Si el huracán Iota arrasó las construcciones de Providencia y Santa Catalina y afectó gravemente también a San Andrés, la prepotente actitud gubernamental frente al desastre puede hacer que se revienten los maltrechos lazos del Estado colombiano con la población del archipiélago.
Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres hay que reparar 877 viviendas y construir 1.150 viviendas nuevas en Providencia y Santa Catalina. Hasta el momento no se ha entregado ninguna y las personas damnificadas no tienen esperanzas de que su problema sea resuelto antes de un año. Entre tanto, deben vivir bajo carpas o a la intemperie. Además, las edificaciones no son contratadas con los raizales, sino con tres firmas que, según se dice, financiaron la campaña del actual presidente. Si lo anterior es cierto, es muy grave. Si no es cierto, también lo es, porque los isleños así lo sienten. En cualquier caso, solo en torno al problema de la vivienda se están violando día a día numerosos derechos fundamentales de la población raizal.
Por si fuera poco, la Armada construyó, una semana después del huracán, un muelle militar en la playa más ancha de la bahía, Old Bay Town, que ha sido utilizada siempre como lugar de recreación y pesca y como atracadero para los pescadores. Ellos tenían allí un muelle que fue destruido por el huracán, y la trayectoria del nuevo muelle militar les impide reconstruirlo. En su lote, vecino al que usa la Armada, la cooperativa de pescadores erigió en protesta un “Campamento por la Dignidad”, especialmente por el proyecto de instalación de una base para guardacostas en ese lugar. Su viabilidad fue negada por consulta popular en 2015. Se teme que ahora, con motivo de la reconstrucción de la isla, dicho proyecto trate de llevarse a cabo, desconociendo así el rechazo de la comunidad.
Los raizales no son protagonistas de las decisiones sobre las actividades que se llevan a cabo con motivo de la atención del desastre. Además de la eventual base para guardacostas, los diseños de las construcciones son definidos por agentes del Gobierno central, como el ministro de Vivienda, la presidenta de Findeter y la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, designada por el presidente de la República como gerente general para la reconstrucción del archipiélago. Así ha sido siempre para ellos, como ocurrió con la atención de la demanda instaurada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, que por cierto los privó de 75.000 km² de aguas territoriales. Por eso, con justa razón, piden consulta previa, invocando el Convenio 169 de la OIT, para la adopción del plan de acción relativo a la restauración de sus condiciones de vida y de su territorio.
Reclamaciones como esta han tenido eco en Naciones Unidas, que en 1970 designó un comisionado para visitar San Andrés, al igual que lo hizo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en 2002 y el relator sobre Discriminación Racial en 2003. De múltiples maneras el pueblo raizal ha pedido al Estado colombiano que cese su política colonialista. El Gobierno está perdiendo una oportunidad magnífica para hacerlo, perjudicando así al pueblo raizal y a la población continental.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).