirección. Los objetivos son asociaciones vulnerables, como grupos étnicos, población LGBT, organizaciones campesinas y ambientalistas, opuestos a la minería o a grandes obras públicas. Es crucial el control sobre los cultivos ilícitos.
Es obvio que los grupos armados que están causando las muertes son los paramilitares, convertidos en organizaciones netamente criminales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, pero también el Eln, que pretende ocupar el nuevo territorio sin control del Estado. Todos ellos intentan sustituir a los líderes anteriores por nuevos, leales a sus intereses. Pero no faltan los políticos que pescan en río revuelto, incentivando la violencia mediante discursos incendiarios.
* “Killing Social Leaders for Territorial Control: The Unintended Consequences of Peace”, junio de 2018.