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Para algunos defensores de la paz santista, la violencia que sufre actualmente Colombia viene de lejos: nada menos que del 2016. Con descaro ignoran los desatinos del mejor acuerdo posible.
En una memorable “Historia del incendio”, Juan Gabriel Vásquez sentencia que el problema comenzó a gestarse “por la indolencia de un partido de gobierno más dedicado a sabotear los acuerdos de paz que a prevenir el surgimiento de nuevas guerras”. Insiste en que “el estallido de ahora es el resultado inevitable de los descontentos y las frustraciones acumulados durante meses”. Según él, la desigualdad y los desmanes de las autoridades armadas se habrían iniciado justo después de la firma del acuerdo con las Farc, por el asesinato impune de cientos de líderes sociales. La muerte de Dilan Cruz habría generado un nuevo Bogotazo. Para matizar su exabrupto, Vásquez reconoce de pasada la existencia de una “conspiración de violencias que salen de lo más profundo de nuestras fallas como sociedad”.
Algunos periodistas extranjeros que no son hinchas del flamante nobel tienen una visión menos miope de las protestas recientes. De manera recurrente mencionan como foco importante del levantamiento popular en Cali el distrito de Aguablanca y en particular el barrio Siloé —considerado territorio inexpugnable—, fundados hace décadas por campesinos migrantes, donde “la criminalidad es alta, también su estigma”. Un vecino de 52 años les pidió a los muchachos no exponerse a los disparos de la policía. Aun así, en estos días, ya han muerto cuatro. Cuando dos cayeron abatidos, “los manifestantes asaltaron una comisaría y liberaron a 40 detenidos. Incendiaron otro puesto de vigilancia policial. Los antidisturbios tuvieron que replegarse”.
Una reportera que sí habló con la gente de Cali destaca “la violencia entramada, que durante décadas se fue gestando por la ausencia de inversión social y las enormes brechas de desigualdad de la ciudad”. Describe una violencia juvenil urbana que podría haber ocurrido en varios lugares colombianos desde los 80. Protestan, entre muchos otros, jóvenes citadinos indignados, sin futuro, que han sido analizados, estudiados, entrevistados y etnografiados hasta la saciedad. La principal solicitud en Puerto Resistencia, Cali, es una universidad pública en el distrito de Aguablanca. Nada que ver con el problema de la tierra que concentró artificial y obsesivamente la atención en la mesa de La Habana. Son los mismos jóvenes de barrios de invasión, excluidos y estigmatizados, que ignoró olímpicamente la paz santista.
Se necesita algo de mala fe para para hacer caso omiso de los abusos policiales cometidos bajo el presidente promotor de la nueva Constitución y alcahueta con los Pepes, vergonzosa y criminal alianza entre la Fuerza Pública, las agencias antidroga gringas y el Cartel de Cali. Los actuales excesos antidisturbios palidecen al lado de los escuadrones de la muerte que con sevicia asesinaron familias enteras a mansalva y marcaron para siempre el resentimiento de los barrios populares colombianos con la policía.
Conocí de cerca, durante las negociaciones con las Farc, el odio visceral que le tienen los pandilleros colombianos a la autoridad y, de rebote, el desespero que sentían porque desde Cuba los iluminados los excluían de un proceso centrado en desarrollar el campo. “Nos hubiera ido mejor si en lugar de atracar hubiéramos secuestrado con brazalete, profe”, me decía con sorna su líder. Su mayor queja era la amnistía e indulto a los comandantes guerrilleros mientras ellos continuaban penalmente encartados y no podían encontrar trabajo. Haciéndole eco, un tecnólogo en administración de empresas caleño que no ha logrado su primer empleo anota hoy: “Nadie me quiere volver a dar una oportunidad. Yo ya pagué mi deuda con la justicia, pero ahora estoy pagando una condena social”.
Que la violencia larvada y el resentimiento vienen de lejos nadie lo duda. Lo lamentable es que ahora están aupados por un resurgimiento taimado de la teología de la liberación que impulsó la lucha guerrillera en América Latina. Una patética élite intelectual, la misma que desconoció el resultado del plebiscito pues impedía alcanzar la tan anhelada paz estable y duradera, se las arregla para sacar de nuevo a la palestra el viejo principio premoderno e ilegal de que algunos fines nobles justifican ataques y agresiones.
Sobre memorias amañadas como la de Vásquez, Peter Brown, reconocido historiador que no suele mezclar sus investigaciones con ficción, un tic estándar en Colombia, advierte que “peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento… el problema son los recuerdos a medias… Hemos disminuido nuestra capacidad de interponernos y criticar las falsas memorias históricas”, como la manufacturada por el círculo de Santos. Las secuelas no son despreciables, concluye Brown, así pasó “en los países fascistas, en los nazis, en los comunistas, hoy en día también en los países islámicos”. Deformar con novelas, cuentos y fábulas la historia es aún más pernicioso que olvidarla.