Que los empresarios estén pidiendo permiso para que el Gobierno les deje comprar vacunas contra el COVID-19 es una buena idea que naturalmente fue concebida por otros. Tuvieron que empezar a sentir cerca el peligro de verse contagiados para que, por fin, aceptaran lo obvio: que les permitan gastarse sus recursos en su propia salud y que no tenga que hacerlo el Estado.
Los empresarios tienen razón porque lo cierto es que en Colombia, a pesar de lo que dice en su castellano ininteligible el subpresidente Duque, no parece que las vacunas llegarán rápidamente. Lo que se oye hace temer lo peor: farmacéuticas que incumplen sus compromisos en otros países, y aquí las contradictorias voces anunciando que tendríamos vacunas en un mes, dos, etc.
Si el Gobierno hubiese actuado con sensatez, en vez de improvisar y hacer politiquería barata todos los días con lo de la vacunación masiva, habría empezado por autorizar a la industria privada para que comprara vacunas, imponiendo cargas sociales a los particulares en desarrollo del principio de solidaridad previsto en el artículo 1 de la Constitución. Por ejemplo, si un gran conglomerado como el Grupo Aval o Almacenes Éxito pretende adquirir vacunas para sus directivos y empleados, el Gobierno debería imponerles el deber de proveer la inmunización para un número igual de personas de escasos recursos o al menos una tercera parte. De esa manera, quedarían vacunados los suyos y su entorno, pero también contribuirían a aliviar la misma necesidad en un sector importante de la población desposeída.
Si los empresarios esta vez buscan ayudar al Gobierno en la pesada carga de vacunar a toda la población, esas contrataciones de naturaleza privada quedarían a salvo de peticiones ciudadanas para que revelen sus contratos. Como dicen, hay que cogerles la caña. Es más factible que, sin la tramitología y la corruptela oficial, lleguen las vacunas y en cantidades suficientes, como también que el empresariado pueda en esta ocasión tenderle la mano al Estado no para recibir, como les gusta, sino para dar, cosa que poco hacen.
¿Qué necesidad hay de que el único que pueda vacunar contra el COVID-19 sea el Gobierno? Salvo la de salir a cobrar en las elecciones que se avecinan que el régimen y en particular el Centro Democrático fueron los salvadores en esta pandemia, no hay ninguna razón que justifique tan peligrosa restricción. El problema no es solo si llegan o no las vacunas, sino cómo van a permitir su distribución. Fácil resulta imaginar cómo los avivatos de siempre —de los miles que hay en todos los gobiernos y en este en mayor número— aprovecharán el privilegio de estar en la nómina oficial para acceder sin dificultades a la preciada dosis inmunizante, sin filas y sin obstáculos. Y en los departamentos o municipios ya se verá a los poderosos clanes políticos vacunando solo a los de la propia cauda electoral, mientras a los opositores se les deja a la intemperie.
La procuradora Cabello arrancó preocupada por el control de la vacunación, cosa que, por bien intencionada que parezca, legalmente no le corresponde. ¿Tiene la Procuraduría los agentes y delegados suficientes para controlar el proceso y la experticia para ello? Lo dudo. Si para el día de elecciones se ven a gatas para cubrir todas las necesidades del país, en la vacunación pueden estar asomándose a un desastre histórico. Otro tanto debe ocurrir con el contralor Córdoba, cuyo aval público ratificando que vio los contratos no garantiza nada salvo su obsecuencia con el Gobierno.
Harían mejor Contraloría y Procuraduría en pasearse por Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, donde están vacunando sin la lambonería de los entes de control —que deben estar husmeando en los anaqueles oficiales si hay contratos, si llegan las vacunas, a quiénes y cómo los inyectarán—, en vez de involucrarse en esa gigantesca cruzada politiquera que Duque y sus esbirros pretenden ejecutar ellos solitos, poniendo en riesgo a los colombianos. Ojalá Duque cumpliera su estribillo de que llegó la hora de obrar sin polarizar, sin mezquindades y sin politiquería.
Adenda. Consultas del Gobierno al Consejo de Estado no son para resolverle problemas personales a un magistrado de la Corte Constitucional cuestionado judicialmente, ni para definir si puede quedarse en su cargo ocho meses más.
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