Reficar: corrupción de alto nivel

Los entes de control tienden a capitalizar los escándalos que otros descubren, pero no investigan a los verdaderos culpables. Hace un año largo la Contraloría denunció faltantes fiscales por US$4.000 millones en Reficar y acusó a la Junta Directiva de Ecopetrol, donde participan economistas y técnicos de buen nivel. Como me decía un miembro de la Junta, “hacia futuro no habrá nadie decente que asuma tareas en el sector público”. Lo que no parecen saber este codirector ni el contralor es que las decisiones en torno a los megaproyectos de Ecopetrol se tomaron a nivel presidencial, complaciendo poderosos intereses privados.

Un problema inicial fue el de haber asociado a Ecopetrol con Glencore, empresa minera sin experiencia en el tema de refinación de petróleo, que abandonó el proyecto al percibir su deficiente administración y su baja rentabilidad. Ecopetrol compró su participación y siguió sola, decisión que de nuevo fue tomada por encima de su Junta Directiva.

El caso de Propilco es fundamental para explicar los despilfarros de Reficar. Propilco había sido adquirida por Ecopetrol en diciembre de 2007 para amparar a sus dueños —el Grupo Santo Domingo y Sanford— de un negocio con problemas en el acceso a sus materias primas y se les pagó por encima de su valor en libros. ¿Quién tomó tan trascendental y equívoca decisión? Ciertamente no fue solo de su Junta Directiva sino de los niveles más altos de Gobierno.

Según los informes técnicos disponibles, la peor decisión posible en torno a un megaproyecto como el de Reficar fue modificarlo a medio camino para producir polipropileno y etileno, insumos de Propilco. El resultado fue la desarticulación de todo lo que se venía adelantando y prácticamente duplicó los costos de las obras.

Reficar contrató la construcción a la Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), una empresa experta en el montaje de plantas complejas, pero que fue desbordada por la magnitud de las obras contempladas en la modificación del plan original. De hecho, Reficar debió haber contratado otras dos o tres empresas especializadas en refinerías para que apoyaran a CB&I, pero recurrió sólo a su interventora de la Refinería de Barrancabermeja, la empresa Foster Wheeler, que no fue suficiente para encausar adecuadamente la megaobra.

Otra fuente de costos emergentes fue la mano de obra: hubo que calificar a 5.000 operarios cuya productividad terminó siendo muy inferior a la proyectada y además estalló una larga huelga de la USO que terminó agregando a los imponderables cerca de US$500 millones, según Rodolfo Segovia. Entre el desorden sistemático, se produjeron subcontrataciones seguramente abusivas, pero nada comparable con el costo de las malas decisiones tomadas al más alto nivel para socializar las pérdidas de una empresa privada y privatizar las ganancias de la empresa pública, como se intentó hacer con el reciente anuncio de la venta de la antigua Propilco, ahora llamada Essencia. Una oportuna columna de José Fernando Isaza y un informe de Dinero parecen haber suspendido temporalmente la polémica venta.

Del informe de Ecopetrol a sus accionistas de 2016 se desprende que el proyecto terminará siendo rentable en el largo plazo pues está generando ingresos crecientes, sobre todo por sus exportaciones y por sustituir importaciones. Sin corrupción de alto nivel, lo mismo hubiera sido posible invirtiendo US$5.000 millones y no los US$8.016 que se llevó.