Hasta hace poco la televisión y la radio se regulaban de forma separada a la telefonía e internet. Hoy, en cambio, hablamos de “convergencia” entre ambos mundos pues la diferencia entre radiodifusión y telecomunicaciones está en crisis. A instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Colombia se discute de afán un proyecto de ley para tener un regulador en ese nuevo contexto. ¿Cómo va la ciudadanía en ese cambio?
Para pensar en este tema, me baso en el análisis que ordenara el regulador holandés en 2008 y que sigue muy vigente.
Un regulador convergente, que así se le llama a esta figura, debe conciliar el interés público que caracteriza la regulación de la radiodifusión con las lógicas económicas y técnicas de la regulación del servicio de telecomunicaciones. El aumento de las capacidades técnicas de computadores, celulares y redes de comunicación obliga a pensar que la diferencia entre ambos contextos sea cada vez menos marcada.
La nueva realidad supone un escenario confuso y que apenas estamos comprendiendo. La cadena de suministro de información, desde la fuente hasta el consumo, se modificó en forma irreversible. Ahora hay nuevos actores con tecnologías disruptivas y nuevos modelos de negocios, como Netflix o Spotify. También están amenazados los espacios ya conquistados por los actores establecidos en uno y otro costado, que están en proceso de disputar su supervivencia y explorando integraciones verticales.
En este escenario, los gobiernos se encuentran desarrollando autoridades convergentes para responder a los mercados y al cambio con políticas y respuestas “coherentes” con las nuevas realidades del mercado, medida que aconsejan organizaciones tan diversas como la OCDE, Unesco o el Banco Interamericano de Desarrollo. De otro lado, para las empresas la convergencia es una oportunidad para aprovechar y representa interesantes desafíos. Su posición dependerá del rol que terminen ocupando en la cadena de distribución de información.
Para nosotros como ciudadanía y consumidores, la convergencia significa una mayor oferta de servicios y la posibilidad de crear contenidos y distribuirlos con mayor facilidad. Sin embargo, si la regulación se enfoca esencialmente en ideas de mercado y exclusivamente desde la tecnología, se deja de lado la dimensión de la comunicación como requisito para la democracia, la cultura y la sociedad.
Las comisiones sextas del Congreso tienen en sus manos en este momento, y con mensaje de urgencia de Santos, la reforma que traerá el concepto de “regulador convergente” a Colombia, fusionando la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Aunque desde el año pasado el Congreso analizaba diferentes versiones de proyectos de ley que tienen este propósito, ahora mismo el tema se va a mover rápidamente porque es una recomendación de la OCDE. Nuevamente estamos ante una regulación de afán que deja poco espacio para que la ciudadanía reaccione.
Por ahora, usando la versión radicada por MinTIC en 2017, desde la óptica de la sociedad civil y con miras a reforzar el interés público, quiero comentar tres preocupaciones sobre este proyecto de ley y dejar una pregunta abierta.
Primero, la composición de la junta directiva, que tendría cinco miembros, refleja tan solo dos sectores de la sociedad. Dos miembros serán designados por el Gobierno y tres por la “sociedad civil”. ¿Acaso esto significa que dentro de la sociedad civil se deben incluir los intereses de las empresas privadas? Esto debe aclararse, pues la sociedad civil como sector no incluye a las empresas. En ese pulso de jugadores muy poderosos, el espacio de representación de la sociedad civil será mínimo, pues difícilmente la conclusión será que las empresas se marginan, ¿verdad?
Segundo, el proyecto de ley obliga a que al menos tres de los cinco directivos sean profesionales en derecho, ingeniería y economía. Además, pareciera que este requisito se aplica a los miembros de sociedad civil, dejando en libertad a los del Gobierno. En la práctica, esto significa que la carga de tener la calificación profesional es para la sociedad civil exclusivamente. También quedarían por fuera profesiones tan importantes como periodismo, ciencias políticas o arte, por mencionar tan solo algunas. Esto es importante porque las decisiones que tome un regulador convergente tendrán impacto sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
Tercero, la rendición de cuentas que tendrá el nuevo ente es insuficiente. No basta con producir informes que ya son obligación de transparencia. Debería ser una disposición legal que la elaboración de políticas públicas incluya mecanismos de participación ciudadana amplios, públicos y abiertos.
Finalmente, no me queda claro por qué no se incluye dentro de la convergencia a la Agencia Nacional del Espectro. Las discusiones internacionales sobre el uso del espectro por la ciudadanía, por ejemplo para el despliegue de redes comunitarias y lo que esto puede significar en procesos de ampliación de la infraestructura, no son menores e impactan sobre todo en las regiones.
Está claro que este proyecto de ley importa a muchos y no solo a los actores económicos del mercado convergente. ¡Pongámonos las pilas!