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La llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia y su intención de confesar y colaborar con la justicia significarán otro gran golpe judicial a la familia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
Me explico.
El 30 de noviembre de 2017 Mancuso pidió cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP) ofreciendo decir toda la verdad y reiterando su compromiso con las víctimas del conflicto armado.
¿Qué verdad?
Palabras más, palabras menos, con esa pregunta fue que le respondió la JEP al exjefe paramilitar en un auto fechado el 21 de agosto de 2018, ante lo cual este presentó una nueva solicitud el 7 de septiembre en la que, designando al señor Jaime Alberto Paeres como su apoderado, señaló las razones por las cuales no ofreció toda la verdad sobre algunas conductas en el marco del proceso de Justicia y Paz, y estableció algunos casos en los que ahora quiere colaborar.
Por cuenta de la pandemia el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que fue uno de los máximos comandantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), está pendiente de ser deportado a Colombia, donde le esperan más años de prisión, debido a que tiene vigente una orden de captura por el delito de lavado de activos que habría cometido después de su desmovilización.
La información que tiene este exlíder narcoparamilitar es crucial para seguir revelando el profundo nivel de intersección y colaboración que hubo entre las Auc e instituciones estatales y privadas.
Gracias a un derecho de petición y otros documentos en poder de esta columna, se conoció que Mancuso ofreció contar lo que ocurrió en torno a la historia del conflicto con sumo detalle, para ser aceptado en la JEP. Aunque este tribunal decidió rechazarlo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento dejó claro que podrían llamar a Mancuso para que colabore voluntariamente y no como sujeto de la justicia transicional, algo a lo que el exparamilitar no se ha negado.
Mancuso le dijo a la JEP que quería colaborar con las investigaciones de “paraeconomía; la visita al suscrito y otros postulados por parte de la senadora Piedad Córdoba, del señor Iván Cepeda y del doctor Lara; el narcotráfico en Colombia; la realidad sobre erradicación de cultivos ilícitos y por qué es poco efectiva”, y, nada más ni nada menos, sobre la investigación por paramilitarismo que existe en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez y de su hermano el senador Álvaro Uribe.
Pero hay algo más. Mancuso, en su extensa solicitud a la JEP, habla también de la supuesta relación de un prófugo de la justicia colombiana con las Autodefensas. “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos de la Hyundai, son varias las empresas nacionales y multinacionales que se vieron beneficiadas inicialmente con nuestro actuar”.
En otro párrafo más adelante el convicto habla de un caso que ha investigado esta columna y sobre el que todavía falta mucho por contar. “Cómo me gustaría que habláramos miembros de las Farc, de las Auc y del gobierno de entonces sobre el atentado a El Nogal, en la ciudad de Bogotá”.
Importante mensaje el que manda el exjefe de las Auc, pero para entender la profundidad de la mención de los Uribe Vélez hay que ir al contexto de la historia.
El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en el desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre de 1997.
Este jefe paramilitar, además, aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual senador Uribe Vélez, tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento.
Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir”.
Desde comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos por la supuesta participación en la masacre de El Aro del expresidente Uribe.
Los señalamientos provienen del paramilitar Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, que hasta el 30 de marzo de 2009 se encontraba detenido una cárcel de máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el departamento de Antioquia en 1997.
El 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la Fiscalía, ante la cual afirmó que el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado, según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el plan de ejecución de la masacre.
A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército, algunos jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y también los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
Villalba aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos, y que incluso Uribe había “prestado” a 20 de sus hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, por grupos paramilitares en noviembre de 1997.
Pues ahora es el turno de Mancuso, que quiere entregar información de este tema. Pero existe un problema.
Según el documento en poder de esta columna, Jaime Alberto Paeres, el abogado encargado de la defensa de Mancuso, estableció que para conseguir las evidencias y la documentación adicional de estas investigaciones hay que otorgarle a Mancuso acceso a un computador, a sus archivos externos o a visitas frecuentes y regulares de sus abogados defensores.
Coincidencialmente, la semana pasada, el abogado del exjefe paramilitar denunció que tuvo que huir de la zona rural de Medellín porque un grupo armado ilegal lo está buscando para matarlo. Otro importante mensaje.
En el documento que radicó ante la Fiscalía, relata que el pasado martes 14 de julio, en el corregimiento de San Cristóbal, un grupo de 35 hombres con armas tipo fusil llegó a una finca contigua a la que el abogado se estaba quedando en medio de la cuarentena. Según el administrador de ese lugar, el grupo ilegal, con la fotografía del litigante en una mano y el fusil en la otra, preguntó por el paradero del abogado.
La denuncia señala que el grupo armado, uniformado con pasamontañas, tapabocas y buzos, golpeó y amarró a las personas que se encontraban en la finca. Relata que el operativo estaba siendo dirigido por otras personas que no se encontraban allí y se comunicaban por medio de radioteléfonos con quienes sí estaban en el lugar de los hechos.
Esperemos que este mensaje que le mandaron al abogado no haga que Mancuso deje de contar, cuando esté en Colombia, toda la verdad que aún sigue atesorando.