La ministra de Educación anunció el fin de Ser Pilo Paga (SPP), una beca que permite a los 10.000 mejores bachilleres de bajos recursos estudiar en universidades nacionales de alta calidad.
Los críticos resaltan que SPP destina muchos recursos a sólo el 2 % de los egresados anuales de educación media. Sus defensores argumentan que eso corresponde a la tercera parte de los estudiantes que ingresan a instituciones de educación superior de calidad y agregan que, antes de SPP, un estudiante sobresaliente de estrato 1 tenía una probabilidad de sólo 16 % de acceder a esas instituciones. La cifra saltó a 50 % con SPP.
A los críticos tampoco les gusta que SPP incluya a la universidad privada. Suelen citar que un semestre en la más cara cuesta hasta $26 millones, mientras en algunas públicas apenas supera el millón. Cabe recordar que las privadas no viven de esas becas: sin SPP recibirían a otros 10.000 estudiantes cuyos padres sí pueden pagar las matrículas. Además, el gasto por matrícula de SPP fue de $6 millones por estudiante en universidades públicas y $7 millones en las privadas. Podría argumentarse que, por pequeña que sea la diferencia, no tiene sentido pagarle al sector privado algo que el público puede hacer igual de bien y más barato. Sin embargo, de un lado, las universidades públicas de alta calidad no tienen capacidad para absorber 10.000 estudiantes adicionales al año, y, por otro lado, que los pilos escogieran mayoritariamente universidades privadas envía una señal sobre la calidad percibida. Algunas métricas les dan la razón: los egresados de universidades privadas de alta calidad reciben salarios superiores a sus pares de universidades públicas.
Los logros de SPP no se alcanzarán con políticas enfocadas sólo en subsidios a la oferta, es decir, financiación de universidades públicas, pero al mismo tiempo se requieren más recursos para éstas. ¿Cómo balancear los objetivos?
Como lo ha reclamado la rectora de la Universidad Nacional, la financiación estatal de la universidad pública debe depender de criterios de calidad y no sólo de cobertura. Además, la universidad pública necesita una estrategia de financiamiento propia, que reduzca la dependencia de las transferencias estatales (debe buscar más becas de investigación y donaciones, usando, por ejemplo, su enorme base de egresados, como lo hacen las mejores universidades del mundo). Una parte de las transferencias estatales podría premiar a las instituciones que hayan hecho mejor trabajo en la consecución de recursos propios. Finalmente, que el 80 % de los pilos no haya escogido instituciones públicas debería generar una profunda reflexión sobre los programas que ofrecen, la (im)pertinencia de sus exámenes de admisión y sus estrategias para atraer a los mejores profesores.
El límite de cupos de SPP, que ahora está en 10.000, se puede ajustar. También puede exigírseles a las universidades un descuento en la matrícula para SPP y pactar con los estudiantes beneficiarios la devolución de una porción de su beca una vez graduados, en un esquema que funciona con éxito en programas como Colfuturo.
Una estrategia integral debe promocionar tanto a universidades pilas como a estudiantes pilos.
@mahofste